Concesionaria de Lomo de Corvina: hay que agotar el diálogo con invasores sino se procederá “de acuerdo a ley”

Alejandro Garland, gerente general de la empresa minera Luren, encargada de operar la concesión de la zona de Lomo de Corvina (Villa El Salvador), indicó este martes que se debe “agotar todo el dialogo posible” con las personas que han invadido dicho terreno, sino se deberá “proceder de acuerdo a ley”.

“Las entidades del Estado y la Policía han hecho denodados esfuerzos, que agradecemos. Creo que se tienen que agotar todas estas conversaciones, todos estos diálogos. Sin embargo, hay que entender que es una operación peligrosa con cierto riesgo el desalojar a estas personas. (Sin embargo), el riesgo (de dejarlos) a largo plazo es mucho mayor”, indicó Garland en una entrevista con Canal N.

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En otro momento, Garland señaló que Lomo de Corvina “no es la zona más segura” para construir una vivienda. Además, recordó que hace muchos años Indeci lo declaró como una “zona de altísimo riesgo para vivir”.

“Es un arenal con una pendiente que tiene una inclinación considerable y que, de consolidarse algún tipo de asentamiento humano con esta vivienda construida sobre la base de la autoconstrucción, un sismo moderado o severo haría que todas estas colapsen inevitablemente”, explicó.

Además, remarcó que esta zona ha sido declarada arqueológica intangible por el Ministerio de Cultura. “Hay que defender y respetar este punto, sino el día de mañana van invadir zonas de Pachacamac, Caral. Tantas zonas arqueológicas de alto valor para nuestra cultura y que tienen que ser respetadas”, puntualizó.

Gobierno pide a invasores que abandonen el lugar

Gisselle Huamaní, titular de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó, el pasado domingo, que el Gobierno no tiene pensado reubicar a los invasores que ocupan la zona de Lomo de Corvina.

Señaló – en declaraciones a la prensa- que deben ser ellos los que abandonen el lugar y regresen a sus hogares de origen. Advirtió que si la ocupación ilegal continúa, tendrán que aplicar fórmulas legales que permitan defender la propiedad.