“Nuestra primera acción desde la presidencia ejecutiva, ha sido en favor de proteger a los pueblos indígenas de la Amazonia, a través de un mensaje claro que hemos dado a sus organizaciones en Ucayali, en Junín y lo seguiremos haciendo en Lima cuando nos visiten”, dijo Ricardo Soberón en su presentación ante la Comisión del Congreso.
El cambio tras la salida de Pintado
El pasado 12 de octubre el entonces presidente Ejecutivo de Devida, Fidel Pintado Pasapera, presentó su renuncia irrevocable ante la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.
A través de un oficio, Fidel Pintado expresó la «indignación y malestar» de la institución debido «ataque injustificado» por parte del anterior ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien declaró a la prensa que en Devida no se ejecutan adecuadamente los recursos provenientes de la cooperación internacional para el desarrollo alternativo.
El presidente ejecutivo de Devida aclaró la «desinformación vertida por el Ministro del Interior», quien afirma que no se estarían utilizando los recursos de la cooperación americana para el desarrollo alternativo.
Esta decisión fue aceptada mediante Resolución Suprema N° 157-2021-PCM del 9 de noviembre.
La dirección de Devida tras la salida de Pintado recayó en un rostro conocido para la institución, Ricardo Soberón, quien ya había ocupado la gestión de Devida en el 2011.
Sin embargo, como nos comentan fuentes consultadas para este informe, el nuevo rumbo que tomará Soberón en el plan de acción propuesto debe marcar una línea como presidente de Devida, y saber diferenciar las cercanías de algunos asesores en su despacho con gremios cocaleros.
Así, nos recuerdan los suscitado en el 2011, cuando la prensa difundió un correo electrónico que Soberón envió a dirigentes cocaleros.
En la misiva, Soberón señala, además, que no siempre podrá detener la “violenta” erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca.
El email fue enviado a un grupo de dirigentes, autoridades y personas allegadas a la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp), el 12 de agosto de ese año.
“Devida es una institución en enorme y profunda crisis como consecuencia de la forma como fue concebida. Absolutamente dependiente de la cooperación internacional, preferentemente norteamericana, ha estado administrada en los últimos 8/10 años, por dos gestiones, las de (Nils) Ericsson y especialmente (Rómulo) Pizarro, que han creado una realidad virtual de éxito. Además de haber creado sobre ustedes la condición de «narcos terroristas» que distrae a la opinión pública”, señalaba.
Soberón precisó, asimismo, que “no siempre podrá detener” las acciones de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca, al recordar que entre el 3 y 4 de agosto de ese año logró paralizar un operativo en la localidad de Santa Marta, en la zona denominada “Bolsón de Cuchara”.
Revela que puso su cargo a disposición del gobierno para lograr detener este operativo antidrogas.
El plan antidrogas
En su exposición ante el Congreso, Soberón detalló que se están priorizando cuatro pilares para fortalecer la lucha contra las drogas, como parte de la implementación de la Política Nacional al 2030; y el nuevo pacto ciudadano en la región andino – amazónica.
De igual modo, se trabajará en la reducción de la demanda de drogas; así como se impulsarán los mecanismos de coordinación y articulación entre los tres niveles de gobierno, actores sociales, y la sociedad civil.
Sobre el nuevo pacto social, Devida ya había adelantado información en noviembre, donde indicaron que plantearán el pacto, particularmente con los productores de coca, que incluya los derechos y obligaciones como ciudadanos en relación con el tráfico ilícito de drogas (TID) y otras actividades ilícitas para reducir sosteniblemente el área de cultivos y la producción de drogas.
“El enfoque de nuestra gestión en Devida es la sostenibilidad y progresividad del trabajo que se desarrolle en todas las áreas dentro y fuera de la institución, así como un enfoque de respeto irrestricto de derechos, especialmente para aquellos en riesgo de cultivar, producir y usar drogas legales e ilegales”, enfatizó el presidente ejecutivo de la entidad.
Resaltó que para este trabajo es “necesario robustecer el presupuesto público a fin de financiar proyectos de desarrollo alternativo que benefician de manera directa a la población”.
El gobierno, por medio de cada uno de sus sectores, desplegará todas las posibilidades de política con las que se cuenta para lograr el cumplimiento de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, aprobada y publicada en diciembre del 2020, pese a que como consecuencia de la pandemia y las restricciones presupuestales se deberán superar debido una disminución presupuestal para el 2022 de 29.3 millones soles (28% menos que en el 2021).
Asimismo, decidió cambiar la estrategia de erradicación de los cultivos ilícitos de la hoja de coca para 2022 y ahora la focalizará en las áreas naturales protegidas, las tierras de pueblos indígenas, bosques primarios y áreas de fronteras.
El anuncio lo hizo ayer el presidente ejecutivo de Devida, Ricardo Soberón, durante su participación en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. “Se busca terminar con el círculo vicioso de ‘cultivo erradicado, cultivo sembrado’ que arrastramos hace 30 años bajo la obligación de alcanzar metas absolutas de área erradicada”, afirmó.
Si bien es positivo las fuentes consultadas señalan que es positivo que se dé un avance en frenar los amedrentamientos a los líderes indígenas, se estarían retirando fuerzas en las principales zonas cocaleras, el Vraem. El representante de Devida ha señalado que “nuestra primera acción desde la presidencia ejecutiva, ha sido en favor de proteger a los pueblos indígenas de la Amazonia, a través de un mensaje claro que hemos dado a sus organizaciones en Ucayali, en Junín y lo seguiremos haciendo en Lima cuando nos visiten”
Por ello, incidió en que se priorizarán las acciones de erradicación en las citadas zonas y que, a la par del desarrollo alternativo (siembra de café y cacao), también “se propondrá un pacto social”.
Soberón también mencionó que para golpear al narcotráfico internacional se debe detectar su patrimonio ilícito (bienes y activos), “de modo que se desmantelen las estructuras criminales complejas dedicadas al comercio internacional de cocaína”.
Conocidas estos primeros lineamientos el congresista Roberto Chiabra de Alianza por el Progreso manifestó en su participación durante la sesión que Devida no debe encabezar el sistema contra el narcotráfico, sino la PCM, ente que debe articular las acciones multisectoriales, desde un Consejo de Lucha. “Con Devida, seguiremos en lo mismo”.
En el plano internacional, Soberón Garrido expresó que se desarrollará junto a la Cancillería, una propuesta fundada en el principio del respeto irrestricto de la Responsabilidad Común y Compartida y de plena cooperación horizontal con los países fronterizos, el hemisferio americano incluyendo Canadá y los EEUU, Europa y otros continentes.
“Llevamos 40 años de gestión de lucha contra el narcotráfico y el Perú todavía no ha logrado controlar ninguna de las variables que manejan este negocio ilícito internacional. Estamos sujetos a los presupuestos, a la cooperación internacional y no hemos podido aún desarrollar una política capaz de ser medida, evaluada y monitoreada de una manera suficiente, es por eso que, en este primer mes, hemos elaborado la propuesta de los cuatro pilares”, destacó el funcionario.
Las reuniones
El 19 de noviembre con el propósito de conocer sus demandas y revisar los avances de las actividades de desarrollo alternativo, Ricardo Soberón sostuvo una reunión con los alcaldes de la Mancomunidad Municipal de la Asociación de Municipalidades del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Amuvrae).
Aquí, señaló su deseo de continuar el trabajo articulado con los gobiernos locales del Amuvrae, con la finalidad de consolidar la diversificación productiva en el valle.
Soberón dijo que con esta labor se robustecerá la intervención de la entidad, impulsando actividades y proyectos que tengan un impacto directo en las familias de estas localidades. “Debemos poner todas sus propuestas en la mesa y pensar estratégicamente para cumplir con estos objetivos. Si queremos tener éxito debemos ejecutar de la mejor manera este presupuesto”, expresó.
«Desde 2019, nuestra mancomunidad ha tenido como único aliado a Devida, la única institución que ha trabajado de manera efectiva. Por eso es importante seguir articulando los temas de seguridad con los comités de autodefensa y el Ministerio del Interior”, destacó el representante del Amuvrae y alcalde de la Municipalidad Distrital de Samugari, Abraham Vila Gutiérrez.
En el encuentro, participó también el asesor del viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia de Consejo de Ministros, Angel Ccari Galindo; el asesor de la presidencia ejecutiva, Hugo Cabieses Cubas; el director de Articulación Territorial, Máximo Lazo Lariena, entre otras autoridades ediles del Vraem.
Además, en una reunión entre el Ministro del Interio Avelino Guillén y el presidente de Devida, donde también participaron representantes del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah), se abordó la propuesta de erradicación estratégica y focalizada, en la cual se analizaron los criterios de acción a ejecutar.
El primer criterio fue priorizar la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca en las áreas naturales protegidas. Para ello, se coordinará estrechamente con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), a fin de determinar los territorios en los cuales se desarrollarán estas acciones.
Asimismo, se remarcó la importancia de intervenir las zonas de amortiguamiento, lo que representa un territorio de hasta cinco kilómetros del perímetro de dichas áreas protegidas.
Otro punto de relevancia fue la decisión de iniciar la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca en las comunidades nativas que han solicitado la intervención del Estado para frenar dicha actividad ilícita en sus dominios, tales como la Central Asháninka del Río Tambo (CART), la Central Asháninka del Río Ene (CARE), la Federación de Comunidades Nativas Kakataibo (Fenacoka), entre otros.
En respuesta, la Federación de Productores Agropecuarios del Valle del Río Apurímac y Ene (FEPAVRAE), mediante un pronunciamiento expresó su total rechazo al proceso de erradicación de cultivos de hoja de coca en Aguaytía y Alto Huallaga, el mismo que desde el 15 de setiembre viene ejecutándose.
“Manifestamos nuestro total rechazo y nos solidarizamos con nuestros hermanos productores de hoja de coca, lamentamos que el actual Gobierno que se autodenomina “Representante del pueblo” pueda olvidarse de los compromisos de campaña electoral y continuar con esta política de erradicación forzosa que NUNCA ha tenido resultados durante 40 años en el Perú”, expresó el secretario de la Fepavrae, Benigno Lopez.
Benigno Lopez agregó que la erradicación forzosa en el Perú, solo ha demostrado un fracaso total y más perjuicio para los productores, más aún sin la participación y consulta a los propios agricultores de la hoja de coca.
