El vocero del Observatorio de Minería Ilegal manifestó que esta actividad informal “financian no solo campañas, sino la vida de muchos congresistas”. Esto, a raíz de que el Parlamento derogara el decreto legislativo que buscaba frenar el avance de la minería ilegal.
César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, expresó su preocupación luego de que el Congreso de la República derogara el Decreto Legislativo 1607, el cual contemplaba medidas para frenar el avance de esta actividad informal en el país.
“La minería ilegal ha copado muchos espacios, entre ellos el Congreso de la República”, indicó Ipenza en el programa Nunca es tarde de RPP.
Asimismo, manifestó que la minería ilegal representa más de ocho mil millones de dólares, recursos “que financian no solo campañas, sino la vida de muchos congresistas”.
“Eso es lo lamentable, que el interés de un grupo particular, de unos delincuentes, se imponga sobre los bienes comunes”, acotó.
A ello, agregó que “el tema de la derogación de este decreto legislativo no aparecía (ayer) en la agenda del pleno”, pero “se puso a las 7:00 p.m. y al voto” a pesar de no tener “dictamen de una comisión”.
Cabe señalar, que dicha norma, que buscaba fortalecer el proceso de formalización, iba a declarar a los mineros artesanales como ilegales después del 20 de marzo, fecha en que vencía el plazo para que se inscriban en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Además, facultaba a la Policía Nacional a tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos.
No obstante, el gremio minero artesanal, que agrupa a unos 500 000 trabajadores, exige que se respete el plazo de formalización inicial, que les daba hasta finales de 2024 para inscribirse.
En ese contexto, el vocero del Observatorio de Minería Ilegal señaló que existe un proyecto de ley que tiene como objetivo abrir el Reinfo por 90 días.
“¿Y qué hace ese Reinfo? Mineros ilegales que están operando y que son perseguidos, si pasan a estar en el Reinfo la Fiscalía no los puede perseguir ni sancionar”, aseguró.
Por último, explicó que el Ejecutivo podría buscar alguna figura para llevarlo ante el Tribunal Constitucional (TC) y plantear una acción de inconstitucionalidad.
“Es posible que aquellas normas que se aprueben en contra del derecho de todos nosotros a gozar de un ambiente sano y adecuado sean cuestionados en el Tribunal Constitucional”, finalizó.
