Entre los alegatos de la defensa se mencionó que el día de la detención, en la comisaría de Tahuantinsuyo de Cusco, se les hizo firmar a los comuneros detenidos actas de intervención sin leer. Uno de ellos es quechuahablante y no sabe leer ni escribir, según el abogado. Los hechos apuntan a criminalización de las protestas.
Los abogados defensores de los 4 jóvenes detenidos en las violentas protestas del pasado 31 de enero en Cusco, sustentaron la apelación contra la orden de prisión preventiva por 9 meses dictada por el Poder Judicial. En la audiencia estuvieron presentes peritos antropólogos y un intérprete porque uno de los detenidos es quechuahablante.
Entre los argumentos de los abogados, se sustentó el arraigo domiciliario de los acusados. Los 4 jóvenes viven en la comunidad de Kuyo Grande, del distrito de Pisaq, provincia Calca y no tienen recursos económicos para mudarse. Además, los letrados criticaron la intervención directa de la Fiscalía de Crimen Organizado señalando que esto solo apuntaría a criminalizar las protestas.
Firmaron actas de intervención sin leer
Según la abogada defensora de David Jivallanca, en el proceso de la intervención policial y posterior detención, se cometieron muchas irregularidades. Una de ellas es que en la comisaría de Tahuantinsuyo se redactaron actas de registro y de intervención policial que se hizo firmar a los detenidos sin que puedan leer el contenido. El abogado de Redi Huamán indicó que el joven comunero no sabe leer ni escribir.
Otro alegato importante fue que los testigos y presuntos agraviados por los manifestantes fueron trasladados en camionetas a la comisaría. Para la abogada defensora, esta situación es muy extraña ya que una persona que quiere denunciar una agresión va por voluntad propia a la comisaría a interponer la denuncia.
“Los policías formaron una comisión y salieron a buscar a supuestos agraviados y luego los trajeron en camionetas. Hay fotos de las placas de esas camionetas llegando a la comisaría de Tahuantinsuyo”, expresó la abogada de David Jivallanca; detenido en plena transmisión en vivo mientras declaraba para un medio de comunicación local.
Arraigo domiciliario ancestral en su comunidad en Cusco
Por su parte, el abogado del joven Richard Camala, señaló que su defendido, al igual que los otros detenidos, es originario de una comunidad campesina quechua y trabaja labrando la tierra ayudando a su madre. Según estudios antropológicos, los comuneros, desde sus ancestros viven en un punto determinado y sus hijos continuarán ese legado.
Esta característica no se tomó en cuenta por el juzgado para establecer una coordinación entre la justicia comunal y la ordinaria. Mediante este proceso se puede confirmar el arraigo familiar y domiciliario de los detenidos y establecer que no hay peligro de fuga.
No hay pruebas
Además, todos los abogados defensores coincidieron en que no hay ninguna evidencia que corrobore la presencia de sus patrocinados en los disturbios. Sustentan su alegato en la descripción de la ropa de los detenidos que señalan las presuntas víctimas. Ellos señalan diferentes colores de ropa de los acusados. “Solo se están basando en testimonios de los agraviados, donde hay contradicciones relevantes y no hay suficiencia probatoria”, explicó uno de los defensores.
Derecho a la protesta en Cusco
Por otro lado, el abogado Denis Llamoca señaló que la protesta es un derecho establecido en la constitución. En consecuencia, cuestionó que uno de los argumentos de la detención de su patrocinado sea el entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
“Que tanta es la contradicción, cuando los que marchan por la paz y por la Policía Nacional del Perú, también invaden vías públicas y el fiscal no abre carpeta”.
Denis Llamoca, abogado
Además, dijo que la protesta es un medio por el que una sociedad puede cambiar su realidad para bien o para mal, puede cambiar sus autoridades y permite la creación de nuevos derechos o la consolidación de los mismos. Sin embargo, con la detención de los jóvenes comuneros, la sociedad en general ha visto que el Ministerio Público sería un instrumento para limitar y criminalizar el derecho a la protesta.
Todos los acusados son comuneros calificados, no tienen antecedentes penales y tienen certificado de posesión de sus terrenos donde se dedican a labrar la tierra. Por esas razones los abogados solicitaron que se cambie la prisión preventiva por comparecencia restringida. Se espera que en los próximos días el Poder Judicial emita su decisión.
