Documento resolutivo de la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, —al que tuvo acceso este diario— cita los reportajes de investigación de La República que revelaron que los oficiales a los que se pretendía beneficiar ilegalmente son paisanos y miembros del entorno del presidente Castillo.
El ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzáles, y el secretario de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco Castillo, abusaron de sus cargos para promover el ascenso de grado de los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama, conocidos como Los Chotanos, oficiales que laboran en Palacio de Gobierno y son cercanos al presidente Pedro Castillo, señala en su disposición de inicio de investigaciones la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos.
Las presiones para el otorgamiento indebido del grado superior de Ayala y Pacheco recayeron sobre los excomandantes generales del Ejército, general José Vizcarra Álvarez, y de la Fuerza Aérea, general del aire Jorge Chaparro Pinto, quienes al negarse a las exigencias palaciegas fueron relevados de sus cargos y pasados al retiro, según el testimonio de estos.
De acuerdo con la Disposición Fiscal n.º 1, de hoy jueves 10 de noviembre, suscrito por la fiscal de la nación, se le imputa al ministro Walter Ayala y al secretario general Bruno Pacheco, el hecho de “haberse interesado y requerido de manera irregular y arbitraria, con abuso de su cargo, al excomandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, y de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Chaparro Pinto, se ascienda al grado inmediato superior a los oficiales del Ejército, Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama, y de los oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, Edgar Briceño Camero, Carlos Castillo (Ruíz) y Herbert Vilca (Vargas), respectivamente, quienes no habrían sido propuestos por las Juntas de Selección de los institutos armados en mención”, señala el documento fiscal al que tuvo acceso La República.
El documento fiscal precisa que lo atribuido a Walter Ayala y Bruno Pacheco son hechos de relevancia penal, en tanto en su condición de ministro de Defensa y secretario general de la Presidencia, ya que “se habrían interesado y requerido de manera irregular y arbitraria, con abuso de su cargo, el ascenso de oficiales sin considerar las normas y procedimientos existentes en relación con los ascensos al interior de las Fuerzas Armadas”.
Citando los reportajes de investigación de La República, la fiscal de la nación destaca que los beneficiarios de las presiones que ejercieron el ministro Ayala y el secretario Pacheco eran los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama, miembros del entorno personal del presidente Pedro Castillo
Paisanos en Palacio
Ciro Bocanegra es paisano del jefe de Estado —ambos son de Tacabamba, Chota— y trabaja en la Casa Militar de Palacio de Gobierno, en tanto que Carlos Sánchez se encuentra a disposición de la primera dama, Lilia Paredes
Ambos oficiales Bocanegra y Sánchez no alcanzaron las calificaciones y en consecuencia no obtuvieron una vacante para ascender al grado de general de brigada, como pretendían.
La República también reveló que el mismo secretario presidencial Bruno Pacheco exigió al excomandante general de la FAP Jorge Chaparro que ascendiera al grado de teniente general al mayor general Edgar Briceño Camero.
Luego, Pacheco envió a un emisario al excomandante general de la FAP, el coronel PNP Wilberto Bernal Rabanal, con quien trabaja en Palacio de Gobierno. Bernal reiteró el pedido para otorgarle indebidamente el grado de teniente general a Edgar Briceño.
El coronel Wilberto Bernal también es natural de Chota.
Para la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, procede la investigación contra Walter Ayala procede porque, “teniendo en consideración que los hechos ilícitos que se le atribuyen habrían sido cometidos en el ejercicio de sus funciones como alto funcionario, le asiste la prerrogativa constitucional del antejuicio político, y como tal el conocimiento del caso le corresponde a este superior despacho (Fiscalía de la Nación)”.
También está comprendido
En relación a Bruno Pacheco, la fiscal de la nación precisa que, si bien al secretario presidencial no le corresponde el antejuicio político, “corresponde al Ministerio Público establecer la estrategia más adecuada al caso y, teniendo en cuenta el principio de unidad de la investigación con concordancia con los principios de economía y celeridad procesal, será comprendido en la presente indagación”.
