El Congreso dispuso que los pagos a los abogados se realicen en cuatro partes, dependiendo del avance de los procesos.
Durante la sesión de la Mesa Directiva del Congreso llevada a cabo el pasado martes 11 de marzo, aprobaron la contratación de abogados para la defensa legal de cuatro parlamentarios investigados por presuntos delitos cometidos durante su presente gestión. Según el acta, los legisladores beneficiados son Luis Cordero Jon Tay (Somos Perú), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Hilda Portero (AP) y Kelly Portalatino (Perú Libre), quienes enfrentan procesos por corrupción, tráfico de influencias y peculado.
El acuerdo establece que los gastos legales serán cubiertos con fondos del Congreso hasta un tope de 8 UIT (S/41.200). Sin embargo, si los parlamentarios son hallados culpables, deberán reembolsar el costo de la defensa, según el documento que accedió este medio.
El Congreso también dispuso que los pagos a los abogados se realicen en cuatro partes, dependiendo del avance de los procesos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto será la encargada de supervisar los desembolsos y verificar la labor de los defensores legales.
Entre los casos más polémicos está el de Luis Cordero Jon Tay, investigado por presuntos delitos de cohecho. También figura Patricia Chirinos, incluida en una pesquisa fiscal por peculado doloso agravado, Hilda Portero, acusada de organización criminal y tráfico de influencias y Kelly Portalatino por negociación incompatible cuando se desempeñó como ministra de Salud.
Luis Cordero Jon Tay busca librarse de la investigación que lo involucra con Jorge Hernández ‘El Español’, ciudadano extranjero sindicado por la Fiscalía como coordinador de un presunto grupo de contrainteligencia formado durante el gobierno de Pedro Castillo para espiar a los opositores políticos y amedrentar a altas autoridades,
A Patricia Chirinos se le investiga por las coordinaciones que habría realizado con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los magistrados de la Tercera Sala Constitucional de la Corte de Lima, por el presunto delito de prevaricato, tras declarar fundada una medida cautelar a favor de la JNJ para que se suspenda el debate del informe final de la Comisión de Justicia que buscaba suspender a los tribunos.
Hilda Portero trata de salir limpia de la investigación que la involucra en el caso Los Niños, que se destapó por Pedro Castillo, los mismos que supuestamente intercambiaban favores para beneficiarlo al expresidente.
En tanto, en el caso de la congresista Kelly Portalatino, se le investiga por la contratación de Rommy Vásquez Yáñez en el Ministerio de Salud y en el Legislativo. Según la tesis fiscal, en noviembre de 2022, Portalatino Ávalos, en su calidad de ministra de Salud, habría inducido al jefe de Gabinete de Asesores de Alta Dirección del Minsa, José Celiz, para direccionar la contratación de Rommy Vásquez, con la finalidad de que brinde el servicio de asistente administrativo.
Fuente: La República
