El ciudadano Jhon Carlos Lopez Goicochea presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena por haber incurrido en una presunta infracción constitucional, tras haber interpuesto una acusación contra la mandataria Dina Boluarte en el marco del caso Rolexgate.
De esta manera, en el Congreso pretenden someter a un juicio político al titular del Ministerio Público por haber presentado una denuncia constitucional contra Dina Boluarte. El fiscal Juan Carlos Villena el sindica el presunto delito contra la administración pública de cohecho por haber recibido relojes Rolex del gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima, a cambio de partidas presupuestales.
Esta denuncia constitucional señala que el fiscal de la Nación cometió una infracción del artículo 117 de la Constitución. Este subcapítulo dice que el presidente de la República no puede ser acusado por delitos comunes o complejos mientras está en el poder. La Carta Magna, sostiene el ciudadano, solo contempla la traición a la patria, cierre del Congreso, impedir las elecciones y el funcionamiento de los organismos electorales como excepciones.
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“El fiscal de la Nación en plena inobservancia dolosa de la función principal de defensor de la legalidad de los preceptos constitucionales, formula denuncia constitucional a la presidenta por un delito común, contraviniendo en el espíritu del precepto constitucional señalado líneas arriba. Hecho que constituye un actuar doloso de parte del representante máximo del Ministerio Público en evidente y manifiesa infracción constitucional”, dice el documento de la denuncia constitucional.
Además de la infracción constitucional, el ciudadano considera que el titular del Ministerio Público cometió prevaricato.
Sin embargo, se trata de un tema debatible. Incluso el Ejecutivo ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para que esta institución defina hasta qué etapa el fiscal de la Nación puede investigar a un mandatario y acusarlo sin vulnerar la Constitución.
Denuncia constitucional, venganza y coincidencia
El lunes 27 de mayo el fiscal Juan Villena había presentado una denuncia constitucional por cohecho contra la exministra Dina Boluarte en el marco de las investigaciones por el caso Rolexgate. Esta decisión fue tomada luego que el 17 de mayo había terminado la etapa de indagación preliminar.
El fiscal de la Nación solo tenía tres opciones: archivar el caso, ampliar la pesquisa preliminar o presentar la denuncia constitucional. Optó por la última. Con ello, busca que el Congreso levante el antejuicio político de la mandataria y la acuse. Así el Ministerio Público podrá avanzar a la etapa de la investigación preparatoria.
Pero existe consenso en que el Congreso no puede aprobar la acusación constitucional, al menos hasta que acabe el periodo de Boluarte en Palacio. La Constitución protege su antejuicio mientras siga en el cargo.
El último martes, el ministro de Justicia Eduardo Arana protestó e invocó entre líneas al Congreso a avanzar con una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación. Y como coincidencia, este miércoles un ciudadano presenta una.
Esta medida fue recibida con los brazos abiertos en el Congreso. El documento está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones.
Dina Boluarte y el doble rasero del Congreso
Pero no la denuncia contra el fiscal de la Nación. La paradoja en este caso es que el Congreso en mayo del 2023 inhabilitó a Zoraida Ávalos por no haber acusado al expresidente Pedro Castillo por los presuntos actos de corrupción en su gobierno. La interpretación de los promotores de esa decisión fue que un presidente sí puede ser investigado mientras ejerce el cargo.
Otro antecedente es que en noviembre del año pasado, cuando estalló el caso Valkiria y las declaraciones de Jaime Villanueva, la entonces titular del MP, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes en regiones durante las protestas contra su régimen.
Ninguna bancada y nadie desde el Ejecutivo protestó y tampoco sindicaron a Benavides de haber cometido una infracción de la Constitución.
Sin embargo, ahora en el Congreso pretenden someter a un juicio político al fiscal Villena por acusar a una mandataria. Es decir, con Castillo se puede, pero no conBoluarte. La interpretación de la Constitución en los Pasos Perdidos depende de quién sea el aliado.
Fuente: La República
