Según Ojo Público, el congresista de Honor y Democracia aumentó el rubro “otros” en su declaración de bienes y transfirió la propiedad de su departamento en San Isidro a su esposa.
No todos los congresistas han visto un aumento en su patrimonio; algunos han registrado una reducción significativa. Tal es el caso de Jorge Montoya, miembro de la bancada Honor y Democracia. Según una investigación de Ojo Público, el parlamentario ha disminuido su patrimonio en más de medio millón de soles desde que ingresó al Congreso de la República. En 2021, cuando inició su periodo congresal, declaró bienes valorizados en S/849.950. Para 2023, este monto se redujo a S/96.420
Sin embargo, este no es el único movimiento patrimonial llamativo del congresista. La investigación revela que, al momento de declarar su patrimonio al ingresar al Parlamento, Montoya registró la cifra de S/359 en el rubro “otros”. Para 2022, este monto aumentó considerablemente, alcanzando S/105.193. En 2023, la cifra bajó a S/94.540, lo que sigue representando un incremento significativo respecto del monto inicial. Además, este año, el congresista realizó una modificación en los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), dejando como única propietaria de su departamento y sus tres estacionamientos en San Isidro a su esposa, María del Carmen Ruibal Muente de Montoya. Estos bienes están valorizados en más de S/300.000.
“Podría evidenciar la existencia de fuentes de rentas irregulares”
Martín Cabrera Marchán, abogado y exgerente de relaciones institucionales de la Contraloría General de la República, sostuvo que la reducción patrimonial hallada en la investigación periodística también podría sentar un precedente negativo. Para el letrado, no solo el aumento injustificado constituye un posible indicio de presuntos delitos, sino también las reducciones radicales de este tipo.
“Hay casos en los que se puede evidenciar la existencia de fuentes de rentas irregulares, informales o ilegales y, por lo tanto, algunos optan por declarar una reducción de su patrimonio”, declaró para el medio citado.
El caso particular de Montoya implica una serie de maniobras legales para proteger su patrimonio. Cabrera Marchán consideró que las transferencias de bienes y los adelantos de herencia —prácticas legales en sí mismas— se utilizan también como estrategia por parte de funcionarios que podrían ser investigados por la Fiscalía y procesados por el Poder Judicial, con el objetivo de salvaguardar sus patrimonios frente a posibles embargos.
Asimismo, enfatizó la necesidad de conocer siempre los motivos detrás de cualquier cambio significativo en el patrimonio, ya sea un incremento o una reducción. Cabe mencionar que ninguna ley obliga a los funcionarios a justificar la disminución de sus bienes en las declaraciones juradas, salvo cuando la Contraloría decida iniciar una fiscalización de dichas declaraciones de bienes y rentas.
Otros congresistas bajo la lupa por su manejo patrimonial
El caso de Montoya no es aislado. Al menos otros tres congresistas han registrado reducciones patrimoniales considerables y movimientos financieros que han despertado sospechas. Se trata de Digna Calle (Podemos Perú), Héctor Valer (Somos Perú) y María del Carmen Alva (no agrupada).
Digna Calle declaró en 2021 un patrimonio de S/11,3 millones solo en bienes. Para 2024, esta cifra se redujo a S/3,1 millones, una disminución de más de S/8 millones. Sin embargo, lo más llamativo es la variación en el rubro “otros”: en 2021, declaró S/496.540; al año siguiente, esta cifra se disparó a S/12,3 millones. Para 2024, el monto volvió a niveles cercanos a su valor inicial, situándose en S/404.344. Actualmente, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra la parlamentaria y su esposo por presunto lavado de activos.
Por su parte, Héctor Valer Pinto declaró al inicio de su gestión congresal bienes valorizados en S/1,56 millones. Dos años después, este monto se redujo a S/105.000, mientras que el rubro “otros” aumentó de S/5.662 a S/1,6 millones en el mismo periodo. El ex primer ministro justificó estos movimientos argumentando un proceso de herencia tras el fallecimiento de su esposa, aunque no registró ventas que expliquen estos cambios. Tampoco figura en registros de Sunarp como propietario de inmuebles ni como vendedor de los mismos. En 2024, declaró un aumento de su patrimonio en bienes a S/488.000 y del rubro “otros” a S/2,5 millones.
En el caso de María del Carmen Alva Prieto, cuando postuló al Congreso en 2020, declaró bienes por S/634.072 y un monto de S/17,3 millones en el rubro “otros”, compuesto principalmente por acciones y ahorros. Sin embargo, en 2021, al asumir su curul, su patrimonio se redujo drásticamente. Sus bienes aumentaron a S/949.682, pero el rubro “otros” cayó a S/624.535 sin una explicación clara. Actualmente, la congresista tiene registradas tres propiedades en La Molina, Lince y Chorrillos, mientras que otras seis figuran como inactivas. En 2024, reportó bienes por S/644.576 y el rubro “otros” subió a S/2.1 millones sin una justificación detallada. Al respecto, Alva afirmó que su declaración refleja bienes conyugales y rechazó otras interpretaciones.
