En el centro de la capital de Perú se reunieron indígenas de distintos puntos del país para instar al gobierno de Pedro Castillo a que garantice la seguridad en sus asentamientos, que se ven acosados por actividades como la minería y la explotación forestal. También abogaron por justicia luego del asesinato de defensores medioambientales. Esto sucede en un momento de resistencia indígena, que incluso ha derivado en la toma de instalaciones mineras a modo de protesta.
El último jueves fue una jornada marcada por los reclamos de los representantes de las comunidades indígenas de todo Perú, las cuales convergieron en Lima bajo un mismo grito de protesta ante las problemáticas que aquejan a sus territorios. Estos grupos denuncian que empresas y estados regionales buscan derogar leyes proteccionistas para dar lugar a actividades como la deforestación y la minería.
Además, exigieron justicia para los defensores ambientales que han sido asesinados en sus comunidades recientemente. No obstante, el lema central de los manifestantes fue la solicitud al gobierno de Pedro Castillo para que ayude a mantener las legislaciones que otorgan derechos colectivos sobre las tierras.
Tanto organizaciones criminales como compañías privadas han amedrentado a los grupos indígenas reiteradamente, sobre todo a aquellos que están asentados en reservas naturales o zonas ricas en minerales.
“En esta oportunidad venimos a solicitar que el gobierno del presidente Castillo, por quien hemos votado, nos escuche”, expresó Teresita López, integrante de la comunidad yanesha, radicada en el centro del país.
Además, agregó que “los indígenas siempre han sido minimizados, invisibilizados”. “También somos peruanos como todos, pero siempre nos han dejado de lado”, acusó.
Jorge Pérez, presidente de la Asociación Pluripersonal para el Desarrollo de la Selva Peruana -la cual representa a 1.800 comunidades indígenas-, dijo que la ley de Consulta Previa (que establece la necesidad del consentimiento de los pueblos originarios para la aprobación de legislaciones que afecten sus derechos colectivos) “está siendo amenazada por el Tribunal Constitucional”. “Pedimos defender a las comunidades en aislamiento voluntario”, acentuó.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) también pidió el jueves que contenga a los pueblos nativos de Loreto, hostigados por las autoridades regionales que quieren derogar la legislación que los ampara.
“Es solo para que puedan explotar los recursos naturales que estas comunidades han protegido por más de mil años”, denunció Pérez.
A través de una carta, la Aidesep y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) instaron a Castillo a pronunciarse públicamente a favor de la ley.
La administración de Loreto promueve el levantamiento de la norma para abrirle el paso a otras actividades y obras, algo que implicará “el exterminio de colectivos humanos” y sería “una irresponsabilidad incalificable y flagrante violación de derechos que apunta al genocidio”, según Aisep y Orpio.
Las organizaciones pidieron que el Ejecutivo nacional presione al Gobierno regional de Loreto para que declare la nulidad de las 47 concesiones forestales que brindó en los territorios de los pueblos en situación de aislamiento.
Esta ley, promulgada en Perú desde 2006, tiene como finalidad asegurar los derechos fundamentales de los pueblos en aislamiento o de contacto inicial y dispone la soberanía de ellos sobre las reservas naturales de los territorios.
El marco de conflicto ha llevado a que grupos indígenas resistan de cualquier manera, entre ellas tomando las instalaciones en las minas de cobre, como sucedió con la de Las Bambas el mes pasado, una situación que continúa y que llegó a las oficinas de Castillo. El presidente se reunió el último miércoles para mediar entre las partes y buscar la resolución del enfrentamiento, algo que avanza a paso lento.
Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, dijo al respecto:
La movilización llegó frente al @congresoperu, se exige que se ratifique Escazú, que se legisle a favor de los pueblos y no se derogue la Ley de PIACI. No a la aprobación de leyes contra la Amazonía.
