El expresidente es acusado del presunto delito de lavado de activos junto a su esposa. La ex primera dama se encuentra en Tel Aviv, Israel, pese a un proceso de extradición y una orden de prisión preventiva en su contra.
Con Alejandro Toledo ya recluido en Barbadillo, desde el último 23 de abril, la Procuraduría y otras autoridades continúan con las diligencias en contra del expresidente por los casos Interoceánica y Ecoteva.
En este marco, la Fiscalía presentó ante el Poder Judicial, a mediados de marzo, una demanda para que se declare al Estado como propietario de los bienes inmuebles del investigado —por el presunto delito de lavado de activos, entre otros— y su entorno familiar.
El recurso fue admitido a trámite por el Juzgado Transitorio Especializado de Extinción de Dominio de Lima, de esta manera, ocho inmuebles a nombre de Toledo y su esposa Eliane Karp (hoy prófuga en Israel) podrían pasar a manos de las autoridades.
Pese al pedido de extradición en su contra en Estados Unidos, Eliane Karp viajó desde San Francisco a Israel en un nuevo acto evasivo de la justicia.“Admitida la demanda, se ha corrido traslado a los demandados o requeridos para que absuelvan en el plazo de 30 días. Y luego que ellos absuelven hay una audiencia inicial, donde se verifica la legitimidad de las partes y las pruebas que se ofrecen. Finalmente, hay otra sesión de actuación de medios probatorios y se emite una sentencia. (…) Este es el caso más mediático”, informó la procuradora Liliana Meza a El Comercio.
La Procuradora Especializada en Extinción de Dominio agregó que los distintos casos en contra de Toledo y Karp “no tendrían que colisionar, [pues estos] son procesos independientes y autónomos”.
“En el caso de los procesos penales, lo que se busca es una condena y luego la Procuraduría busca la reparación por el daño que se ha causado por el delito que se les imputa. Pero en el caso del proceso de extinción de dominio, se sigue contra los bienes, la pretensión va contra los bienes”, puntualizó.
Para Eva Fernenburg, suegra de Alejandro Toledo, la Fiscalía ha solicitado diez años de cárcel. (GEC)Entre los domicilios que podrían ser incautados se encuentran los situados en Punta Sal (Tumbes) y la urbanización Camacho, en el distrito de La Molina (Lima). Ambas propiedades se encuentran al nombre de la expareja presidencial.
También figuran una casa, tres estacionamientos y dos depósitos ubicados en el distrito de Santiago de Surco. Estos se encuentran a nombre de la suegra del expresidente, Eva Fernenbug, a quien también se le incautaría una cuenta bancaria por la suma de USD 42, 237.70 “más los intereses que correspondan”.
“Estos bienes han sido adquiridos con dinero o producto de actividades ilícitas. Es importante que la población lo sepa, que este proceso de extinción de dominio, es de carácter real y patrimonial, va contra los bienes. Y lo que se busca al final de este proceso es que el juez decida, a través de una sentencia, que esos bienes pasen al Estado ya que, en efecto, se logró probar que había sido adquirido o provenía de actividades ilícitas”, indicó Meza Quito.
El exdignatario Alejandro Toledo arribó al país el domingo 23 de abril. Llevaba seis años en Estados Unidos. (TvPerú)La funcionaria añadió que la Procuraduría espera llegar a buen término en dichas diligencias. Manifestó que, “definitivamente, el hecho de que se tenga que notificar en este caso a los demandados en domicilios extranjeros —tras la fuga de Karp Fernenbug a Israel— hace que el proceso demore un poco más de lo que podría esperar en cualquier otro caso, donde hayan domicilios aquí en Perú.”
“Actualmente la Ley de Extinción de Dominio tiene sus propias normas, tiene sus propios principios, tiene su propio estándar probatorio. (…) Basta con que tu vincules a una actividad ilícita a estos bienes para que el juez valore y pueda declarar fundada”, indicó al medio citado.
Solo por el caso Ecoteva, la Fiscalía pide 16 años y 8 meses de prisión contra Toledo y Karp, y diez años para Fernenbug. Por la investigación de presuntos hechos de corrupción en la licitación de la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3, solicitan 20 años y 6 meses contra el exmandatario.
Fuente: Infobae
