CIUDAD DE MÉXICO — Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión histórica el martes en la que declaraba que abortar no era un delito, activistas de todo el país lo celebraron. El miércoles, regresaron a trabajar, para comenzar con el largo y arduo proceso de asegurar que el cambio legal se aplique en todo México.

Una de sus prioridades es ayudar a las mujeres que más lo necesitan: las que se enfrentan a sanciones penales, en muchas ocasiones después de haber sido denunciadas ante las autoridades por intentar provocarse ellas mismas un aborto en condiciones de riesgo.

“Una mujer que decide abortar ya es vulnerable, y además tenemos que enfrentarnos a la terrible situación de creer que nos vamos a enfrentar a un castigo”, dijo Yetlanezi Pech, quien fue llevada de urgencia a un hospital, sangrando tras un intento de aborto, solo para que un médico de urgencias le negara la ayuda y la denunciara a las autoridades.

“Sentí mucho miedo, me sentí muy insegura, me sentí muy muy mal”, dijo. “Y también me sentí sola”.

Pech es una de miles que han sido investigadas por abortar de forma ilegal en los últimos años. Tan solo en los primeros siete meses de este año, se abrieron 432 investigaciones en todo México por casos de aborto ilegal, según el gobierno mexicano.

La sentencia del martes sienta un precedente legal en el país y contrasta con la tendencia de Estados Unidos, donde, en fechas recientes, Texas y otros estados han restringido el aborto. La decisión del tribunal también planteó la posibilidad de que México se convierta con el tiempo en un destino para las mujeres estadounidenses que buscan interrumpir sus embarazos, dijeron quienes defienden esta práctica, aunque eso requeriría la eliminación de los muchos obstáculos que hacen que el aborto sea difícil de obtener en gran parte del país.

La decisión del martes solo aplica al estado fronterizo de Coahuila, y para ponerla en práctica en todo el país es necesario que se presenten recursos legales en cada uno de los 28 estados de México que aún penalizan el procedimiento o que las legislaturas estatales modifiquen la ley. Los ministros no especificaron en qué momento del embarazo una mujer puede abortar de manera legal, lo que significa que quizá esos términos se determinen a nivel estatal.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), uno de los organismos que encabezan la batalla por el derecho al aborto en México, explicó que presionaría para que el aborto sea legal en Coahuila hasta las 12 semanas después de la concepción como mínimo; un límite de tiempo establecido en la ley que hizo el aborto legal en Ciudad de México y que antes fue validado por la Suprema Corte.

Si ese fuera el caso, Coahuila tendría normas para el aborto más permisivas que el cercano estado estadounidense de Texas, donde hace poco la legislatura estatal implementó una ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de gestación. Esta ley podría motivar a las mujeres de Texas a cruzar la frontera para abortar, pero por ahora no habría suficiente infraestructura para satisfacer la necesidad, dijeron los activistas.

“Todavía falta para que las mujeres de Texas y las personas con capacidad de gestar pudean ir a Coahuila a solicitar este servicio”, dijo Melissa Ayala García, coordinadora de litigios de GIRE. “Aún nos falta un tramo por recorrer para garantizar que se provea de servicio”.

La ley de Texas prohíbe los abortos una vez que se puede detectar actividad cardiaca en el embrión. En esta etapa del desarrollo no hay corazón, solo actividad eléctrica en las células en desarrollo que comienza alrededor de las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan siquiera que están embarazadas.

Los activistas de México ya han empezado a trabajar en una estrategia para obligar a los estados a acatar la sentencia de la corte, aunque su lucha para que el aborto sea legal y seguro en todo el país podría ser larga. Antes del fallo del martes, solo Ciudad de México y tres estados permitían este procedimiento.

“Estamos ya organizadas y listas para aprovechar la coyuntura que brinda esta nueva sentencia de la corte”, dijo Arely Torres Miranda, defensora de los derechos reproductivos en el estado de San Luis Potosí. “Lo que tenemos que hacer es cambiar la ley”.

Es probable que ese plan encuentre resistencia. El conservador Partido Acción Nacional (PAN), uno de los principales partidos de oposición en México, ha combatido los esfuerzos para legalizar el procedimiento.

“El partido tiene claramente tanto en plataforma como en principios el derecho de la vida desde la concepción”, dijo Damián Zepeda Vidales, senador del PAN y exlíder del partido.