Desde mediados de 2024, un grupo de dirigentes políticos peruanos ha impulsado una serie de medidas que buscan limitar el financiamiento y las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Estas acciones, lideradas por Fuerza Popular, Renovación Popular y respaldadas por el Gobierno de Dina Boluarte, han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, al ser interpretadas como un intento de silenciar a la sociedad civil y perseguir a quienes se oponen a sus intereses.
El inicio de la persecución: el dictamen contra las ONG
En junio de 2024, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por el fujimorista Alejandro Aguinaga —quien enfrenta procesos judiciales por su presunta participación en las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori— promovió un proyecto de ley que busca fiscalizar y sancionar a las ONG. El dictamen propone que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) tenga facultades para denunciar a estas organizaciones ante el Ministerio Público, imponiendo multas, suspensiones o incluso la cancelación de sus actividades.
Esta iniciativa ha sido observada con preocupación por 16 embajadas de países de Europa, Oceanía y Norteamérica, que ven en ella un ataque a la libertad de asociación y expresión. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido debatido en el Pleno del Congreso, en parte porque se esperaba el cambio de administración en Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump a la presidencia.
El rol de USAID y el cambio en la política estadounidense
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido un actor clave en el financiamiento de las ONG en Perú, destinando más de 60 millones de dólares anuales para apoyar proyectos de desarrollo y derechos humanos. Sin embargo, con la llegada de Trump, se confirmó el retiro de este apoyo, una decisión que ha sido aprovechada por sectores políticos peruanos para intensificar sus críticas contra estas organizaciones.
En una entrevista radial, la embajadora estadounidense Stephenie Syptak-Ramnath defendió el trabajo de USAID, destacando la importancia de una sociedad civil fuerte y una prensa libre. “El financiamiento no implica injerencia, sino que permite a los peruanos definir sus propias leyes y garantizar la transparencia”, señaló. No obstante, estas declaraciones no han sido suficientes para detener los ataques coordinados desde el Gobierno y el Congreso.
Ataques desde el Gobierno y el Congreso
La presidenta Dina Boluarte ha sido una de las principales críticas de las ONG, acusándolas de preocuparse más por los derechos de los criminales que por las instituciones como la Policía Nacional y el Ejército. Estas declaraciones contrastan con las acusaciones de Amnistía Internacional, que en su informe “¿Quién disparó la orden?” responsabiliza a Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en las que más de 50 personas perdieron la vida.
Por su parte, el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha arremetido públicamente contra organizaciones como la ONG Manuela Ramos, acusándola de malgastar más de un millón de dólares del financiamiento de USAID. Sin embargo, estas acusaciones no han sido sustentadas con pruebas, lo que ha llevado a la organización a anunciar acciones legales en su defensa.
La creación de una comisión investigadora
En un nuevo intento por restringir el trabajo de las ONG, Renovación Popular ha propuesto la creación de una comisión multipartidaria para investigar los aportes de USAID desde 2015. La iniciativa, presentada por la congresista Patricia Chirinos, cuenta con el respaldo de otros seis miembros de su bancada y ha sido criticada por figuras como la congresista no agrupada Flor Pablo, quien la calificó como una estrategia para “llenarse de asesores” y desviar la atención de problemas más urgentes, como las muertes ocurridas durante las protestas en Ayacucho y Puno.
Preocupación internacional y el futuro de las ONG
La arremetida contra las ONG ha generado un clima de incertidumbre y temor entre las organizaciones de la sociedad civil, que ven en estas acciones un intento de silenciar a quienes defienden los derechos humanos y la transparencia en el país. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca estos desarrollos, alertando sobre el riesgo de un retroceso en las libertades democráticas en Perú.
En un contexto marcado por la polarización política y el uso de herramientas legislativas para perseguir a opositores, el futuro de las ONG y de la sociedad civil peruana parece estar en juego. La pregunta que queda en el aire es si estas medidas lograrán su objetivo o si, por el contrario, fortalecerán la resistencia de quienes luchan por un país más justo y transparente.
