Congreso. Fallo del TC permite que Avanza País y Acción Popular propongan incluir a los organismos electorales como pasibles de antejuicio y juicio político.
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la demanda competencial del Congreso les ha dejado la mesa servida a las bancadas de Avanza País y Acción Popular para que presenten propuestas de ley que incluyan a los representantes de los organismos electorales como pasibles de antejuicio y juicio político.
El viernes 3 se hicieron públicas las razones de la resolución del TC, que exime al Congreso del control judicial y le permite continuar con la elección del defensor del Pueblo —pese a la falta de transparencia en dicho proceso— y la recomposición de la Sunedu. El TC, no obstante, fue más allá y también hizo una recomendación que fue recibida con los brazos abiertos en los Pasos Perdidos.
El tribunal recomendó modificar el artículo 99 de la Constitución para que los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puedan ser denunciados constitucionalmente. La actual redacción de la carta magna lo impide.
El 28 de febrero, días después que el TC hiciera público el sentido de su veredicto a favor del Parlamento, la legisladora de Avanza País Rosselli Amuruz presentó una denuncia constitucional contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, por haber contratado los servicios del politólogo Fernando Tuesta y haber nombrado al abogado Vicente Sánchez como accesitario en el Jurado.
Como se sabe, la Constitución no contempla que el presidente del JNE pueda ser acusado constitucionalmente, pero la parlamentaria Amuruz de todos modos presentó su documento.
Hace dos meses, Amuruz también presentó una iniciativa de ley de reforma constitucional para recortar el mandato de los titulares del JNE y la ONPE. La congresista alegó en su proyecto que, ante un eventual adelanto de elecciones, habría mejor garantía de transparencia si es que también se renueva a los jefes de las instituciones electorales.
Y recién el 1 de marzo, cuando se conocieron las motivaciones del fallo del TC, Amuruz envió a la Comisión de Constitución del Congreso una propuesta de ley de reforma constitucional para modificar el artículo 99 de la Constitución e incluir a los representantes de los organismos electorales como pasibles de antejuicio y juicio político.
En el mismo sentido y en la misma semana, el legislador de Acción Popular Luis Aragón presentó un proyecto de ley sobre la misma materia.
Ambos textos —el de Amuruz y el de Aragón—, que pretenden habilitar en la Constitución que se pueda denunciar al presidente del JNE y a los jefes de la ONPE y el Reniec, se sustentan en la reciente resolución del Tribunal Constitucional. Este diario buscó la versión de los dos congresistas, pero al cierre de esta nota no respondieron.
Cuestionan
Precisiones. Fuentes del JNE cuestionaron que la congresista Amuruz denuncie a Salas Arenas sin que la Constitución lo permita. Asimismo, recalcaron que incluir a los representantes electorales como pasibles de antejuicio y juicio político los expone a venganzas y presiones.
