La fiscal de la Nación indicó que también presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que disminuye la imputabilidad penal a 16 años. Además, rechazó que esté infringiendo la Constitución al presentar denuncias constitucionales contra la jefa de Estado.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, indicó este viernes que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que establece modificaciones al proceso de extinción de dominio, promulgada por el Ejecutivo el pasado 9 de mayo.
En entrevista con Nativa, la titular del Ministerio Público indicó que dicho recurso debe estar ingresando hoy a mesa de parte del Tribunal Constitucional (TC), ya que «es una ley que no está ayudando para la lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada y el lavado de activos».
«Como les consta a todos públicamente, estamos presentando demandas de inconstitucionalidad. El día de ayer, he firmado la demanda de inconstitucionalidad contra la nueva ley de extinción de dominio, como lo anunciamos en su momento», sostuvo.
«Estamos presentando los fundamentos y hoy día debe estarse ingresando por mesa de partes al Tribunal Constitucional. Así como ya lo hemos hecho con la ley 32130 que trasladó la investigación preliminar a la Policía y también contra los delitos de lesa humanidad», resaltó.
Espinoza Valenzuela remarcó que hay leyes promulgadas que «preocupan» a su entidad, de las cuales «la más terrible» es la modificación de la Ley de Extinción de Dominio.
«Dicha ley no ha incorporado lo que es la criminalidad organizada propiamente dicha, tampoco al lavado de activos ni a la corrupción. Se ha dejado a estos tres ilícitos penales que azotan al país. La criminalidad organizada precisamente que es la que está cometiendo los sicariatos, las extorsiones que ya llegaron a los barrios más humildes no solo de Lima sino de todo el Perú», remarcó.
Asimismo, la fiscal de la Nación dijo que se está preparando también una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330 que modifica la normativa para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.
«Próximamente, estamos preparando la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que penaliza, como si fueran adultos, a los menores de 18 años, de 16 y 17 años. Es nuevamente la salida fácil […] Es el 0.2 %, son los menos, pero igual: ahí donde se tiene que aplicar nuevamente la política de prevención de atención y de abordaje al fenómeno de los jóvenes que, desde pequeños, están abandonados moral y materialmente», indicó.
«¿Qué pasa si empiezan a utilizar los criminales organizados a nuestros niños de 15, 14, 13 o 12 años?, ¿van a seguir bajando la edad para penalizarlos como si fueran adultos? No es la respuesta, la respuesta tiene que ir en una política de justicia juvenil restaurativa que también estamos liderando desde el Ministerio Público», precisó.
