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Congreso: denuncian a cinco candidatos a la Defensoría del Pueblo por falta de idoneidad

Cinco ciudadanos presentaron tachas contra Delia Muñoz por el caso Inti y Bryan, Miguel Soria por sus papeletas y falta de idoneidad, Jorge Luis Rioja por deber S/ 10,553 a la SUNAT, Gastón Soto por su presunta relación con César Álvarez y Josué Gutiérrez por su cercanía con Vladimir Cerrón.

Los candidatos del Congreso a la Defensoría del Pueblo fueron denunciados por cinco ciudadanos ante la Comisión Especial a cargo de este proceso de elección. Los tachas fueron interpuestas contra los postulantes Delia Muñoz, José Gutiérrez, Gastón Soto, Miguel Soria y Jorge Rioja. Las imputaciones, en general, sostienen que, conforme a ley, ellos no gozan de “conocida reputación de integridad e independencia”.

La denuncia contra Delia Muñoz

El ciudadano Junior Carrasco interpuso una denuncia contra la exministra de Justicia Delia Muñoz, quien fue propuesta por Fuerza Popular como candidata, por su papel en las protestas de noviembre del 2020, cuando la población exigía la renuncia de Manuel Merino y, producto de la represión, murieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.

“Ella como ministra de Justicia y Derechos Humanos no se pronunció en su momento como responsable directa de defender los derechos humanos del Poder Ejecutivo, tardó en renunciar ya que ello hubiera acabado con las barbaridades del régimen de Manuel Merino, y además no puede decir que no sabía las implicancias del delito de lesa humanidad, ya que ha sido Jefe de Gabinete de asesores del exdefensor Walter Gutiérrez”, alega el documento de Carrasco.

Asimismo, también la cuestiona por su intento de destituir al procurador general del Estado, Daniel Soria. Según IDL – Reporteros, luego de la juramentación de Merino como presidente, Muñoz le pidió a Soria que renuncie debido a que su cargo iba a ser ocupado por la abogada Katherine Ampuero.

La exministra le comunicó, según la versión de Soria, que la posición del gobierno de Merino era en contra de la demanda competencial interpuesta por la anterior gestión ante el primer intento del Congreso por vacar al expresidente Martín Vizcarra. Soria se negó a renunciar. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado sacó un comunicado alertando la situación.

Pero Delia Muñoz luego declaró en Canal N que Soria estaba “alterado” y negó haberle pedido su dimisión. “Fue una conversación de carácter privado entre dos funcionarios públicos que estaban discutiendo sobre una determinada posición”, dijo la entonces ministra.

La denuncia contra Miguel Soria

La ciudadana Vianca Torres Paucar sostiene que el candidato Miguel Soria no goza de reputación e integridad debido a sus expresiones en redes sociales y porque fue viceministro de Justicia en el gobierno de Martín Vizcarra.

“Además, muestra un récord de papeletas por excesiva velocidad, manera contra el tránsito, tal como ha informado el SAT. El candidato tiene un récord de 21 papeletas, demostrando con esto su calidad y reputación, por ende, su integridad como ciudadano y profesional”, señala la denunciante.

Según la documentación que adjuntó, las papeletas de Soria son, en total, S/ 6.263,04.

Las papeletas del candidato Miguel Soria

Las papeletas del candidato Miguel Soria

La denuncia contra el candidato Jorge Rioja

El ciudadano Danny Catacora el candidato Jorge Rioja “demuestra que es un mal ciudadano, ya que no paga sus deudas coactivas en la SUNAT, y eso es imperdonable ya que como trabajador del Congreso, y catedrático en muchas universidades tiene buenos ingresos”. De acuerdo a la documentación de Catacora, Rioja debe S/ 10.553.

Denuncia contra Josué Gutiérrez

Según el ciudadano Alfonso Gómez, Gutiérrez, el abogado Josué Gutiérrez no cuenta con los requisitos idóneos, éticos y morales, al estar inmerso en escandalosos sucesos, y tener denuncias graves. “Ni bien fue electo congresista en 2011, cometió la necedad de viajar a Rusia con el cuestionado hermano del presidente, Alexis Humala, usurpando con ello representación diplomática (…). Eso le causó al señor que su bancada lo obligara a renunciar a la Comisión de Fiscalización. Fue además denunciado por usurpación de funciones, se pudo salvar gracias a sus alianzas en el Congreso y por su inmunidad parlamentaria”, sostiene Gómez.

Asimismo, Gómez recuerda que Gutiérrez “fue sentenciado a pagar S/ 180 mil por una denuncia calumniosa” y rememora que siendo abogado de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, fue contratado como asesor congresal de este partido. “Esto no sería nada ético, porque presuntamente habría cobrado sus honorarios profesionales de defensa al señor Cerrón con plata del Congreso”, agrega.

También le increpa haber formado parte de la comisión de transferencia en el Ministerio de Comercio y Turismo cuando ganó Pedro Castillo en las elecciones del 2021, su presunto blindaje a Luis Picón, actual congresista de Alianza Para el Progreso, a quien acusan de presunta corrupción por su paso como gobernador regional de Huánuco, no haber reportado sus gastos e ingresos en su campaña al Congreso del 2021 y por defender que el gobierno de Ollanta Humala prescinda de la exprocuradora Julia Príncipe.

Denuncia contra Gastón Soto

El ciudadano Junior Anastacio señala que Gastón Soto, por las denuncias periodísticas que ha tenido, no es apto para el cargo por sus presuntos vínculos con el exgobernador de Áncash, César Álvarez, quien hoy está preso por el caso Lava Jato.

En 2012, Soto fue presidente del hoy inexistente Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Con el voto de Soto esta institución desaprobó destituir a la fiscal Dante Farro Murillo. El 4 de julio del 2015, Farro recibió 12 meses de prisión preventiva por su presunto favorecimiento y encubrimiento a Álvarez. Meses después el CNM, cuando Soto ya no lideraba su pleno, el extitular de la Junta de Fiscales de El Santa fue removido.

Ahora estos casos está en manos de los parlamentarios que integran la Comisión Especial a cargo del proceso de elección del Defensor del Pueblo, que preside el congresista Idelso García. Depende de ellos dejarlos fuera de carrera o avalarlos, pese a las denuncias ciudadanas presentadas. A partir del 21 de marzo los postulantes podrán responder ante tales acusaciones.

Fuente: La República

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