A la FiscalÍa. Testigo con clave 090J-2020 señala que Fuerza Popular brinda protección política y legal a los dueños de la pesquera Hayduk. Mildo Martínez habría entregado aportes por hasta 20 millones de dólares a las campañas políticas desde el 2006. El testigo sería el empresario pesquero Óscar Peña.
La excandidata presidencial Keiko Fujimori habría utilizado su poder político y sus contactos con la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ para brindar protección judicial y administrativa al empresario pesquero Mildo Martínez de la empresa pesquera Hayduk, según el aspirante a colaborador eficaz con clave 090J-2020.
A cambio de ese apoyo, de acuerdo con el referido colaborador y otros investigados, Martínez habría realizado importantes donaciones a las campañas políticas de Fuerza Popular, desde el 2006 hasta la actualidad, revelaron fuentes judiciales.
Las fuentes hablan de hasta 20 millones de dólares entregados en efectivo, en diferentes momentos de las campañas del 2006 al 2021. Parte de esta información ha sido entregada a la Fiscalía o están en proceso, de acuerdo con las fuentes consultadas por La República, que hablaron bajo condición de anonimato.
Detrás de la clave 090J-2020 se encontraría el empresario pesquero Óscar Peña Aparicio, a quien públicamente se le atribuye ser el “Rey de la Pesca Negra” en el Perú. Los abogados de Peña no confirman este dato.
A fines del año 2020, Peña decidió someterse a colaboración eficaz, luego de que su situación jurídica se complicó por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Hoy se encuentra en la clandestinidad desde donde afirma que su situación es parte de un guerra pesquera-política.
“Quien examine la realidad de las cuotas de pesca, de lo que se decide en Produce o Imarpe e incluso las medidas cautelares, verán que yo no tengo nada de rey, como dicen. Lo que buscan es silenciarme y que no reclame las injusticias en el mundo pesquero”, afirma Peña.
Atrapado
En noviembre del 2020, el juez supremo Hugo Núñez Julca expidió una orden de detención en contra de Peña para que cumpla prisión preventiva por su relación con el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos Montalvo y el juez superior Daniel Peirano.
Más recientemente, en julio 2021, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Callao incrementó a siete años de prisión una condena en su contra por sus tratos con el exgobernador regional Félix Moreno por la venta de los terrenos del fundo Oquendo.a por revelar actos de corrupción
Ante esta situación, que lo obligó a ocultarse, los abogados de Óscar Peña se acercaron al despacho del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón. Parte de la declaración del colaborador clave 090J-2020 ha trascendido a la prensa, en medio de un desencuentro entre el despacho de Fernández y el fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez.
De acuerdo con las fuentes, Peña Aparicio considera que la Fiscalía Suprema no lo quiere escuchar y por eso sus abogados acudieron donde Pérez Gómez.
“… De manera reservada, nuestro patrocinado ha brindado información que tendría relación con hechos que conoce su despacho (el financiamiento ilícito a la campaña de Fuerza Popular y Keiko Fujimori), los mismos que de modo general le hemos explicado en la entrevista que en la fecha hemos sostenido con usted”, le indicaron los abogados de Peña al fiscal Pérez.
El fiscal del equipo Lava Jato elevó un informe al fiscal supremo Pablo Sánchez. El desencuentro es producto de la diferencia de competencias de las fiscalías. Fernández está investigando la información entregada por el aspirante, pero teniendo en cuenta su competencia.
Lo que cuenta Peña
De acuerdo con lo que ha trascendido, el colaborador 090J-2020 entregó información sobre 4 hechos: 1) el nombramiento irregular de cuatro jueces de la Corte Suprema, 2) el intento de cambiar al consejero del CNM Baltazar Morales Parraguez, 3) entregas de dinero al expresidente del CNM Guido Aguila y 4) el apoyo de congresistas de Fuerza Popular a Mildo Martínez.
El colaborador refiere que Óscar Peña prestó su estudio en el hipódromo a Guido Aguila para reuniones privadas en el proceso de selección y nombramiento de cuatro jueces supremos titulares, el 2017. En esas reuniones, Peña habría tomado conocimiento directo y por referencias de Aguila de la intromisión de Fuerza Popular y Keiko Fujimori en la elección de jueces de la Corte Suprema.
En una primera reunión se entregó a un grupo de ocho a diez postulantes las preguntas del examen de conocimiento que darían el 24 de setiembre del 2017. Además, en el stud se brindó asesoría a un grupo de postulantes para la formación de su currículo, luego del examen de conocimientos.
Los magistrados, de acuerdo con el colaborador, que recibieron el examen escrito fueron Martín Hurtado Reyes, Carlos Arias Lazarte, Walter Ríos Montalvo, Doris Céspedes Cabala de Nuñez, Samuel Sánchez Melgarejo, Ricardo Vinatea Medina y Juan Cotera Chávez. Cada uno de ellos llegó y fue atendido por separado.
Al llegar al stud, “los recibía el consejero Guido Aguila, y entonces se los presentaba a Óscar Peña. Luego cada postulante subía al segundo piso del stud y allí en un ambiente que es como un comedor se sentaba el postulante y la asistente enviada por Aguila Grados le entregaba el examen para que el postulante lo leyera”, relató el colaborador.
Agregó que recordaba que despúes de esa reunión, Peña trasladó en su auto al juez Carlos Arias Lazarte hasta cerca de la sede del Colegio de Abogados de Lima, en Miraflores. En el trayecto, Arias Lazarte le habría manifestado sentirse avergonzado, pero que en un anterior concurso lo habían vetado y consideraba que esta era su oportunidad para accender.
A unos postulantes les entregaron el 75% de las preguntas y respuestas y a otros solo el 50% para que sintieran el poder y el favor que les estaban haciendo.
“En relación con el postulante Martín Hurtado Reyes, este fue designado por presión de la señora Keiko Fujimori, lo que tuvo conocimiento en un almuerzo realizado en diciembre del 2017, cuando se anunciaron los resultados finales del concurso”, dice el colaborador.
Además, refiere que previamente el procurador Wagner Vidarte le reveló que Guido Aguila estaba pactando con el fujimorismo para copar la Corte Suprema. Cuando le preguntaron a Aguila, este habría respondido que Fujimori apoyaba a dos candidatos, Martín Hurtado y Aldo Figueroa.
El nombramiento de estos jueces supremos titulares era clave pues cambiaba la correlación de fuerzas en la suprema. Los cuatro que ingresaron el 2017 supuestamente apoyarían la elección de Ángel Romero o César Hinostroza en la presidencia del Poder Judicial.
De los que habrían asistido al stud fueron nombrados jueces supremos titulares Martín Hurtado Reyes y Carlos Arias Lazarte. La actual Junta Nacional de Justicia ha destituido a Martín Hurtado. En tanto, Arias Lazarte continúa en la magistratura. En calidad de juez supremo titular, Carlos Arias integra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y y es presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG).
Igualmente, dice el colaborador, en las oficinas de Peña se realizaron diversas coordinaciones entre los congresistas Rolando Reátegui y Úrsula Letona y Guido Aguila para sacar del CNM al consejero Segundo Morales Parraguez y reemplazarlo por accesitaria María Zavala Valladares.
El plan para sacar a Morales Parraguez del CNM fracasó en el Congreso. Años después, fines del 2019, la comisión especial designó a Zavala Valladares integrante de la Junta Nacional de Justicia, el ente que sucedió al CNM. Las declaraciones del aspirante a colaborador que implican a la María Zavala han sido derivadas a la fiscal provincial Magaly Quiroz Caballero para la investigación respectiva.
Durante la época de las reuniones en el stud de Óscar Peña, ella no ejercia ningún alto cargo público por lo que no puede ser investigada por la fiscalía suprema. Zavala deberá dar las explicaciones ante la fiscal Quiroz, que forma parte del Equipo Especial que investiga a la red “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El caso número 4
El colaborador 090J-2020 también refiere que el 2017, Óscar Peña recibió una llamada del abogado José Oré para invitarlo a una reunión almuerzo en el restaurant japonés en Camacho, con una tercera persona que resultó ser la jueza civil Mirtha Céspedes.
Dicha magistrada estaba a cargo de un juicio iniciado por Mildo Martínez, de la pesquera Hayduk por el control del permiso de pesca de la embarcación CZ4 de LSA Enterprise. En el almuerzo, la jueza le anuncia a Peña que va a perder el juicio y que lo mejor para todo es que venda el permiso de pesca a Martínez, “una persona con mucho poder y lo iba a destruir”.
A partir de entonces, asegura, Peña comenzó la campaña que lo convertiría en el “Rey de la Pesca Negra”. Tiempo después, continúa el relato, la congresista Letona lo visitó en su oficina para darle el mismo mensaje: vender el permiso de pesca a Martínez o lo iban a quebrar a través de Produce y la Sociedad Nacional de Pesquería.
“La relación con el señor Mildo Martínez con estas dos personas que han actuado como sus emisarias tiene que ver con el financiamiento que da a Fuerza Popular desde la campaña del 2006″, afirma el aspirante a colaborador.
El 090J-2020 y otros procesados del caso Cuellos Blancos refieren que el dinero se entregaba en las oficinas de Chimbote de Hayduk, a un intermediario de Fujimori, que podría ser Jaime Yoshiyama. En fechas claves, esta persona ingresaba a la cochera en una camioneta y luego salían cuatro vehículos en caravana rumbo a Lima para proteger el traslado de los aportes.
Palabras que la Fiscalía buscará corroborar con los indicios o pruebas que aporte el aspirante a colaborador y sus abogados.
La antigua relación Fujimori, Hinostroza y Hayduk
“Si hay algo a lo que le teme Keiko Fujimori es que se investigue el financiamiento que recibe de la familia Martínez desde su campaña al Congreso el 2006. El colaborador tiene información y quiere entregarla a la Fiscalía”, afirman allegados al empresario Óscar Peña.
Aseguran que es a través de la familia Martínez que el prófugo juez supremo César Hinostroza se habría relacionado con Fuerza Popular y Keiko Fujimori. El 2005, Hinostroza presidió el tribunal que absolvió a los principales acciones de la empresa pesquera Hayduk de una acusación de narcotráfico que se inició en 1998.
En los 90, Keiko Fujimori se enfrentó a Vladimiro Montesinos para evitar que las hermanas de Mildo Martínez ingresen a prisión por ese caso e impidió la intervención judicial de la empresa Hayduk.
El 13 de setiembre del 2019, la fiscal Lizbet Flores Sosa inició una investigación por organización criminal contra Mildo Martínez por presuntos negociados con los permisos de pesca
Las transcripciones
La declaración del colaborador 090J-2020 trascendió a partir de unas transcripciones realizadas por el despacho del fiscal José Domingo Pérez.
El aspirante a colaborador relata gestiones de la entonces congresista Úrsula Letona a favor de un empresario pesquero por el control de un permiso de pesca y el financiamiento político.
Descargos
Fuerza Popular. Keiko Fujimori solo ha admitido un aporte de 10 mil dólares de Ana Martínez Moreno, el 2006, de manera legal. Ha negado cualquier otro aporte.
Hayduk. Los representantes de la empresa pesquera Hayduk también han negado aportes ilegales a las campañas de Keiko Fujimori. Walter Martínez Moreno declaró sobre este tema ante el fiscal José Domingo Pérez en la investigación sobre los aportes el 2011.
Tomado de la República