El 14 de setiembre, un día previo a su censura, el todavía ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, presentó una demanda de amparo contra los 35 parlamentarios que impulsaron su destitución. El objetivo de Alvarado era –y aún es– detener este proceso en su contra.
Sus argumentos eran que la moción pedía retirarlo del cargo con base en hechos que no corresponden a su gestión en la cartera de Transportes y Comunicaciones. Como se sabe, la Fiscalía lo investiga por presuntos actos de corrupción cuando él dirigía el Ministerio de Vivienda, en el marco del caso Anguía.
El Ministerio Público sostiene que Alvarado integra una organización criminal que favorece con obras a empresarios cercanos al presidente Pedro Castillo y su familia.
Para Alvarado, estos hechos no lo desacreditan como ministro. Su acción de amparo, además, apela al debido proceso. Es decir, considera que mientras no tenga sentencia el Congreso no puede destituirlo por estar involucrado en casos de corrupción.
Usa la presunción de inocencia para frenar un proceso que le compete al Congreso y, así, quedarse en el gabinete y conservar su inmunidad.
Sin embargo, pese a todo, ayer temprano Alvarado fue censurado en el pleno: 94 congresistas votaron a favor, 14 en contra y 8 se abstuvieron. Las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú apoyaron su remoción.
Mientras que las demás bancadas de izquierda intentaron protegerlo. En Cambio Democrático, en el bloque conformado por Juntos por el Perú-Nuevo Perú, tres congresistas respaldaron la censura a Alvarado: Edgar Reymundo, Sigrid Bazán y Ruth Luque.
Ahora el presidente Castillo tiene tres días para hacer jurar al nuevo titular del MTC.
La demanda de amparo, según los juristas Ana Neyra y Jorge Adrián Zúñiga, ya no podrá revertir la decisión del Congreso. Por razones de fondo y de forma. “Sucede que la demanda de amparo no detiene efectos, solo una medida cautelar (puede hacerlo)”, precisó la exministra de Justicia Ana Neyra.
Y el recurso interpuesto por Alvarado no incluye una solicitud de cautelar. Así más adelante el Poder Judicial falle a favor del censurado ministro, el veredicto del Parlamento ya no se revertirá. “No hay posibilidad de retroactividad. Él hubiera pensado en una medida cautelar, pero ya es imposible (que tenga efecto)”, puntualizó el abogado Jorge Adrián Zúñiga.
A eso se suma que el Congreso aún no es notificado por el Poder Judicial respecto a la demanda presentada por los abogados del extitular de Vivienda. Así lo confirmaron a La República fuentes de la Procuraduría de esta institución. Por lo pronto, la Fiscalía ha pedido el impedimento de salida del país para él (la audiencia donde se definirá esto será el miércoles 21 de setiembre, a las 10 horas) para evitar que se fugue como su antecesor Juan Silva, hoy aún prófugo. Migraciones emitió ayer por la noche la alerta correspondiente. Percy Ipanaqué, abogado de Alvarado, no descarta entregar el pasaporte de su patrocinado.
La próxima censura
Mientras eso, las bancadas de Avanza País y Renovación Popular alistan otra moción de censura. En el hemiciclo, en paralelo a la votación de la destitución del aún titular del MTC, estas agrupaciones recolectaban firmas para un pedido de destitución contra el ministro del Interior, Willy Huerta.
El Congreso interpeló a Huerta el 7 de setiembre por los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, que presuntamente responden al interés del presidente Castillo por evitar que el Equipo Especial de la PNP, que colabora con la Fiscalía de la Nación, encuentre al sobrino del mandatario, Fray Vásquez Castillo, y al prófugo exministro Juan Silva.
Siguiente. Ayer ya pedían firmas para censurar a Huerta. Foto: Antonio Melgarejo/La República
De concretarse esta medida contra Huerta, sería el séptimo ministro en caer en menos de dos años del gobierno de Castillo.
Fuente: La Republica
