Entre octubre y diciembre de 2018, Juan Alvarado Cornelio, entonces candidato de Acción Popular, fue depositario de las esperanzas de desarrollo de la mayoría de los pueblos huanuqueños. En ese momento no tenía ninguna investigación por actos de corrupción. Por el contrario, se mostraba como un profesor en escuelas periurbanas y rurales, que había participado en política vecinal como regidor en Dos de Mayo y en Chinchao y con experiencia en gestión en los últimos meses del Consejo Transitorio de Administración Regional. Y que se había hecho un empresario de la construcción que compartía sus excedentes con integrantes de las comunidades donde había ejercido la docencia en sus primeros años.
Se sabía de la participación de sus hijos en la actividad empresarial y por ello, se le advirtió que no mezcle sus negocios con la política, algo a lo que se comprometió en público para ganar la elección a su contendor en la segunda vuelta, Luis Picón Quedo, que en ese momento ya tenía 19 investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos en su paso por la entonces presidencia regional de Huánuco y otros en su dirigencia del club León de Huánuco[1].
Sin embargo, ni bien puso un pie en el gobierno regional, Juan Alvarado complementó a su partido político con su familia cercana y permitió que su hija influya la gestión regional. Y al contrario de lo que dijo y firmó en campaña, convirtió el gobierno regional, con el concurso de su hija, en una oportunidad para mejorar la posición de las empresas vinculadas a sus familiares en relación con contrataciones de obras públicas municipales. A consecuencia de ello, el ex gobernador tiene 11 investigaciones por colusión, una por peculado y 4 por negociación incompatible.
Más allá del camino procesal penal, que tiene muchos hitos por recorrer, con más fiscales y despachos especializados que en las décadas pasadas, la triste imagen de Juan Alvarado Cornelio detenido en Nuevo Chimbote, tras más de 4 años de haber sido votado con esperanza por muchos, nos recuerda que el poder es efímero y que pensar que la política es para enriquecerse o a la familia o a amigos, es el camino a la delincuencia.
Asimismo, podemos sacar aprendizajes sobre qué cambiar de las normas e instituciones de contrataciones públicas. Quizá sea mejor concentrarlas en una única entidad, con capacidad de desplegar personal en todo el territorio, que aproveche los sistemas informáticos que se han ido desarrollando en el Estado, así como la experiencia de personal técnico y político, para definir estándares según tipo de contratación, así como pautas de adecuación según geografía, factores sociales y culturales de los beneficiarios de las obras o servicios que se contraten. Las contrataciones resultantes tendrían que estar alineadas a la planificación estratégica concertada y participativa del Estado en cada nivel de gobierno, con mecanismos de control ciudadano ágiles y sencillos de activar. Los principios respectivos habrán de integrarse en una nueva Constitución.
Paralelamente, ante la normalización de que proveedores coimeen a servidores públicos para obtener facilidades en las contrataciones o para agilizar trámites, las detenciones que estamos espectando pueden ser oportunidades de aprendizaje sobre cómo reemplazar la política de los negocios por una mejor política, para el servicio y el desarrollo de los pueblos. Si conversamos de ello en nuestras casas y fomentemos que se hable de ello en colegios y trabajos, contribuimos a mejorar nuestra región y país.
[1] Exaltos funcionarios del gobierno regional se disputan el poder en Huánuco | Ojo Público (ojo-publico.com)
