Mientras toneladas de alimentos aún comestibles se arrojan a diario a la basura en el Mercado Mayorista, una absurda burocracia impide recogerlos para abastecer las miles de ollas comunes que luchan contra el hambre en Lima.
Al final de la jornada, según la propia empresa municipal, unas 60 toneladas diarias de alimentos se pierden irremediablemente por diversos motivos. Son productos que no se han vendido ni se venderán y que se destinan a la basura.
En ese último tramo de la cadena trófica de la ciudad, se encuentran dos entidades cuya misión es “rescatar” todo lo que se pueda de ese cargamento sentenciado al relleno sanitario: Manos a la Olla, una iniciativa del voluntariado de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y el Banco de Alimentos Perú, entidad de derecho privado de carácter filantrópico.
Manos a la Olla rescata el equivalente a unas 0.5 TM diarias de acuerdo a la gerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad de Lima; el Banco de Alimentos hasta 10 TM diarias, según el propio Banco. Los alimentos salvados son distribuidos en albergues, asilos, escuelas, hospitales, comedores populares u ollas comunes.
Pero la oferta de alimentos rescatados en un país hambreado por la cuarentena y el desempleo es muy inferior a la demanda.
Personal del Banco de Alimentos clasifica las frutas y verduras «rescatadas» en Santa Anita. (Foto: Víctor Ch. Vargas)
En el país operan 13,644 comedores populares, y el número de ollas comunes, solo en Lima, ya supera las 2,361 –que atienden a 249 mil personas–, según el Registro de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, actualizado hasta agosto. Así, el alcance de Manos a la Olla es limitado: 50 ollas comunes abastecidas la última semana por este programa, otras 26 atendidas por línea humanitaria y 14 por el reparto de Qali Warma en el marco del Programa Nacional Hambre Cero, del Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (MIDIS), según informó el gerente de Participación Vecinal de Lima, Víctor Quinteros. El propio Banco de Alimentos abastece a 250 comedores populares, una fracción del total, y a 280 ollas comunes, de acuerdo con Salomón Lerner Ghitis, director del Banco de Alimentos.
“Somos auditados por Ernst & Young”, dice Daniela Osores, gerente del Banco de Alimentos, para explicar porqué no pueden atender directamente a ollas comunes no formalizadas. “La trazabilidad de los productos desde la fuente de origen hasta el destino final es muy importante. Las ollas comunes no tienen personería jurídica, y por lo tanto no pueden ser asistidas directamente con donaciones”.
Este vacío legal, hay que decirlo, no es responsabilidad de las ollas, que vienen reclamando el reconocimiento oficial desde el gobierno de Vizcarra. Para subsanar el impasse, las donaciones del Banco de Alimentos a las ollas comunes se canalizan a través de terceros ya formalizados, como comedores populares y oenegés. De todas formas, eso limita el alcance de la acción humanitaria: menos del diez por ciento de las ollas comunes han recibido donaciones del Banco de Alimentos en 16 meses de pandemia.
Hambre y ética
“Es antiético y poco solidario que se permita que toneladas de alimentos se desperdicien en medio de una emergencia alimentaria como la que vivimos”, sostiene el sociólogo Alain Santandreu, del Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo (ECOSAD) y coordinador de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de Lima Metropolitana.
Espoleadas por la necesidad, algunas delegadas de las ollas comunes de San Juan de Lurigancho empezaron a incursionar en el Mercado Mayorista para realizar el “rescate” de alimentos directamente, sin la autorización de la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA), en mayo. “Entramos todos los días, de diez en diez ollitas. La papa que le sale raíz, los comerciantes nos donaban dos o tres costales de 100 kilos. Si nos daban un zapallo, entre diez lo repartíamos”, narra Alicia Gaspar, del Comité 15 de ese distrito.
A inicios de agosto el Serenazgo las intervino y expulsó del mercado hasta en tres ocasiones. Personal de la EMMSA les advirtió que decomisaría los alimentos en caso de reincidencia. A la vez, según indican, empleados del Banco de Alimentos, presentes durante los incidentes, les sugirieron inscribirse en esa organización. No parecían estar al tanto de que el Banco no puede atenderlas sin previa formalización.
Regidora Jéssica Huamán, presidenta de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de Lima Metropolitana. (Foto: Víctor Ch. Vargas)
En medio de esa tensión, un incidente de presunta corrupción –a través de un cobro irregular– llevó a varias acusaciones y especulaciones. La titular de la ONG Angeles de Ayuda de San Juan de Lurigancho tomó el nombre del Banco de Alimentos para pedir el pago de un sol por ración a cambio de acceso al Mercado Mayorista para rescatar alimentos.
El hecho fue advertido y denunciado por una regidora de Lima, Jéssica Huamán, a la gerencia del Banco de Alimentos y a EMMSA el 1 de junio. Huamán, como presidenta de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Lima Metropolitana, tenía un obvio interés en el tema; y mucho más cuando apareció una grabación en la que la titular de Ángeles de Ayuda explica a la dirigente Alicia Gaspar, “cuál es el método y los requisitos”
El audio y otras expulsiones del Mercado Mayorista a las organizadoras de ollas comunes, llevó a que Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, acusara al Banco de Alimentos: “En ese mercado Santa Anita tenemos un enfrentamiento con los trabajadores del Banco de Alimentos. Le cobran un sol por cada menú a las ollas comunes […] Si no tienen, si no les dan, les quitan lo que han recuperado las compañeras”.
El Banco de Alimentos contestó el mismo día con un desmentido categórico a través de una carta aclaratoria: todos los productos que entregan, dijo, son de manera gratuita. Añadieron también que la persona responsable del hecho denunciado “se rectificó y pidió disculpas mediante una carta”. Indicaron asimismo que todo eso había sido informado en una reunión con el gerente del mercado mayorista, la regidora de la Municipalidad, dirigentes e integrantes de las ollas, donde se aclaró, dice la fuente, que el Banco de Alimentos “no realiza cobro alguno por la donación de alimentos”.
El problema no es el Banco de Alimentos sino el conjunto de medidas que impiden recolectar, para las ollas comunes, los miles de toneladas de alimentos usables que se van a la basura.
La responsabilidad de EMMSA
La entidad responsable de administrar el Mercado Mayorista y la única autorizada a permitir el acceso a sus instalaciones es la EMMSA, una empresa municipal de derecho privado adscrita a la Municipalidad de Lima Metropolitana. En virtud de un convenio suscrito el 2019 entre el Banco de Alimentos y esta entidad, hoy el Banco puede rescatar algunos alimentos.
¿Por qué no extender eso a todas las otras organizaciones? ¿Por la falta de soporte legal que les permita hacerlo? Pues parece que sí lo hay: la Ley 30988 que “previene la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos”, fue promulgada en febrero del 2020. En abril del 2021, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, decretó, bajo el ámbito de esa norma, que era de “interés metropolitano la recuperación de alimentos (…) para facilitar el acceso de alimentos frescos en las ollas comunes y comedores populares en la situación actual de emergencia sanitaria y se recomienda a las gerencias correspondientes realizar los esfuerzos necesarios para promover la recuperación oportuna de alimentos en nuestra ciudad”.
Jaime Gallegos, gerente de EMMSA. Ley del 2020 ordena a funcionarios multiplicar esfuerzos para rescatar alimentos. (Foto: La República)
Parece que la gerencia de EMMSA no leyó la norma.
De hecho, EMMSA ratificó recientemente que: “La recolección de víveres, de forma individual, al igual que la solicitud de donaciones a título personal, está totalmente prohibida”. La empresa justifica ese cierrapuertas bajo el argumento “de garantizar el orden”.
Solución de emergencia
En la apremiante situación actual, la Red de Ollas Comunes de Lima plantea que la EMMSA autorice a las ollas comunes a rescatar directamente y de manera organizada los alimentos en el Mercado Mayorista. Ello significa contar con un área de acopio donde se pueda cuantificar, clasificar y distribuir los desechos rescatados (acaso compartir las instalaciones con las que ya cuenta el Banco de Alimentos), y regular el número de delegaciones que entren al mercado diariamente. La propuesta de la Red fue reiterada el 25 de agosto, en una reunión con la EMMSA y el Banco de Alimentos, convocada por la Mesa de Seguridad Alimentaria.
Pero no hubo acuerdo ese día. La EMMSA insiste en que el programa Manos a la Olla y el Banco de Alimentos son los únicos autorizados a realizar el rescate. Y el sábado 28 de agosto, como subrayando su política de ir en contra de “realizar los esfuerzos necesarios para promover la recuperación oportuna de alimentos en nuestra ciudad”, decomisó los alimentos rescatados esta vez por las ollas comunes de Manchay.
249 mil personas dependían de las ollas comunes para alimentarse en agosto. (Foto: Víctor Ch. Vargas)
“El recrudecimiento del hambre es evidente. La aparición de centenares de ollas comunes es una muestra de ello”, dijo la economista Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y asesora de la FAO para América Latina y el Caribe, a comienzos de agosto en un medio local. “Según el SOFI 2020 [el informe de las Naciones Unidas sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo], en el 2013-2015, el 5,4% de los peruanos pasaba hambre, aumentando a 8,7% en el periodo actual (2018-2020). Esto implica un estimado de 3 millones de personas con hambre”.
Dina Boluarte, vicepresidente de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, flanqueda por Samuel Yáñez, Jéssica Huamán, y Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, el 18 de agosto.
“El monto insuficiente, el enfoque equivocado”, texteó Santandreu.
Entretanto, en medio del hambre de tantos, un río de alimentos sigue su curso inexorable a la basura.
