En plena época de campañas electorales, algunos políticos usan estrategias en el borde de la legalidad para ganar votos y de esta forma llegar a los cargos públicos deseados, por eso, diferentes organizaciones han hecho seguimiento a las modalidades de fraude y el riesgo para la democracia que esto representa.

La plataforma Barómetro de Xenofobia, que tiene por objetivo hace seguimiento a las conversaciones digitales sobre la población migrante en el país, emitió una alerta sobre el uso político de migrantes y refugiados en el contexto electoral. La organización encontró que entre el 8 y el 11 de febrero se registró un aumento de conversaciones en Twitter alrededor del tema de migración en un 2.000 %. Además, en su mayoría los mensajes resaltaban la instrumentalización de las personas migrantes por su aparición en propagandas políticas.

“En su mayoría los mensajes señalaban el aprovechamiento político que se hacía de las personas migrantes provenientes de Venezuela para aparecer en spots políticos”, explicó la organización, recalcando que esta situación llevó a los migrantes a ser tendencia, “ya que el trino de la periodista que reportó la información obtuvo un alcance de más de 2 millones 700 mil usuarios y 2.600 retweets”, se lee en el informe.

La organización comentó que todo se dio debido a que en esta red social se hizo una publicación en la que supuestamente un miembro del Centro Democrático contrataría a personas de Venezuela para grabar anuncios políticos, por lo que en las redes sociales se comenzó a rechazar la participación de esta población en las campañas políticas de forma denigrante.

Lo que más preocupa a la organización es que en el seguimiento notaron que estos mensajes y publicaciones instrumentalizando a los migrantes podría producir un aumento en el sentimiento de xenofobia que se ha venido acrecentando en los últimos años. Ya que en su mayoría usaban palabras despectivas y ofensivas para referirse a los venezolanos.

“Este tipo de publicaciones hacen parte de una narrativa en contra de la regularización de la población migrante que hemos visto en el pasado y, que utiliza como único fundamento la supuesta utilización electoral de esta población por parte del gobierno nacional”, indicó Julio Daly, codirector del Barómetro de Xenofobia de acuerdo con los registrado por la Revista Semana; Y agregó, “es importante que se comunique el proceso de regularización como una política de Estado y no de Gobierno, y sobre todo que se rompa la idea de la regularización como estrategia electoral”.

Por otro lado, la Misión de Observación Electoral -MOE- junto con el apoyo de algunos entes internacionales presentaron el 9 de febrero, su informe sobre “Mapas y Factores de riesgo electoral” donde exponen las situaciones a las que se enfrentan los ciudadanos en el país en épocas de elección popular y pone la alerta de que, al menos uno de cada 10 municipios presenta algún nivel de riesgo electoral, relacionados con fraude y hechos de violencia política.

Según la organización el panorama no es muy alentador pues hay 131 poblaciones amenazadas, de las cuales 49 de ellas están en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 17 en riesgo medio debido al riesgo por presencia de grupos armados. Entre los territorios que se presentan las alarmas se encuentran las regiones del Catatumbo, en Norte de Santander; Arauca; el sur de Bolívar y la subregión del nordeste antioqueño; Chocó; y la Orinoquia.

Frente al indicativo por fraude electoral, la institución señaló que esto esta relacionado con el clientelismo, trashumancia electoral, uso de la contratación pública con fines electorales y financiación irregular de campañas, pero que en este año han disminuido y son más frecuentes en las campañas de Cámara de Representantes.

“Respecto al indicativo por fraude electoral, vemos que el de Senado tiende a ser menor frente a la Cámara de Representante, y es en virtud de las dinámicas territoriales, esto es, gamonales más pequeños y estructuras políticas locales”, anotó Diego Rubiano miembro de la MOE y señaló que las alertas por fraude se dan en Antioquia (4), Boyacá (4), Atlántico (3) y Cundinamarca (3), donde hay niveles de riesgo extremo.