El Parlamento resolvió, en segunda instancia, que el derecho a una pensión como expresidente de Pedro Castillo queda “en suspenso” hasta que “no exista una sentencia judicial” que lo declare inocente en los delitos que se le imputan.
El Congreso de la República rechazó, en segunda instancia, el pedido que realizó el expresidente Pedro Castillo de recibir una pensión vitalicia por haber ejercido como jefe de Estado.
Como se recuerda, el pasado 26 de marzo, Castillo Terrones formuló dicha solicitud al Parlamento. No obstante, el Departamento de Recursos Humanos del referido poder del Estado respondió, el 11 de abril, que el exmandatario “se encuentra incurso en la suspensión del derecho a percibir la pensión para expresidentes”, debido a una denuncia constitucional en su contra seguida por el Congreso.
No obstante, Pedro Castillo interpuso recurso de apelación señalando que “fue vacado de manera ilegal e inconstitucional” el 7 de diciembre del 2022, y que a partir del día siguiente “ya había adquirido el derecho a pensión vitalicia, mientras que la denuncia constitucional fue aprobada con posterioridad, cuando el derecho a pensión ya lo había adquirido constitucionalmente”.
“Querer desconocer este derecho posteriormente resulta arbitrario e ilegal, y que al estar investigado todavía goza de la presunción de inocencia, resultado desproporcional y arbitrario que se restrinjan sus derechos pensionarios”, alegó Pedro Castillo, según indica la resolución parlamentaria.
Sin embargo, la Dirección General de Administración del Congreso resolvió en segunda instancia el petitorio. En ese sentido, consideró que está acreditado que “el Congreso ha formulado acusación constitucional” contra Pedro Castillo, por lo que el derecho del expresidente a percibir una pensión vitalicia “queda en suspenso hasta que no exista una sentencia judicial que lo declare inocente de los delitos que se le imputan”.
El juez supremo Juan Carlos Checkley seguirá interviniendo en el proceso penal seguido contra el expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre del 2022.
Esto debido a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el pasado 7 de mayo, declaró infundada la recusación que presentó el exmandatario con la que buscaba apartar a dicho magistrado de este proceso penal, argumentando una supuesta falta de imparcialidad en su contra.
La defensa legal del exmandatario sostuvo que Checkley Soria tiene un vínculo de parentesco con el que fuera ministro de Defensa de la actual gestión gubernamental, Jorge Chávez Cresta, y laboró como “brazo derecho” del entonces ministro de Trabajo Carlos Torres y Torres Lara en el periodo del golpe de Estado de 1992, durante el régimen de Alberto Fujimori.
No obstante, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín determinó que los argumentos de la defensa legal de Castillo Terrones no han sido expuestos con seriedad y consistencia, ya que fueron presentados sin fundamento de derecho alguno, por lo que dicha recusación carece de los elementos necesarios para reconocer su seriedad y mérito.
En la actualidad, el juez supremo Juan Carlos Checkley lleva adelante la etapa de control de la acusación de 34 años de prisión que presento la Fiscalía contra el expresidente Pedro Castillo, por los presuntos delitos de rebelión y otros en agravio del Estado.
