Las más altas autoridades del país, incluyendo al presidente Francisco Sagasti, indicaron que es “ajeno a una democracia promover rupturas constitucionales para acceder al poder”.
El Consejo de Estado, integrado por las altas autoridades de los tres poderes del Estado, además del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Contraloría General de la República, emitió este martes un pronunciamiento en el cual insta a la ciudadanía mantener “la tranquilidad” y respetar “los resultados” de las segunda vuelta electoral del pasado domingo 6 de junio.
El documento indica que es “ajeno a una democracia promover rupturas constitucionales para acceder al poder” y se explica que “los discursos que incentivan el odio entre peruanos, no contribuyen a la paz social ni a consolidar los valores democráticos”.
“Mantengamos la tranquilidad y respetemos los resultados. Dentro del marco de sus competencias, las autoridades electorales deberán emitir los resultados finales y proclamar a la persona que ejercerá la presidencia del país en los próximos cinco años. Las agrupaciones políticas, conforme se comprometieron, y la ciudadanía en general debemos esperar y respetar los resultados finales de la elección”, se lee en el pronunciamiento.
“La crítica seria, la información basada en la verdad y respetuosa, contribuyen a la formación de una opinión pública libre y tolerante. Los discursos que incentivan el odio entre peruanos, no contribuyen a la paz social ni a consolidar los valores democráticos. […] Respetamos a nuestros organismos electorales. A ellos les corresponde resolver cualquier controversia planteada en el proceso electoral. Rechazamos cualquier tipo de presión y campañas de desprestigio hacia las autoridades electorales”, indican.
El comunicado del Consejo de Estado se encuentra suscrito por el presidente Francisco Rafael Sagasti; la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Luz Valcárlez Tello de Ñecco; y la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma.
Asimismo, firman el documento el titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack; el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.