De manera sorpresiva, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, llegaron hasta las instalaciones de la Unidad de Servicios Especiales – Policía antimotines de Cusco, la mañana del último miércoles.

En estas instalaciones, la defensora del pueblo de Cusco, Rosa Santa Cruz, hizo un llamado de reflexión a los miembros de esta unidad de la Policía, a conducirse en el marco de la ley y la normativa vigente en cuanto a intervenciones policiales en protestas.

“Nuestra intervención es según la ley y la Constitución, si ustedes tienen que detener a una persona por haber cometido un delito, háganlo, nosotros velaremos porque se cumplan los derechos de una persona intervenida, nada más”, señaló.

Frente a algunos reclamos por parte de la Policía, sobre una falta de ‘equidad’ que los defienda también a ellos y sus intervenciones, la defensora del pueblo mencionó que la ley ampara a todos por igual.

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“No vean en la Defensoría del Pueblo a un rival, sino a un aliado, que se conduce por mandato constitucional. Esta intervención es una posibilidad de transparencia, hemos venido con el Ministerio Público para verificar el armamento que están utilizando, eso va a transparentar cómo están saliendo ustedes a las marchas”, acotó.

Por su parte el fiscal de Prevención del Delito, Eduardo Poblete, refirió que la labor de ambas instituciones en el marco de la huelga indefinida a desarrollarse en Cusco, es únicamente proteger el derecho de las personas y supervisar la actuación del Estado, para evitar acciones fuera de la ley, por parte de los manifestantes o por parte de la Policía.