Desgarrador informe emitido por Human Rights Watch sobre la situación en el Perú. El documento titulado ‘Deterioro letal’ compila 140 testimonios de sobrevivientes, familiares y expertos de las víctimas de la feroz represión a las protestas entre diciembre y febrero del 2023.
El equipo observador también revisó informes de balística, autopsias y documentos forenses.
El duro recuento inicia con la dolorosa narración de una mujer ayacuchana:
Este miércoles, en conferencia de prensa, consultaron a Dina Boluarte sobre la publicación del informe de Human Rigths Watch. La mandataria cedió la respuesta al Ministro del Interior sin dejar de remarcar que se trata solo de un informe de una ONG, para intentar minimizar al documento.
“Los terroristas merecen morir así”…
El 15 de diciembre de 2022, Ruth Bárcena Loayza vio por redes sociales cómo su esposo recibió un disparo.
“Leonardo David Hancco Chacca de 32 años había salido de casa esa mañana para unirse a una ola de protestas en el empobrecido y mayoritariamente indigena sur del Perú”, así describe el documento el último día de una de las más de sesenta víctimas de la sangrienta represión.
Cuando Ruth, embarazada, encontró herido a su compañero de vida en un Hospital de Ayacucho, un grupo de militares se habría rehusado al traslado de médicos para atender a los heridos. “Los terroristas merecen morir así”, fue la respuesta que recibió Ruth de los agentes de seguridad y que el observatorio de Derechos Humanos recoge en su informe.
A través de éste y otros desgarradores testimonios, es que Human Rights Watch considera que existe una retórica del Gobierno para minimizar las acusaciones en su contra. Se trataría del “terruqueo”, la difamadora acción de sugerir que una persona o grupo están vinculados a una organización terrorista:
“Poner fin a la estigmatización de los manifestantes a través de un lenguaje que los vincula falsamente con el terrorismo”, demanda Human Right en su documentacón..
Deterioro, corrupción, impunidad
El informe relata los hechos surgidos desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 20 febrero de 2023. Hasta esa fecha habían muerto por causa de las protestas 49 personas, entre ellas ocho menores de edad:
“Este informe documenta estos homicidios y lesiones en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por los abusos cometidos en el pasado y persistente marginación de la población rural e indígena peruana”.
Una de las fechas álgidas que señala Human Rights Watch es el 30 de diciembre, cuando la Defensoría del Pueblo informa que 22 civiles habían muerto y más de 600 personas resultaron heridas durante las protestas. Las manifestaciones se originaron con la destitución de Pedro Castillo al anunciar una disolución temporal del Congreso y la reorganización del Poder Judicial.
En cuanto al Estado de derecho e independencia judicial el observatorio internacional advierte sobre la selección de integrantes del Tribunal Constitucional. Human Rigths Watch indica en su documento que el proceso en el Parlamento “no aplicó criterios de evaluación consistentes ni aseguró que hubiera transparencia suficiente ni participación de la sociedad civil”.
Para recabar las réplicas de parte del Gobierno, representantes de Human Rights Watch se reunieron con los Ministros del Interior y de Defensa, el comandante de la PNP, la Fiscal de la Nación y la Defensora del Pueblo.
Blindajes y Ley del Gatillo Fácil
“La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeuntes, el clara violación del Derecho Internacional”
Human Rights Watch da cuenta de cómo el Congreso frenó la acusación contra los posibles responsables políticos de los asesinatos a Inti Sotelo y Bryan Pintado mientras Merino ocupó la presidencia.
También la organización internacional comenta sobre la peligros de la Ley del gatillo fácil. En 2020, el Congreso eliminó por ley el requisito expreso de que el uso de la fuerza sea proporcional y facilitó protecciones procesales a policías.
Según esa aprobación del Congreso, la Policía y las Fuerzas Armadas no podrán considerarse penalmente responsables por causar lesiones o incluso la muerte “en el cumplimiento de su función constitucional” y en el uso de sus armas “en forma reglamentaria”.
En febrero de 2022, el gobierno aprobó normas sobre estado de emergencia que permiten a la policía solicitar el apoyo de las fuerzas armadas, incluso disparando sus armas de fuego, cuando la “capacidad” de la policía se vea “sobrepasada”.
A consecuencia de esto, Human Rights Watch remarca que la gran mayoría de víctimas mortales falleció por herida de bala causadas por fusiles de asalto y pistolas
Recomendaciones
El documento recomienda al Estado peruano a invitar a un comisión internacional de expertos. A estos observadores propone que se le facilite el acceso a información gubernamental y a los expedientes del caso.
Human Right Watch también enfatiza en la necesidad de reformar a la Policía Nacional del Perú, además de la revisión de sus protocolos.
Sobre las responsabilidades políticas
En enero de 2023, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra varios altos cargos, incluida Boluarte, por delitos como homicidio y lesiones graves cometidos durante las protestas
A mediados de diciembre de 2022, se produjeron varias muertes durante las protestas y surgieron pruebas de que la policía y las Fuerzas Armadas estaban haciendo un uso excesivo de la fuerza.
A pesar de que el primer ministro Otárola afirmó que la presidenta Boluarte había dicho que el uso de la fuerza debía ajustarse a la ley y que la vida de los ciudadanos era la prioridad, no se han visto pruebas de que se hayan tomado medidas para garantizar el cumplimiento de esa directiva.
Las autoridades desestimaron los abusos y a menudo negaron que se hubieran producido, al tiempo que expresaban opiniones ofensivas sobre los manifestantes y los menospreciaban insinuando que eran “terroristas”.
La retórica del gobierno, según Human Rigt Watch, parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles que tenían la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad ante las sólidas pruebas de los abusos, plantea interrogantes sobre la posible negligencia o incluso complicidad en los abusos.
A principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación sobre la conducta policial y ningún agente de la Policía había sido sancionado ni apartado del servicio. Las protestas continuaron en enero de 2023.
Fuente: El Búho
