Decano del CAL advierte que intento de suspenderlo tiene objetivos políticos: «El Gobierno y el Congreso buscan controlar el JNE»

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, señala, en entrevista exclusiva para La República, que se pretende cambiar la ley para que el CAL no organice la elección del nuevo integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que dirigirá las elecciones del 2026.

Canelo acisa al nuevo presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en su gestión como ministro de Justicia, de promover sus suspensión como decano del CAL por levantar la voz contra las leyes inconstitucionales.

— ¿Cuál es su reacción ante el intento de suspensión por parte del Consejo de Ética del CAL?

Es un intento ridículo que no tiene ningún tipo de sustento. No está apegado a la legalidad y no tiene por qué cumplirse, además son decisiones de un órgano administrativo no coercitivo, no es como un mandato judicial que evidentemente se debe cumplir, y no está ni siquiera regulado en la legislación estatutaria ni en los reglamentos. Han actuado absurdamente tres personas altamente cuestionadas, denunciadas por nosotros, en represalia a las denuncias que hemos hecho. Han pretendido, mediante una supuesta media cautelar, sancionar a toda una directiva y al propio decano y ahora ellos quieren asumir el decanato, lo cual es absurdo, y no lo vamos a permitir.

— Respecto a su reunión con la CIDH, ellos fundamentan que usted debió pedir permiso en la Asamblea General. ¿Era un requisito ese proceso para sostener dicha la reunión?

Eso es absurdo. La Constitución establece que todos tenemos derecho de opinión. Hay libertad de reunión. Yo me puedo reunir con cualquier persona nacional o internacional. En este caso fue a pedido, a invitación de la Comisión Interamericana, en una audiencia para ver la situación de la legalidad y constitucionalidad del país, la defensa del Estado de Derecho.

Y es lo que le corresponde al colegio y al decano. El decano encarna el colegio. No tengo por qué pedirle permiso a una asamblea para brindar una entrevista periodística a usted o para hablar con la presidencia o los miembros de la Comisión Interamericana.

— El ministerio de Justicia presentó una denuncia en contra de las personas, incluyéndolo, que estuvieron presentes en dicha reunión. ¿Considera que fue una revancha gremial?

Yo creo que fue un acto político totalmente desesperado de este señor Arana, que ni siquiera la firma él. Hace que firme un funcionario de menor orden y nos denuncia. Entonces, claro, todo esto es muy conveniente, porque mi gestión en el Colegio de Abogados, en todo este periodo ha sido, yo diría, la única voz que ha cuestionado técnica y jurídicamente las inconstitucionalidades que venían desde el Congreso y desde el propio Ejecutivo.

Entonces somos personajes incómodos. Más aún cuando ahora hay que elegir a un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Y esto es una elección que organiza el Colegio de Abogados. Entonces, muy convenientemente desean que el colegio no lo haga. Es más, están intentando modificar la ley para que el colegio no intervenga. ¿Quién es el obstáculo? Raúl Canelo y su junta directiva.

— Ustedes han declarado oponiéndose a las normativas del Congreso que benefician a la delincuencia, y al respecto, en la resolución del Consejo de Ética dice que esos pronunciamientos son antiéticos porque consideran que están tomando una posición política…

Si decir que, por ejemplo, controlar a las ONG, que son asociaciones sin fines de lucro y que de acuerdo a la Constitución hay libertad de asociación es antiético, es un absurdo. Si decir que los niños o adolescentes entre los 16 y los 17 no deben ser denunciados conforme la Convención de los Derechos del Niño y estamos en consonancia con UNICEF; si defender al Poder Judicial y al Ministerio Público de cualquier vulneración al principio de separación de poderes, que es la base del Estado de Derecho, es antiético, es un absurdo.

Como ustedes verán, son temas politizados. Claro, cuando yo defiendo el Estado de Derecho, sí, definitivamente es una doctrina jurídica que tiene implicancia en la vida política, el derecho no está aislado, pero de ahí a que nosotros tengamos una vinculación político-partidaria, no la tenemos. Todo lo contrario, son ellos los que, por ejemplo, dieron homenaje a una destituida señora exfiscal de la Nación, y que estaban vinculados a un partido determinado. Eso lo hacía la gestión anterior. Eso sí era bueno para ellos.

— Me mostró una publicación que está circulando en redes sociales donde se le acusa de acosar a una alumna de la PUCP y por eso fue retirado de dicho centro de estudios…

Son calumnias totales. Nos acusan de temas totalmente falsos. En la Universidad Católica, tengo el mejor recuerdo. Y no solo eso, actualmente yo soy apoderado y abogado de la universidad y he sido abogado de todas las autoridades en distintos y múltiples casos a la fecha.

Entonces hay una relación de trabajo y es absolutamente falso que yo haya tenido algún incidente de esa índole. Nunca lo he tenido.

— ¿Piensa que, a raíz de esta publicación, salga alguna cuenta anónima denunciándolo?

Bueno, las cuentas anónimas están saliendo desde que iniciamos la gestión. Los insultos son diarios y constantes. Y no solamente a mí, a los directivos, a los familiares. Es decir, es un acoso permanente en las redes y son anónimos, pero evidentemente es clarísimo que están vinculados a estos sectores.

— ¿Cree que tal vez el Gobierno, ahora que el señor Arana es presidente del Consejo de Ministros, también esté tomando parte en las acciones para concretar la destitución de su Junta Directiva?

Personalmente no tengo ninguna duda. Además, lo ha hecho, nos ha denunciado ante el Consejo de Ética. O sea, él quería que pase esto también.

Evidentemente somos incómodos a determinados sectores políticos, sobre todo al Gobierno y al Congreso, que quisieran que nos quedemos callados. Era un Colegio de Abogados que desde hace 20 años no levantaba la voz en ese sentido correcto de la defensa del Estado de Derecho. Y nosotros a todos los abogados les prometimos que nuestra gestión sí será el referente jurídico.

Y eso les molesta. Decir la verdad les resulta muy dolorosa a estos personajes que viven de la mentira, del engaño, y usurpando; beneficiándose del Estado peruano. Porque detrás de esto hay grandes casos de corrupción.

— Usted me comentó que ya se había apelado a esta resolución de Ética. ¿Cuál es su expectativa? ¿Espera a que salga a su favor o tal vez se va a concretar lo que está buscando?

Bueno, el Tribunal de Honor que analiza este tema está compuesto por exdecanos y tengo entendido que hay una grave molestia por parte de ellos, gente que le tiene cariño y respeto al Colegio, pero que conoce muy bien el actuar de esta gente. Entonces, simplemente no tiene asidero este tipo de acciones y van a dejarlas sin efecto, sin duda.

— Estamos próximos a las elecciones generales de 2026, y un integrante del Jurado Nacional de Elecciones tiene que salir del Colegio de Abogados. ¿Sale directamente de la mesa directiva o puede ser cualquier abogado que esté inscrito?

Cualquier abogado en función del acto electoral que empieza justamente a solicitud de la Junta Directiva. El Colegio de Abogados se encarga de organizar esa elección.

— ¿Y para cuándo está programada?

No tengo la fecha, pero hay plazos. Ya el actual representante del Colegio vence su gestión y tenemos que convocar esa elección pronto. Pero en el camino, lo que están pretendiendo es que no sea el Colegio de Abogados de Lima, que no sea esta gestión la que organice la elección, sino quieren que sean otros entes. De modo tal que puedan, creo que es lo que quieren, controlar al Jurado Nacional de Elecciones.

— El colegio de abogados es una entidad autónoma ¿Tiene que responder tal vez ante el Ministerio de Justicia?

No, no. Es una entidad privada, pero que tiene algunas atribuciones de carácter público. Por ejemplo, cuando se tiene que designar a un miembro ante el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos participación. También en designar a representantes, por ejemplo, ante el IPD, ante diversos organismos públicos, y es que las leyes establecen eso. Dicen, compóngase un directorio integrado por, y entre ellos dicen, un miembro elegido por el colegio de abogados. Es ahí la importancia jurídica y política del Colegio que en 220 años, pues el colegio es anterior a la propia República del Perú, ha generado su presencia como referente de la Jurisdicción Nacional.

Sin embargo, en los últimos 20 años, pues esto ha ido decayendo porque se modificó los estatutos, se estableció un sistema de delegados, o sea, ya no todos los abogados constituyen la Asamblea, sino un grupo de delegados, y estos delegados, por lo general, son gente que se organiza y están vinculados a un sector político.

— Usted ya advertía que esta resolución podría darse. Ahora, supongamos, el caso queda resuelto a favor de ustedes y esta suspensión queda cancelada, pero el señor Arana todavía está en el Estado, está en un mayor rango de poder. ¿Cree que este va a ser el único intento para desestabilizar a la Junta Directiva del Colegio de Abogados?

Bueno, el intento de desestabilizarlo lo hicieron prácticamente desde el primer día, cuando se enteraron que pedimos la auditoría de la gestión anterior, que arrojó un manejo regular de 24 millones de soles. Se compraron un local, lo habilitaron, gastaron, y luego, la última semana de su gestión, cuando íbamos a asumir, lo demolieron.

Y encima pagaron para estudios, dizque para construir un edificio de 10 pisos y no se sabe ni con qué recursos. Eran meros dibujos, y pagaron una cantidad tremenda de dinero. Y entonces estos son actos que para nosotros constituyen corrupción. Ahí empezó el enfrentamiento.

Porque, claro, ellos quisieron, seguramente, como era costumbre, aceptar estas situaciones. El primer día que me senté llegó un comité, un grupo de delegados, diciéndome que les aumentemos la dieta, porque por cada reunión ellos reciben más o menos 200 o 250 soles, pero querían 5.000 soles al mes, y que iban a hacer todo lo que yo diga.

Les dije: ¿qué me están diciendo? Eso para mí es una extorsión. Y evidentemente no lo acepté. Uno de esos personajes, coincidentemente, es de un partido que está generando este caos y que además trabaja en el Congreso.

— Entonces, ¿usted sigue esperando más ataques en su contra si la resolución sale a su favor?

Sí. Es que no va a parar. Y esto parará si yo renuncio a la defensa del Estado de Derecho. Y claro, si me pongo a condecorar a estos personajes que ahora quieren ser candidatos presidenciales, alcaldes y lo que sea, seguramente estarán conmigo. Pero como esa no es nuestra misión, entonces van a estar molestos.

— ¿Piensa renunciar antes de que termine su gestión si la situación se complica?

Bueno, desde el primer día que lanzaron ataques personales, grupales, familiares, claro que lo pensé. Pero, por otro lado, también siento la fuerza de muchos colegas, gente decente, que quieren que el Colegio sea mejor, que sea decente. Y bueno, ya estoy en esto y no voy a retroceder.

— Sobre las dos últimas leyes aprobadas en el Congreso, para ley de extinción de dominio, y la que busca juzgar penalmente a menores de 16 y 17 años, como si fueran adultos, ¿Qué posición tiene el Colegio?

Respecto al tema de la niñez y adolescencia, hemos cuestionado esa ley. El Estado debe preocuparse de los jóvenes, que son vulnerables. Adolescencia implica que adolece. ¿Adolece de qué? De madurez.

Entonces, a una persona que adolece de madurez, al que habría que sancionar es al que los motiva, al que los manipula, no al adolescente. En todo caso, las leyes ya están previstas. Hay leyes que regulan la infracción de los menores y son drásticas, van hasta los 10 años. Pero quien juzga es una justicia especializada, no pueden ser tratados como adultos.

— ¿Y sobre la ley de extinción de dominio?

Nosotros estamos de acuerdo con la extinción de dominio, pero no estamos de acuerdo con cómo se venía aplicando, porque ahí se estaban violando también nuevamente, tengo que ser consecuente con la Constitución, el principio de la presunción de inocencia y esto implicaba la inversión de la carga de la prueba.

Es decir, el Ministerio Público decía yo sospecho que usted le compró la casa, un inmueble a un procesado, a un investigado, ni siquiera todavía juzgado, por haber cometido algún acto de organización criminal y de repente usted lo que hizo fue comprar esa propiedad al registro y entonces le dicen, viene la inversión de la carga de la prueba que es inconstitucional.

Prevee usted de que compró bien, algo así como prevee usted de que es inocente, cuando todos sabemos que la presunción de inocencia implica que el Ministerio Público tendría que probar que usted es culpable. Pero además esto es un proceso civil, pero curiosamente llevado ante juez penal, a instancias de la Fiscalía y claro, la justificación es que es un mecanismo de lucha contra la delincuencia. Está violando una serie de derechos, es como luchar contra la delincuencia y decir bueno, tenemos una ley para matar a los delincuentes.

Sí, se lucha contra la delincuencia, pero no es que yo atrapo a un delincuente y le voy a disparar, tiene un debido proceso. Lo mismo pasa en la extinción de dominio y nosotros hemos sido prudentes porque hemos dicho que la ley de extinción de dominio está bien pero debe aplicarse cuando uno hay un delito ya comprobado el delito y luego usted, a sabiendas de que alguien cometió un delito, adquiere un bien. Claro, ahí procede la extinción de dominio, pero no bajo las meras sospechas y peor aún, invertir la carga en la prueba.

Es un tema técnico y para eso estamos justamente en el Colegio, para poner las cosas en su sitio.

— Especialistas han señalado que la nueva ley de extinción de dominio iría en contra de diversos acuerdo internacionales…

Lo que ha habido son, por ejemplo, normas en países que se han alineado en función de eso, pero eso no significa que es correcto violar la presunción de inocencia, violar o invertir la carga en la prueba.

Prueba de que usted es inocente, prueba de que usted adquirió bien, prueba de que usted tuvo buena fe. ¿Cómo probar que yo adquirí de buena fe? Y más aún cuando el hecho no es delictivo, porque la ley dice basta que sea un hecho ilícito. Una cosa es lo ilícito y otra cosa es el delito.

Si me dicen que el hecho fue un delito y usted compró esas viviendas, sin duda usted pierde el dominio. Pero un hecho ilícito es pasarse la luz roja, por ejemplo. No es lo mismo que delito.

El delito es delito y el delito tiene que estar juzgado. ¿Que eso puede beneficiar a algunas organizaciones? Sí, es probable. Pero bueno, es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es solamente para el bueno, también es para el malo. El proceso es la garantía del ciudadano, nos guste o no nos guste.

— ¿Se podría pensar que estos grupos de poder, que ahora están en su contra, tomen una posición diferente al saber que está de acuerdo con la ley de extinción de dominio?

Sí, yo no creo que sería un tema que los emociona. A ellos lo que les ha molestado es que dejamos al descubierto que en agosto del año pasado cuando sale esta ley que modifica las normas sobre crimen organizado y levantan el estándar, ¿y qué sucedió? Que automáticamente muchos políticos, sobre todo congresistas, hay 90 congresistas, muchos vinculados al caso Odebrecht, los blancos, etcétera, los árbitros y tal se beneficiaron de esa ley, ya están beneficiados porque aun cuando ya se corrigió entre comillas, se aplica la ley más benigna.

Entonces yo creo que ahí viene el gran beneficio de ellos y nosotros fuimos los primeros en pronunciarnos técnicamente que esa ley iba a beneficiar, no sólo a los corruptos, sino a los que es más grave. Beneficiaba a la delincuencia común y vea usted la curva exponencial de delitos que se han cometido a partir de agosto del año pasado y cómo estamos hoy.

Ayer había un paro nacional porque ya los niveles de sicariato, extorsión, son altísimos y se han incrementado a partir de agosto del año pasado con estas leyes. Acuérdese que luego eliminaron el tema del allanamiento, había que pedir permiso, luego dijeron no hay detención preliminar y nosotros nos hemos dado dura lucha para que eso se corrija.

— ¿Algo más que nos quiera comentar?

Simplemente reiteramos que estas arbitrariedades, estas actitudes politiqueras no son de agrado del gremio. El gremio lo que quiere es una reforma estatutaria, un referéndum para eliminar estos estamentos que tienen estos controles y que han hecho que el colegio sucumba a estos grupúsculos parasitarios.