En las regiones del Perú, donde 61 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas del orden existen dos fiscalías que vienen investigando los casos. Han pasado más de tres meses y no han citado a los testigos, ni a los familiares de las víctimas. La indignación y el reclamo por justicia crecen ante la indiferencia de las autoridades.
Tampoco hay detenciones entre los efectivos policiales, pero sí de ciudadanos y dirigentes sociales que alzaron su voz en contra del Gobierno o del Congreso o pedían adelanto de elecciones o Asamblea Constituyente. No se vislumbra una justicia equitativa ni para los fallecidos, ni para los deudos, respecto a los efectivos policiales y militares que cometieron esos asesinatos.
Más bien, existe preocupación en la población porque se estaría tratando de vincular a las víctimas con Sendero Luminoso o a los ciudadanos autoconvocados o gremiales por ejercer un derecho consagrado en la Constitución, la protesta.
La Red de Medios Regionales del Perú conversó con los familiares de las víctimas de Apurímac y Puno, así como con la congresista por Cusco, Ruth Luque Ibarra y con una abogada de Ayacucho, todos clamando justicia desde sus propios sufrimientos y roles.
Yuri Martínez Ochoa: “La aplicación de las leyes no está siendo igualitaria”
La fiscal de la Nación ha dividido en dos la que antes era la Fiscalía de Derechos Humanos y Terrorismo. La Fiscalía de Derechos Humanos en Ayacucho ya ha realizado diligencias de inspección de los lugares de los asesinatos, las balísticas, visualización de videos y recopilación de pruebas con declaraciones testimoniales para conocer el modo y la circunstancia en la que ocurrieron estos asesinatos, informó la abogada Yuri Martínez Ochoa.
“En esta fiscalía de Derechos Humanos que es por las muertes, se tiene las declaraciones de los familiares de los 10 asesinados y de los heridos que son más de 68, afirmando entre otras cosas que, no pertenecen a Sendero Luminoso. Son gente que ha salido, algunos por una nueva Constitución, otros porque renuncie Dina Boluarte y se han autoconvocado, como muchos ciudadanos a nivel nacional, porque las protestas pacíficas son un derecho”, dice la letrada.
En tanto, la Fiscalía contra el terrorismo ha iniciado su propia investigación, con la tesis de que detrás de las movilizaciones estaría Sendero Luminoso. La abogada señala que algunos de los que han muerto salieron de sus trabajos y estaban retornando a sus hogares cuando fueron asesinados. Está el caso del adolescente de 15 años que salía de su trabajo en el cementerio y volvía a casa, y lo mataron. Igual el caso de Jhon Ávila Yucra, quien murió a dos cuadras de su domicilio.
“Ninguna tesis que quieran poner (para justificar estas muertes) , ni la fiscalía, ni el Ejecutivo, ningún otro poder del Estado tiene valor porque desde la Constitución y el Derecho Internacional, nadie tiene el derecho a quitar la vida”, dijo.
Preocupa la cacería de brujas a dirigentes sociales
“Desconozco los avances de la investigación en la Fiscalía de Terrorismo. Pero ningún testigo o familiares de las víctimas o heridos han sido citados aún. Preocupa que en esta cacería de brujas a dirigentes sociales, a gente que se atreve a levantar su voz para pedir reformas, sean perseguidos, incluso por representantes del Legislativo, que han pedido exterminarnos”, sostiene Martínez.
Es el caso del profesor Alejandro Manay Pillaca, dirigente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, detenido el pasado 12 de enero. Las pruebas que han señalado para decir que es de Sendero son: que estuvo en una movilización para pedir educación pública gratuita; o que estuvo en movilizaciones pidiendo nueva Constitución o ha participado en eventos académicos exponiendo sobre lo que significó la lucha armada interna. Esas situaciones, según el Ministerio Público y la Dircote, hacen que pertenezca a Sendero Luminoso e incluso se han atrevido a decir, que son estos dirigentes, los causantes de los muertos en Ayacucho, explica la abogada.
“Eso dijeron en la audiencia de prisión preventiva que los dirigentes, son los responsables de los asesinatos en Ayacucho. Como abogados, como sociedad, podemos decir que la aplicación de las leyes no está siendo igualitaria. Y mientras a unos se les da con palos a otros se les da beneficios. Las fiscalías, juzgados y Tribunal Constitucional sacan jurisprudencias a la medida de cada circunstancia y de eso tenemos mucho. Las prisiones preventivas, por ejemplo, que son excepcionales no son la regla, se están dando a diestra y siniestra como si fueran reglas generales”, denunció.
Cualquiera puede ser víctima de las injusticias
En la audiencia de prisión preventiva dijeron que han tenido inteligencia de la Dircote. Sin embargo, dijeron del profesor Manay que no tiene trabajo conocido, cuando es profesor nombrado. O que no tenía casa y su vivienda es propia y tampoco familia, cuando tiene su esposa. ¿De qué tipo de seguimiento están hablando? La Policía y Dircote tienen que ser más objetivos y dar a la ciudadanía elementos reales y convincentes. Si así se aplican las normas, cualquiera puede ser víctima de las injusticias, explica.
La prisión preventiva tiene unos supuestos procesales para aplicarse. Debe existir una pena probable mayor a 4 años. Cuando existe un peligro de fuga, obstaculización de la justicia, y que no tenga arraigo laboral, domiciliario o familiar. Y la ley señala que estos requisitos tienen que ser concurrentes, es decir, si uno no se da, no se puede dar prisión preventiva, no se puede dar si uno falla. Esto no es una sentencia, detalló.
“La regla general es, primero te investigo y luego te encarcelo. Pero ahora se ha perdido la presunción de inocencia y cualquier ciudadano puede ser detenido; y después de la prisión preventiva, si cometieron un error, ni siquiera piden disculpas… Se consideró incluso que el hecho de no tener hijos, es una situación de no arraigo. Algo absurdo y se callan los académicos. Todos los sectores debemos pronunciarnos y no dejemos pasar otra más de las injusticias que pasan en nuestro país”, afirmó.
Ruth Luque Ibarra: “En estos homicidios hay responsables directos y responsables políticos, como Dina Boluarte y Alberto Otárola”
La congresista de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Ruth Luque Ibarra, sobre el caso de Rosalino Flores Valverde, dijo que “es imposible no indignarnos por la muerte de este joven de solo 22 años de edad, al que se le truncó su vida”. Le dispararon por la espalda el 11 de enero y él permaneció 59 días hospitalizado en Lima, con más de 30 perdigones que le significaron un daño a varios órganos principales.
Debido a que tuvieron que cortarle un poco más de un metro del intestino, solo consumía alimentos por una sonda y, de vivir, hubiera tenido una serie de efectos. Así, la muerte de Rosalino permite ver el problema de los heridos.
Luque refirió que está haciendo seguimiento a los heridos. “Víctor Rojas Alarcón ha quedado parapléjico, otro herido de Andahuaylas necesita que se le habilite una cama de rehabilitación. Rolando Marcas de Huancavelica tiene la mitad del cuerpo paralizado y está hospitalizado casi un mes. Es la familia la que asume estos gastos y la solidaridad que se desarrolla y una grave situación de violación de derechos humanos, afirmó.
“El caso de Rosalino ya está en investigación. Hemos pedido que pase a la Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos porque está en la Fiscalía de Huanchaq; y nosotros vamos a seguir acompañando hasta que caiga la responsable principal que es Dina Boluarte.”
Va a ser un proceso largo hasta alcanzar justicia
Luque dijo al respecto que hay varias responsabilidades. En materia penal, el responsable directo es el policía que haciendo abuso dispara de manera directa, pese a que Rosalino no lo estaba atacando. Segunda responsabilidad mediata de los altos mandos de la Policía que dispusieron esta acción represiva y hay otros responsables: las autoridades políticas como Alberto Otárola y Dina Boluarte porque son ellos los que tomaron la decisión política de reprimir.
“Creo que va a ser un proceso largo como es en estos casos de violación de derechos humanos que como en la lucha interna ha costado alcanzar sentencias emblemáticas que incluso tuvimos que llevarlo a la Corte Interamericano. No es una investigación que va a durar poco tiempo. Son procesos de constancia de lucha y exigencia de justicia. Estoy absolutamente consciente. Pero sobre este tema en particular, ya hay múltiples investigaciones desde fuera y recomendaciones que me hacen prever que el Estado va a asumir las consecuencias civiles y penales de lo que esto ha significado”, señaló.
Además dijo que el Estado tiene la condición de tercero civilmente responsable, pues hay una responsabilidad directa de los altos mandos de la Policía, donde las pruebas son evidentes. Y sobre el tema del delito, que inicialmente se abrió por lesiones leves, dice lo rechazó y solicitó a la Fiscalía que ampliara el marco del tipo penal e incluso analizar el tema de las ejecuciones extrajudiciales y derechos humanos, porque la persona es disparada cuando no estaba haciendo nada.
La justicia no llega de manera inmediata porque no funciona en nuestro país
“La causa de la muerte está establecida, es un daño multiorgánico que es una causa final y una causa intermedia y lo que ha provocado esto ha sido el impacto de perdigones. La persona tuvo una grave pérdida de sangre, tres operaciones quirúrgicas, se le cortó el intestino. Hay testigos, personas que han visto porque estaban ahí. Hay muchos elementos probatorios, pero la justicia no llega de manera inmediata, porque la justicia no funciona en nuestro país, pero las investigaciones de los organismos supranacionales van a estar abiertas”, dijo.
Añadió que el Congreso es una institución absolutamente desprestigiada y no cree que eso cambie. “Menos, después de las barbaridades como la negativa a aprobar un adelanto de elecciones que permitía a la población elegir nuevos actores políticos”.
“Espero que los congresistas entiendan que, en un contexto de esta naturaleza, con 67 muertos, más de 1,400 heridos graves, no puede haber una institución que permanezca ajena a no fiscalizar y sancionar políticamente. Por esta razón, de manera individual, he presentado dos denuncias penales, de habeas corpus, constitucionales. Estoy siguiendo el proceso de 17 casos de fallecidos y heridos. Y a seguir denunciando y contar la historia de cada caso. He renunciado hace dos meses al pago de mis semanas de representación”.
Escuche la entrevista con la congresista Ruth Luque aquí.
Marcelino Huaraca, “mi hermano regresaba de una protesta pacífica y lo mataron”
Denilson era el último de ocho hermanos. Tenía 22 años. De acuerdo a los testigos del sector, después de realizar una manifestación pacífica cerca a Puquio, frontera con la región Ayacucho, regresaban en dos camiones. En el que viajaba Denilson había 40 personas. Ellos fueron interceptados, prácticamente emboscados por la Policía Nacional.
Los policías llegaron en dos camionetas particulares sin placas. Los han cercado y, sin prevenirlos, han disparado. Ellos venían tapados con un toldo por la lluvia, así que no pudieron ver que se acercaban, sino quizás hubieran parado y tenido tiempo para escaparse. Fueron atacados con armas de fuego de largo alcance de la Policía y uno de los proyectiles impactó a Denilson a la altura de la caja toráxica, entró del lado izquierdo y salió por el derecho.
“Cuando recibían varios disparos y seguían disparando, uno de ellos sale de rodillas a pedir que cese la balacera y entonces dejan de disparar y detienen a los 39 manifestantes. Denilson que estaba cerca a la puerta, muere en los brazos de uno de los compañeros”, cuenta su hermano Marcelino Huaraca Vílchez.
“Entre ellos hay varios heridos, como Víctor Rojas Alarcón que está en Cusco. Cuando los detienen, los amarran con sus mismos pasadores y los ponen boca abajo. Uno de ellos logra escapar del lugar y nos da la mala noticia de que mi hermano estaba sin vida en el camión. De allí llevan a los detenidos junto con el cadáver de Denilson por dos o tres horas hasta Abancay”, continúa.
Estamos indignados de que hasta ahora no hay justicia
“Al momento de enterarme no lo creía. Me encontraba en Andahuaylas. Luego lo confirmó la autoridad. Uno de sus compañeros nos dijo que lo último que dijo Denilson fue, ´creo que ya fui´. Al comienzo lo tenían como NN, el prefecto regional tampoco sabía quién era. Ha sido muy triste y doloroso ir al distrito de José María Arguedas a una hora de la capital de Andahuaylas y reunirme con mis hermanos y salir esa misma noche hacia el lugar de los hechos a unas 8 o 9 horas y ver el cuerpo y creer que era verdaderamente él”, narra a punto del llanto.
“Tuvimos que esperar para poder llegar por la intensa lluvia. Nos entregaron el cadáver después de la necropsia de ley. Iván Soto el representante del Ministerio Público es el que lleva el caso. Estamos indignados, la familia, la población de que hasta ahora no hay justicia en nuestro Perú no anda para todo el pueblo más para quiénes es la justicia mis padres de tercera edad y él estaba al cuidado de los padres, era soltero y él los cuidaba y protegía y él fue en representación de los padres que son comuneros calificados, fue él y encontró la muerte de manera trágica y denigrante”, sostiene.
Evidencias del ataque
Marcelino Huaraca refiere que se han encontrado 18 impactos de bala en el camión. Se espera que la fiscalía de Derechos Humanos dé el resultado balístico de la homologación para saber quién ha disparado. Para ello, ya deben tener las armas incautadas y saber por el resultado de qué armamento salió ese proyectil. En tanto, la población y la familia esperan el avance de la investigación.
“Lo que ha ocurrido ha sido en el pueblo de Dina Boluarte, sus propios familiares son testigos de este abuso. Los parlamentarios que tenemos en la región Apurímac no nos valen de nada, al parecer, están de acuerdo con lo que ha ocurrido. No se han comunicado con la familia, no se han pronunciado ni mencionado nada sobre el caso. No contamos con apoyo de ellos, de nadie”. El caso lo lleva un abogado que voluntariamente lo ha tomado y a través de fiscalía de Derechos Humanos sabemos que el de Denilson es un caso aparte. Mientras unos han fallecido en un enfrentamiento en Andahuaylas y otros en el aeropuerto, él murió dentro de un camión.
Hasta ahora el ministerio público de Chalhuanca no ha citado, no ha notificado a los familiares y tampoco a los testigos y a quienes han sido detenidos para tomarles la declaración. Aducen que no los pueden hallar. Sin embargo, a través de la fiscalía de Derechos Humanos, lo han hecho en dos días.
Huaraca dice también que la fiscalía de terrorismo, favoreciendo al acta policial, aduce que ellos han respondido a un enfrentamiento que “al parecer” en el camión tenían armas de fuego, dinamita, piedras y huaracas. Sin embargo, no han presentado las evidencias del caso, ni fotografías o filmación. Pero del camión baleado, ellos mismos han recogido los casquillos de las balas y las han guardado, según refieren los testigos y detenidos. No tienen nada que probar con lo que ellos han levantado el acta policial.
Han muerto inocentes
“Aquí no solo está la muerte de mi hermano, han muerto inocentes. La Policía ha usado armamento de largo alcance, armamento de guerra. Si bien es cierto la policía y fuerza armada pueden disparar de manera disuasiva o cuando su vida esté en peligro, ellos de frente han disparado a la llanta del carro y luego, comenzaron a disparar a la carrocería del carro. Y ahora buscan una impunidad para los responsables. Pedimos justicia y apelamos al corazón de las autoridades, pero como somos pobres, campesinos, no hay ley”, finaliza.
Escuche la entrevista con Marcelino Huaraca aquí.
Raúl Samillán hermano de Marco Antonio Samillán
Raúl Samillán, hermano del médico Marco Antonio Samillán, asesinado mientras socorría a un manifestante, dice con desánimo. “Ya vamos por los tres meses después de este fatídico día”.
“Nosotros no vamos a tener esa paz, esa tranquilidad hasta que encontremos esa justicia, saber por qué asesinaron de manera tan cruel a mi hermano. Ese dolor que han causado en muchas familias, el derramamiento de tanta sangre. Tres meses después de esta fatídico día y la población en la ciudad de Juliaca se sigue movilizando, esperando lograr justicia”, dice.
“Hay más de 300 heridos solo en Juliaca, muchos postrados en cama. El gobierno solo ha dado dinero para cuatro personas. Cuando los heridos son jefes de familia que proveían los alimentos y necesidades básicas a sus familias. Quién se hace cargo. En el hospital les han dado de alta y algunos siguen con la bala en el cuerpo. No hay apoyo económico o ayuda para solventar a sus familias que son de bajos recursos económicos. Son familias humildes donde viven y trabajan de la agricultura o son obreros. ¿Quién los mantiene?, no hay justicia”, añade.
En cuanto al avance de las investigaciones en lo que es la fiscalía de Derechos Humanos se ha trasladado la de La Libertad a Puno y se ha dado inicio a recabar los testimonios de los familiares dolientes. Se han encontrado a 107 heridos del día en que murió Samillán, pero no de otras fechas y en su mayoría todos son de bala y están heridos de gravedad.
Que escuchen los demás peruanos lo que estamos sintiendo
Raúl dijo que según la necropsia, su hermano Marco Antonio Samillán ha fallecido a causa de un impacto de bala, como en la mayoría de los 21 fallecidos del 18 de enero.
Cuando se le consulta si al contar con esta necropsia, hay una causa verídica de la muerte y, por tanto, debería ir más rápido el proceso, Raúl Samillán refiere que no hay ningún detenido. “Los que han matado a nuestros familiares, todos están libres, ni siquiera en prisión preventiva y los generales han sido removidos a otros lugares y no habrá el proceso para que los investiguen por el daño que nos han causado. Están libres, los han premiado incluso cuando llegaron a Lima. Cómo vas a premiar a alguien que ha asesinado, que ha matado. Al gobierno no les importa, las vidas de nuestros familiares no tienen valor y eso nos indigna”, refiere.
Como familia esperamos que esa justicia llegue y es por ello que fuimos a declarar a medios internacionales ya que los medios nacionales no cuentan la verdad de lo que sucedió en Juliaca. No hay credibilidad, para que se conozca lo que hemos vivido en la ciudad e Juliaca.
“Lo que se ha vivido en el Perú durante esos días es una muestra de que en el Perú no se respetan los derechos fundamentales de la persona. Se han anulado en su totalidad todos los derechos. Los medios llegaron pero solo fue sensacionalismo. Solo esperamos que las instituciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional den sus informes como la Misión Internacional de Argentina que recogieron lo que se ha vivido y han dado esa verdad y la información que recogieron de lo que se ha vivido en la ciudad de Juliaca”, finaliza.
“Que escuchen los demás peruanos lo que estamos sintiendo”.
Fuente: El Búho
