La investigación sumaria que la Comisión de Justicia del Congreso realizará a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) busca, en primer término, proteger a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, de las investigaciones que se estaban realizando en esta instancia, pero también beneficiar a grupos de poder que tienen investigaciones fiscales en curso.

Para la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) y especialista en temas constitucionales, Cruz Silva del Carpio, “los operadores de justicia en algunas ocasiones -tal como estamos viendo- son instrumentos de otros grupos de poder que se benefician de la función que formalmente ejercen”.

“Lo que estamos viendo es la planificación desesperada de diversos actores y grupos que están urgidos de asegurarse una impunidad ante el ministerio público y no solamente de algunas personas o grupos que estén sosteniendo al actual gobierno, sino (de los) que les conviene que el gobierno continué”, puntualiza.

Silva del Carpio refiere que es también el caso de Patricia Chirinos (autora del proyecto para investigar a la JNJ) y el grupo al cual se le vincula, como Chimpún Callao que fueron investigados y llevados a la Fiscalía. «Es un andamiaje pensado, aunque no muy inteligentemente, pero que les está dando resultados, teniendo en cuenta que algunas instancias que van a decidir los diversos recursos presentados, le deben su posición al Congreso de la República que está impulsando este proyecto de ley”, agrega.

La fiscal de la Nación como instrumento de los grupos de poder

Cruz Silva dijo que, en el caso de la fiscal de la Nación –este apoyo- la beneficiaría además en un asunto familiar. Tal como lo hizo al nombrar a un fiscal que ya hace unos meses solicitó al Poder Judicial archive la investigación penal a su hermana, Enma Benavides.

“Si bien es cierto el operador de justicia es la puerta, la llave para que haya impunidad, quienes finalmente se benefician son estos grupos incluidos en los casos Lava jato, Cuellos Blancos, o de narcotráfico, como fue con la remoción del fiscal Frank Almanza”, dijo.

Refirió también que los parlamentarios, quienes anunciaron la caída de Pedro Castillo y que decían que era mejor tener y sostener el actual gobierno, son quienes ahora están promoviendo y votando por proyectos que blindan o tratan de blindar a la fiscal de la Nación para que continúen en el cargo en busca de diversos fines.

También tenemos grupos violentistas que cuando hay algún cuestionamiento o alguna revelación se presentan a favor de Patricia Benavides. Y también en más de una oportunidad se les ha visto a los de la Resistencia o llamada Pestilencia, por el acoso y violentismo, que salen a favor del grupo policial que ha incurrido en los asesinatos y llevan el mismo discurso de Dina Boluarte.

Y es el mismo grupo violentista que ha estado en reuniones dizque académicas, no solo con sectores antiderechos, sino también con sectores políticos que sostienen a estos grupos como el fujimorismo o el grupo económico de los Wong.

La situación de la JNJ depende de la propia actuación de la JNJ

Cruz Silva del Carpio opinó que en la administración de justicia hemos retrocedido, haciendo una comparación del año 2018 cuando sale el gran escándalo de los Cuellos Blancos. Entonces se hablaba de cierre y renovación de instituciones y renuncias e investigaciones a operadores supremos. Y también de planteamientos desde las propias instituciones como lo hizo Víctor Prado Saldarriaga, quien propuso viajes a todos los distritos judiciales del país y reformas de las que no se sabe dónde están.

Igualmente se refirió a lo que era la Junta de Fiscales Supremos y lo que es actualmente la Junta Nacional de Justicia. Y que si bien ha habido renuncias y destituciones de fiscales supremos, la actuación y situación actual de la JNJ depende de la propia JNJ que destituyó a fiscales que veían el caso de los Cuellos Blancos. Y, eligió a la Fiscal Patricia Benavides, que luego fue Fiscal de la Nación.

En ese sentido dijo que estamos en un serio retroceso por la misma elección de autoridades del sistema. Las elecciones del Tribunal Constitucional, de los fiscales supremos, así como de la fiscal de la nación, presidente del Poder Judicial, presidentes de Cortes Superiores. También, presidentes de juntas de fiscales superiores a nivel nacional, defensor del Pueblo y de jefe de la autoridad de control del Ministerio Público, todas continuas.

«Casi todas esas designaciones no pasaron por un filtro y escrutinio severo de honestidad, transparencia, apertura a la prensa y garantía de independencia e imparcialidad, entonces es por eso que estamos como estamos», afirma.

La propia Fiscal Benavides pudo hacer algo por defender la independencia de su fuero

Consideró que, si antes uno solo de estos concursos era muy complejo de organizar, hacerlos todos en un mismo año fue el escenario perfecto para que nadie supiera nada. Y para que la poca organización de la sociedad civil hiciera algo. Se presentaron algunas tachas que fueron declaradas infundadas y se señaló cuestionamientos que finalmente no fueron asumidos por la propia JNJ.

«Quien pudo y debió hacer algo en el tema de Zoraida Ávalos fue la propia fiscal de la Nación. Sacar su comunicado, plantear reuniones a las comisiones que planteaban o promovían esta violación de la autonomía e independencia de la institución, pero no lo hizo», recordó.

Según se informó, muy posiblemente dos de sus principales asesores fueron parte del lobby para que sancionarán a la fiscal Ávalos. Esto, «sin importar que en eso se le iba la vida independiente del Ministerio Público frente al control del poder político como quedó demostrado y es gravísimo», opinó.

Advirtió que estamos viendo el control político con criterios nada objetivos. Ni siquiera de oportunidad que es propio de la política pública, sino por interés privado. Hacer un control sobre una decisión basada en derecho y la jurisdicción que es competencia de la Fiscalía y al control político no les gustó. El Congreso va a poder hacer esto, y si en un futuro cualquier fiscal va a querer investigar a un presidente del Gobierno, si es de la mayoría parlamentaria ya no habrá control.

Demanda de amparo presentada como fiscal suprema desconoce los actos por los que es investigada

Según explicó la abogada, los planteamientos realizados así como la demanda de amparo que presentó Patricia Benavides son incorrectos. Promueven el descontrol de poderes y la generación de zonas exentas del control constitucional. Lo que hizo el Congreso en su momento con el caso Ávalos fue usar el derecho para una venganza personal. Todo esto está impactando en la independencia fiscal general, puntualizó.

«En los recursos presentados por la fiscal, ahora se está promoviendo que el control que se debiera sostener sobre una fiscal de la Nación, no exista en lo absoluto. Ni siquiera en base a derecho».

Por ejemplo, la demanda de amparo presentada por Patricia Benavides como fiscal suprema investigada ante la JNJ. En ese acto desconoce los actos por los que se le investiga y que son competencia de la Junta. Y la supuesta parcialidad de Inés Tello y Aldo Vásquez que son sus instructores en los tres casos disciplinarios. Algo que no se sostiene ni en los hechos ni en el derecho.

Según se informó, a Inés Tello se le dice que es parcial porque a su hijo se le nombró viceministro de un despacho del Ejecutivo. Pero sus investigaciones son del año pasado, cuando no estaba nombrado. Y que supuestamente habría filtrado que ya tendría cerrado su informe que solicita la apertura de un procedimiento disciplinario rompiendo la reserva e imparcialidad. Se trata de responsabilizar por lo que publica la prensa a operadores de justicia. Es lo que pasó con los fiscales Vela y Pérez, dice Silva.

«Particularmente creo que quien todavía tiene un rol contralor es el Poder Judicial. La JNJ podría presentar un recurso judicial para frenar esta ilógica pretensión de una remoción. Porque viola la independencia, la autonomía del sistema de justicia que es un derecho fundamental de todos los peruanos», finalizó.

Aquí la entrevista completa:

Fuente: El Búho