La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha aflorado 1.055 millones de euros procedentes del fraude fiscal entre 2019 y 2022, un 42,5% más que en el periodo 2015-2018, en el marco del segundo plan de prevención y reducción del fraude fiscal.
Lo ha anunciado este miércoles la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, en rueda de prensa acompañada por la secretaria de Hacienda, Marta Espasa, en la que Mas ha explicado que esta cifra equivale a la partida presupuestaria anual destinada a las universidades o a más del doble del presupuesto anual de la Conselleria de Cultura.
Durante los cuatro años del plan, los cuerpos tributarios de la ATC han realizado más de 208.000 actuaciones, y el 98% del fraude se concentra en los impuestos de sucesiones y donaciones; patrimonio, y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
En concreto, el 39,4% del total, 416 millones, corresponden al impuesto de sucesiones y donaciones; el 31,2%, 329 millones, al de patrimonio, y el 27,4%, 289 millones, al de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, informa Europa Press.
Las actuaciones de la ATC también han aflorado 124 millones por cambios de residencia ficticios (11 hacia otras CCAA y 113 hacia otros países), y 60 millones por bienes y activos situados en el extranjero.
Sobre la huida de contribuyentes a otras comunidades autonómicas con menos presión fiscal, Natàlia Mas ha negado que el dumping fiscal de la Comunidad de Madrid tenga “una afectación significativa” en Cataluña en lo que refiere al impuesto de patrimonio.
Junto a Espasa, ha explicado que los contribuyentes sujetos a este impuesto en Cataluña doblan a los de Madrid y que la Generalitat no tiene datos de cómo afecta este dumping fiscal a otras comunidades autónomas más cercanas a Madrid.
Espasa ha explicado que ha habido “incrementos importantes” de contribuyentes con grandes patrimonios en Cataluña en los últimos años, y ha negado que se haya detectado “una fuga real de deslocalizaciones” de estos grandes patrimonios para aprovechar la situación.
Espasa ha asegurado que el plan entre 2019 y 2022 tiene “una valoración global muy positiva” y ha explicado que el nuevo plan para el periodo 2023-2026 cuenta con 70 medidas, de las que 22 son nuevas.
Como novedad, se realizará una revisión anual del plan “para adecuarlo a un entorno cambiante”, lo que permitirá incorporar nuevas medidas o excluir alguna de las existentes.
Entre las nuevas medidas figura el fomento de la educación tributaria en Educación Primaria y la ampliación de las acciones de sensibilización en ESO y Bachillerato, así como la difusión del destino de algunos de los tributos propios gestionados y recaudados por la ATC.
