Cuando instituciones del Estado entran en litigio, existe afectación en el corto y largo plazo. Según especialistas, la democracia está en juego, pero también la administración de justicia y la imagen internacional del Perú como país que respeta el equilibrio de poderes.
En su última encuesta de opinión publicada en octubre último, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que tres de cada cuatro peruanos consideran que si el Congreso destituye a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se afecta a la democracia del país.
¿Cómo se puede traducir esa afectación a la democracia?, ¿cómo este choque entre el Congreso y los miembros de la Junta Nacional de Justicia afecta o impacta al ciudadano o ciudadana de a pie? ¿Este enfrentamiento afecta la imagen del país? Para resolver estas interrogantes es necesario poner en perspectiva, primero, cómo y por qué nace el conflicto del que tanto se habla en la esfera política.
Los antecedentes
El 7 de septiembre, por votación de mayoría, el Pleno del Congreso aprobó encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del parlamento una investigación a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por causa grave en un plazo máximo de 14 días hábiles. La moción fue impulsada por la congresista Patricia Chirinos y respaldada por parlamentarios de bancadas como Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso.
La JNJ está conformada por siete jueces y una de sus principales funciones es la de nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todo el país. También al jefe(a) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al jefe(a) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Actualmente, la JNJ está conformada por los jueces Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Humberto de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán; quienes habrían cometido falta grave por la cual deben ser destituidos de sus funciones.
¿Cómo afecta al ciudadano el conflicto entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia?
Cabe recordar que la JNJ inicia funciones en enero de 2020, tras la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura (que tenía las mismas funciones), al revelarse en el 2018 el escándalo de corrupción conocido como los “CNM audios”, o “cuellos blancos del puerto”, que evidenció que sus jueces miembros encargados de fiscalizar la labor de sus colegas, por el contrario, negociaban con ellos a cambio de favores incurriendo en actos ilícitos.
Volviendo al 2023, entre las faltas graves en las que habrían incurrido los miembros de la JNJ son: emitir un pronunciamiento sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos, hecho considerado como intromisión, así como haber infringido la normativa respecto a la edad para ocupar el cargo como miembro titular, porque a la fecha la magistrada Luz Tello supera la edad límite de 75 años.
Desde septiembre a la fecha, los miembros de la JNJ han expuesto sus descargos de defensa tanto ante la propia comisión del Congreso que los investiga, como en los medios de comunicación y han negado haber cometido falta grave alguna.
Incluso, han recurrido a la vía legal para detener el intento congresal, logrando de momento que un juzgado del Poder Judicial decida suspender provisionalmente la investigación e imputación de cargos en su contra por parte del Congreso.
