La oenegé pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) entregó este lunes su informe anual de derechos humanos 2022, denunciando en el capítulo de Perú que, durante las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte, en el pasado diciembre, las autoridades del país andino “socavaron la libertad de expresión y de reunión”, y las reprimieron ilícitamente con “violaciones de derechos humanos”.

Al respecto, el organismo asegura que, hasta el fin del año pasado, por lo menos 22 personas perdieron la vida durante estas protestas antigubernamentales, mientras otras decenas resultaron heridas por “la represión ilícita”. El número de los fallecidos ha alcanzado a 77 hasta la fecha.

“En varios casos, la respuesta de las autoridades a las protestas se tradujo en violaciones de derechos humanos, incluido el uso ilegítimo de la fuerza” condena el texto, para luego criticar la denominada Ley de Protección Policial que, según indica, limita la rendición de cuentas de las fuerzas policiales.

En cuanto a la libertad de la expresión, señala que “las declaraciones oficiales menoscabaron la libertad de prensa”, y además determina que, conforme a la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) del Perú, se registraron 300 ataques a la prensa en 2022, de las cuales, 63 ocurrieron en el marco de la crisis sociopolítica de diciembre.

Las protestas en Perú, estallaron desde el 7 de diciembre de 2022, luego de que Boluarte asumió el cargo presidencial en reemplazo del destituido Pedro Castillo, para exigir la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la convocatoria de una asamblea constituyente.

En reacción, Boluarte respondió a las manifestaciones declarando el estado de emergencia y sacando a los militares a las calles. En este contexto, la policía y las fuerzas de seguridad han sido acusadas por grupos de derechos humanos de usar armas de fuego y lanzar bombas de humo desde helicópteros.