La periodista Rosa María Palacios se sumó a los cuestionamientos —en su columna de este domingo 4 en La República— contra el proyecto de la bancada de Renovación Popular, liderada por Jorge Montoya. Esta iniciativa plantea denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) con la finalidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pierda su autoridad sobre el Estado peruano con respecto a las acciones de la justicia peruana que podrían violar los derechos humanos.

 Jorge Montoya propone PL para que Perú denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos

En este sentido, la conductora de “Sin guion” señaló que existe una “ignorancia” en materia legal entre los integrantes de Renovación Popular, quienes respaldaron este proyecto que propone la denuncia del Pacto de San José, que fue ratificado por el Perú el 28 de julio de 1978 y que entró en plena vigencia al recuperarse la democracia dos años después.

“En otras circunstancias, semejante alarde de ignorancia supina en materia legal no merecería más que unas sonrisas piadosas y un archivo de misericordia. Digamos, para que no le note el fascismo que no admite que los seres humanos en una democracia no somos súbditos de un proyecto autoritario y que la vida de todos los peruanos vale lo mismo, exactamente lo mismo frente a una bala asesina que sale de un arma puesta en manos del Estado para cuidar, no para matar”, se lee en su columna.

Cabe resaltar que la presentación del proyecto ocurre en un momento en el cual Perú ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Estos eventos resultaron en la pérdida de vidas y la afectación de muchas personas, tal como ha sido documentado en los informes tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como en los de Amnistía Internacional.

Ante ello, Rosa María Palacios agregó que el proyecto llega con una amenaza a la presidenta Dina Boluarte: “De acuerdo con el verbo florido del congresista Montoya, al menos, reconoce que constitucionalmente solo la presidenta puede denunciar un tratado, pero añade que, si ella no obedece una ley del Congreso, entonces pueden inhabilitarla por infracción a la Constitución. La amenaza va incluida: Te vacamos”.

En esta línea, el nuevo defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó el proyecto de Jorge Montoya y la presión ejercida sobre el Ejecutivo para denunciar a la CADH: “No es correcto alejarse de los parámetros de la instancia jurisdiccional supranacional porque ningún peruano está exento del abuso de poder y, por eso, tenemos una instancia supranacional que revisa esos excesos y que resuelve esos excesos con objetividad”