La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la congresista Fuerza Popular (FP) Martha Moyano, votará este martes el predictamen de reforma constitucional que modifica el artículo 99 de la Carta Magna para incluir a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) como pasibles de denuncias constitucionales.
El documento elaborado por la fujimorista Martha Moyano propone someter a las autoridades electorales a procesos de antejuicio y juicio político.
La Constitución no contempla en la actualidad en su artículo 99 que los representantes de los organismos electorales puedan ser sometidos a denuncias constitucionales. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de febrero del año pasado exhortó al Congreso a realizar dicha modificación.
Ese mismo año, tomando de referencia la sentencia del TC, las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso (APP) y Acción Popular presentaron ante la Comisión de Constitución seis proyectos de ley para modificar el artículo 99 de la Carta Magna.
Con la aprobación del predictamen las autoridades electorales podrán ser sometidas a antejuicio político: un proceso de denuncia constitucional realizado en el Congreso para decidir sobre qué presuntos delitos puede ser acusado un alto funcionario.
Y también la propuesta de Moyano permite que estas autoridades sean pasibles de juicio político. Se trata de un proceso en el que un alto funcionario es sindicado de haber cometido infracciones a la Constitución y la máxima sanción que da el Congreso es la inhabilitación de la función pública hasta por 10 años.
El predictamen de la Comisión de Constitución reconoce como una desventaja el riesgo de que los altos funcionarios del sistema electoral puedan ser destituidos o inhabilitados de la función público.
Juicio político contra el presidente del JNE
En este Congreso dos parlamentarios de Avanza País, Rosselli Amuruz y Alejandro Cavero, han presentado denuncias constitucionales contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas. Amuruz y Cavero demandan que el magistrado sea inhabilitado de la función pública.
Estas denuncias están pendientes de resolverse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones.
El mandato de Salas Arenas como presidente del JNE termina en noviembre. Hasta ese mes, el Congreso tiene tiempo para aprobar esta reforma constitucional con 87 votos en dos legislaturas. De esa forma, la Subcomisión de Acusaciones tendrá el camino libre para avanzar con el juicio político contra el magistrado.
Contra la ONPE y Reniec
Pero no es el único expuesto. Esta iniciativa de ley sale a flote en un contexto en el que los jefes de la ONPE, Pierto Corvetto, y del Reniec, Carmen Velarde, han manifestado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) su voluntad de permanencer en el cargo.
La Junta Nacional de Justicia es la institución encargada de nombrar al jefe de la ONPE y del RENIEC. Los mandatos de Corvetto y Velarde vencen en setiembre. De aprobarse antes la contrarreforma que plantea la comisión de Moyano, el Congreso podrá inhabilitarlos de la función pública y, por ende, ambas autoridades electorales no podrán reelegirse.
La República ha advertido que este 2024 es un año clave para el sistema juidicial y electoral. Primero, por los intentos del Congreso de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, segundo, por el afán del fujimorismo y sus aliados de someter a las autoridades electorales a un proceso de juicio político para inhabilitarlos.
El predictamen de la comisión de Martha Moyano
