La exclusión del campesinado y las poblaciones indígenas en los espacios de representación nacional ha sido parte constitutiva de la democracia peruana. No obstante, pese al vacío que ocupa la comunidad campesina como instancia de representación en nuestro sistema político, cada cierto tiempo, y sobre todo en momentos críticos, vuelve sorprendentemente a escena para mostrar al mundo cómo es el Perú.
La lucha por la tierra, el conflicto armado interno, los conflictos socioambientales, las gestas municipales, todos tienen como actor central a la institucional comunal. Contra lo que sostienen algunas voces autorizadas, el campesinado y los pueblos indígenas no son actores políticos nuevos, sino actores clave en las transformaciones sociales.
La actual crisis política y la masiva movilización de ciudadanos y ciudadanas de la zona sur andina, ha vuelto a dejar en evidencia la fragmentación del país, su centralismo, racismo y elitismo personificado todo ello en un ejecutivo y un congreso coludidos por el poder. El análisis político no alcanza para entender lo que está pasando. Es desde la Historia que se está explicando mejor cómo y por qué se ha logrado sostener una movilización de base comunitaria e indígena por tanto tiempo. Y ahí es donde las campesinas y campesinos aparecen como sujetos políticos relevantes, tal como afirmaba la historiadora Cecilia Méndez hace unos días, señalando la ceguera de las élites políticas limeñas para reconocerlos como tales.
El sistema de representación política municipal se basa en la fuerza de las comunidades y el impulso para que sus territorios tengan, entre otros, servicios de educación y salud. En las zonas rurales andinas la construcción de los distritos tiene su origen principalmente en los desmembramientos de la institución comunal. Es decir, la generación de cambios para mejorar su calidad de vida ha sido impulsada por las propias comunidades como parte de su autogobierno. En ese camino, los dirigentes, autoridades como los tenientes gobernadores, el agente municipal y el juez de paz, han sido, históricamente, quienes han acudido a gestionar sus demandas a la capital. Esa agencia política ha empujado el desarrollo de los distritos rurales desde hace décadas. No reconocer a estos actores como autoridades que representan a sus territorios en el conjunto de la sociedad, es negar la historia y relegarlos a un plano inferior.
A pesar de la falta de seguridad jurídica que aún tienen muchas comunidades andinas, éstas han tenido un avance importante a nivel legal. Internamente, han mantenido su organización social y política. Sin embargo, ¿cuánto reconocimiento tienen a nivel nacional? Ninguno. ¿Se les ha dado el lugar que deberían dentro de la macropolítica? ¿Se respeta a sus autoridades? No, en lo absoluto. Para las élites limeñas la población rural no es parte de la ciudadanía de este país sino potenciales terroristas o parte del paisaje pintoresco que levantan solo a conveniencia y de forma instrumental.
El Perú es más Puno, es más Ayacucho y es más Huancavelica que Lima. Somos un país de origen indígena cuyos pueblos llevan siglos siendo despreciados. Y esta democracia, que ya no es democracia, seguirá siendo frágil mientras la vida de los jóvenes rurales no valga lo mismo que la de aquellos que en la capital solo quieren mantener sus privilegios y su poder históricos.
