El fiscal superior titular Jorge Chávez Cotrina consideró que existe una “motivación oculta” en el dictamen que impulsa el Congreso. Además, señaló que la propuesta vulnera la Constitución y que, por ello, se ha recurrido al TC.
El dictamen también ha sido rechazado por la Junta de Fiscales Supremos, que lo calificó de “inconstitucional”.
El fiscal superior titular Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, en diálogo con RPP, se pronunció respecto al dictamen del Parlamento que propone modificar el Código Procesal Penal para facultar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a estar a cargo de la investigación preliminar de los delitos.
Como se sabe, el pasado 22 de agosto, dicho dictamen fue aprobado por el pleno del Legislativo con 72 votos a favor, 29 votos en contra y 4 abstenciones, con lo que deberá ser sometido a una segunda votación transcurridos siete días calendario, de acuerdo con el Reglamento del Congreso.
Al respecto, Chávez Cotrina indicó que “las facultades investigativas que tiene el Ministerio Público no vienen del Código Procesal Penal”, sino “por mandato constitucional”. Esto, debido a la necesidad de “crear una institución que sea independiente del Poder Ejecutivo y Legislativo que pueda investigar sin ningún tipo de presiones, teniendo en cuenta que la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior y este del Ejecutivo”.
“En historias recientes se ha visto cómo es que el Ejecutivo, cuando un policía no le es grato en una investigación, o lo llaman al orden o simplemente lo cambian de lugar, porque dependen, es jerarquizado (…) En cambio los fiscales, por mandato constitucional, tienen independencia en sus funciones. Un fiscal provincial no recibe presiones ni directivas ni siquiera del fiscal de la Nación”, resaltó.
“Quieren controlar las investigaciones vinculadas a corrupción de funcionarios”
El fiscal superior consideró que hay una “motivación oculta” en el Congreso por este dictamen, ya que son los fiscales quienes investigan a los altos funcionarios públicos.
“Hay una motivación oculta. ¿Quién investiga casos de corrupción de funcionarios? ¿Quién investiga a las altas autoridades? El fiscal de la Nación, los fiscales supremos. ¿Quién investiga a los funcionarios de segundo y tercer nivel? El fiscal provincial. ¿Qué ocurriría si es que estas investigaciones pasan a la PNP? Definitivamente, si un policía tiene la osadía de investigar a un funcionario de alto nivel que sea allegado al gobierno de turno, simplemente lo van a llamar o lo van a cambiar y se acabó la investigación”, aseveró.
“Por eso es que necesitamos un ente independiente para que pueda enfrentar este tipo de investigaciones. Lo que quieren es sacar todos los casos de corrupción de la Fiscalía para pasarlos a la Policía Nacional, lo cual, históricamente, no ha dado resultados”, apuntó.
En ese sentido, Chávez Cotrina remarcó que “definitivamente, quieren controlar las investigaciones vinculadas a corrupción de funcionarios”.
Asimismo, señaló que la Policía Nacional, en caso la propuesta se convirtiera en ley, no cuenta con la capacidad operativa para desarrollar las referidas investigaciones.
“Esta norma que pretende modificar el Código Procesal para darle esas atribuciones a la Policía (…) no ha hecho un análisis técnico, operativo ¿Les han preguntado a los jefes de las Dipincri si están en capacidad operativa para llevar la investigación? ¿Están dotando de laboratorios de criminalística a las unidades Depincri a nivel nacional? No”, sostuvo.
“Yo he conversado el otro día con los comandos policiales y nos dicen: ‘doctor, el problema que vamos a tener es que no tenemos personal’. Solamente en el Callao -y por necesidad, y porque la Policía no nos puede apoyar- los fiscales tenemos más de 10 000 carpetas en investigación preliminar. ¿Qué ocurriría si se promulga la ley esta semana? Al día siguiente, los fiscales tendrían que, por mandato de la ley, derivar esas 10 000 carpetas a la Depincri del Callao, que creo que tiene 80 en personal de investigación. ¿Creen que con 80 personas van a poder cumplir con las funciones que la nueva norma les da? Es imposible. ¿Qué va a ocurrir ahí? Las investigaciones se van a alargar”, explicó.
Chávez Cotrina dijo que, incluso, ha tenido información de fiscales “que han derivado investigaciones a la Policía, y han pasado dos o tres meses y ni siquiera han podido llamar a los agraviados a declarar y dicen ‘no tenemos personal”. “Dos meses y no han hecho una sola dirigencia por falta de personal, no es porque no quieran”, apuntó.
Finalmente, el fiscal superior indicó que espera que el Tribunal Constitucional dirima la inconstitucionalidad de la propuesta, ya que el Ministerio Público ha presentado una acción en esa línea.
“Es una posición de la Junta de Fiscales Supremos recurrir en una acción de inconstitucional (…) Esperemos que el Tribunal Constitucional interprete la norma dentro del marco constitucional, porque la facultad de investigar no nos da el Código Procesal, nos da la Constitución Política”, puntualizó.
Fuente: RPP
