En entrevista con RPP Noticias, el abogado Benji Espinoza cuestionó que la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo “es un abierto desacato a una orden judicial” y advirtió posibles consecuencias legales.
Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, cuestionó la denuncia constitucional contra el jefe de Estado por parte de la fiscal de la Nación y adelantó que presentará un recurso para que un juez determine si esto vulnera la imposibilidad de que sea denunciado por otros supuestos que no están previstos en la Constitución.
“Es una denuncia bastante inconstitucional porque lo que busca es desconocer los límites impuestos en el artículo 117 de la Constitución, que reconoce la inviolabilidad de la investidura presidencial mientras el presidente ejerce su mandato”, señaló.
Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, cuestionó la denuncia constitucional contra el jefe de Estado por parte de la fiscal de la Nación y adelantó que presentará un recurso para que un juez determine si esto vulnera la imposibilidad de que sea denunciado por otros supuestos que no están previstos en la Constitución.
“Es una denuncia bastante inconstitucional porque lo que busca es desconocer los límites impuestos en el artículo 117 de la Constitución, que reconoce la inviolabilidad de la investidura presidencial mientras el presidente ejerce su mandato”, señaló.
“Este atropello supone, además, un desconocimiento y un abierto desacato a una orden judicial expedida por el doctor (Juan Carlos) Checkley, así que vamos a presentar una acción de tutela de derecho para que el juez supremo convoque a una audiencia y determine si se ha violado la tutela judicial”, agregó.
En entrevista con RPP Noticias, el abogado de Pedro Castillo explicó que en esta audiencia se deberá determinar “si se están desconociendo los alcances” de la resolución judicial que, a su criterio, el juez Juan Carlos Checkley estableció que el mandatario no puede ser objeto de una acusación constitucional durante su mandato.
En otro momento, Benji Espinoza dijo que no forma parte de la demanda de amparo contra el Congreso para que se anulen investigaciones en contra de Pedro Castillo; sin embargo, recordó que la ley establece que este recurso puede ser presentado por cualquier ciudadano “que considere que se está afectando la constitución”, sin un aval del mandatario.
“Todo esto se evitaría si el Congreso, con respeto a la Constitución, declara improcedente esta denuncia constitucional. Esta denuncia es una invitación a que los congresistas violen la Constitución porque los que lo hagan se van a convertir en infractores constitucionales y pueden terminar inhabilitados. Violar la Constitución tiene consecuencias”, advirtió.
Acciones legales ante denuncia constitucional
Anteriormente, Benji Espinoza adelantó que presentará una tutela de derechos ante la Corte Suprema para que haga prevalecer el fallo del juez Juan Carlos Checkley, además de una demanda constitucional de amparo ante la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El abogado insistió en que si el Ministerio Público no toma en consideración lo dictado por el Poder Judicial sobre la posibilidad de investigar al jefe de Estado, entonces se está atribuyendo un “poder especial”. Asimismo, cuestionó que la Fiscalía “tenga conclusiones” en una “investigación express”.
“Por más elementos que tenga la Fiscalía, nunca presenta pruebas. Las pruebas únicamente se producen ante los ojos del juez y en el juicio oral. En la investigación no hay pruebas, menos aún en las diligencias preliminares no se actúan pruebas, así que es una gran engañifa que se pretenda decir que la Fiscalía tiene pruebas sólidas que soportan su denuncia”, indicó.
“La Fiscalía está afectando el derecho al plazo razonable a la inversa; es decir, en lugar de garantizar que el presidente Pedro Castillo se defienda en un plazo razonable, le corta el plazo, le quita la investigación y lleva la discusión a un plano político. La pregunta es: ¿tenemos a una fiscal política o que actúa con criterios jurídicos”, agregó.
Como se sabe, Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, presentó en vísperas una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
La denuncia constitucional alcanza a Juan Silva Villegas, durante su gestión en el Ministerio de Transportes y Geiner Alvarado López, cuando se desempeñó como titular del Ministerio de Vivienda. Ambos son sindicados por el Ministerio Público como presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario.
