A LA FUERZA. Para poder ingresar a la vivienda de la presidenta, los agentes de la Diviac tuvieron que tumbar la puerta del inmueble.
Un equipo de 15 fiscales del Ministerio Público y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Polícia Nacional del Perú, liderados por el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza y el coronel PNP Harvey Colchado, allanaron la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, en Surquillo, y su despacho Palacio de Gobierno la madrugada de este sábado.
Las diligencias iniciaron a las 11 p.m. del viernes 29 de marzo en la casa de la mandataria, quien no se encontraba en su vivienda. Los agentes de la policía tuvieron que romper la puerta para ingresar, porque señalaron que nadie les abrió. Al promediar las 4:30 a.m., personal de la Fiscalía y la policía se retiraron del inmueble y se dirigieron a Palacio de Gobierno, para continuar con el allanamiento. En este lugar permanecieron por alrededor de cinco horas.
EN MARCHA. Momento en el que se allana la vivienda de la presidenta peruana.
Luego de que los allanamientos culminaran, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró a los medios, acompañado del ministro de Justicia, Eduardo Arana; de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, del canciller, Javier González-Olaechea y del abogado de la presidenta, Mateo Castañeda.
“Consideramos absolutamente desproporcionada, injustificada, y, cuando no, ilegal e inconstitucional la acción que se ha realizado. La disposición de la señora presidenta para colaborar con estas investigaciones se ha puesto de manifiesto en todo momento y hoy día no hemos hecho sino ratificar esto”, señaló, para luego retirarse sin responder preguntas de los periodistas.
RECHAZO. El presidente del Consejo de Ministros calificó la decisión de allanar los inmuebles como “ilegal”, pese a que una resolución judicial la respalda.
Ambas diligencias de allanamiento fueron autorizadas por el juez Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, con fines de registro e incautación, en el marco de la investigación que se le sigue a la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar los bienes de lujo en sus declaraciones juradas.
En la resolución judicial, Checkley Soria sustentó que un presidente de la República en funciones sí puede ser “investigada preliminarmente”, citando como antecedente el caso del expresidente Pedro Castillo, de 2022. En ese expediente, el juzgado aclaró ese criterio, al resolver una tutela de derechos que presentó el exmandatario.
DEFENSA. El jefe del Gabinete cuestionó las acciones fiscales, pese a que días antes la mandataria frustró las diligencias.
Foto: OjoPúblico
El juez supremo dio autorización para la búsqueda de pruebas en la investigación contra Dina Boluarte a través de los allanamientos, que también incluyeron el vehículo de marca Honda de la presidenta, y la incautación de los relojes Rolex y otros bienes y documentos relacionados.
En la misma resolución judicial se detalla que la jefa de Estado sumó a su defensa legal al abogado Jorge González Bolaños, a quien también presentó como “experto en relojes de alta gama”. En recientes declaraciones a la prensa, su otro abogado, Mateo Castañeda, señaló que la presidenta declarará recién ante la Fiscalía esta semana.
El Ministerio Público había solicitado reiteradamente a la presidenta que muestre los relojes y joyas lujosas que usa y que no ha reportado en sus declaraciones juradas, pero hasta el momento Dina Boluarte no lo ha hecho. Luego del allanamiento a Palacio, los fiscales se retiraron sin brindar declaraciones e informaron que todo es reservado.
RESERVA. Un equipo de 15 fiscales participaron en los allanamientos a la vivienda de Boluarte y Palacio de Gobierno. Ninguno brindó detalles del caso.
Foto: OjoPúblico
El fiscal supremo Hernán Mendoza detalló esta semana en la Comisión de Fiscalización del Congreso, que Dina Boluarte había sido citada a declarar el último martes 26 de marzo y que habían programado una diligencia para la exhibición de los relojes que usaba, pero ambos hechos fueron frustrados por la mandataria con el argumento de una “recargada agenda”.
A través de un comunicado, el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, consideró como un “indicador de rebeldía” estos incumplimientos, y que esto “no hace más que retardar el resultado de la investigación”, acotó.
Horas antes del allanamiento, Phillip Butters anunció en su programa de Willax Televisión que el allanamiento de las viviendas de la presidenta se realizarían esa madrugada.
No rinde cuentas
Luego de varias horas y días de silencio, finalmente ayer, a las 3 p.m., la presidenta Dina Boluarte dió un pronunciamiento público acompañada de su gabinete, pero nuevamente se negó a rendir cuentas –a la que todo funcionario está obligado–sobre el origen de los relojes y joyas de alto valor que usa, y que han motivado el inicio de la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra. Dijo que por “recomendación” de su abogado, solo declarará ante la Fiscalía.
“Sobre este tema, mi abogado me ha pedido que no haga todavía ninguna declaración, hasta que no vaya a la Fiscalía y no aclare los hechos”, aseveró. Agregó que acudirá “cuánto antes” a cumplir con esta diligencia, pero no precisó fechas.
INCIERTO. La presidenta Dina Boluarte no aclaró el origen de sus relojes y tampoco precisó cuándo acudirá a la Fiscalía a declarar.
La mandataria rechazó y cuestionó la legalidad de los allanamientos a su vivienda y a Palacio de Gobierno, a pesar de que estos cuentan con una orden judicial. Antes de su mensaje emitido por el canal del Estado, las bancadas de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Somos Perú y Renovación Popular, que ya antes han respaldado las acciones de su gobierno, también cuestionaron la acción fiscal contra la mandataria.
En su pronunciamiento Boluarte se dirigió al Congreso: “Hago un llamado a los congresistas demócratas a defender la institucionalidad, no al manoseo de la vacancia o adelanto de elecciones”, expresó.
Tras conocerse el allanamiento, un grupo de 26 congresistas –de las bancadas de Perú Libre, Acción Popular, Cambio Democrático y Bloque magisterial– presentó ayer una moción de vacancia. Para que la moción proceda se necesitan –en primer lugar– el voto del 40% de congresistas hábiles en la sesión para admitir el pedido. Si esto resulta favorable, pasa a debate en el Pleno y en ese espacio se requieren 87 votos a favor para que sea aprobado y la presidenta vacada.
Los votos de las bancadas que han respaldado a Dina Boluarte sumarían un total de 48 votos. Restando estos votos, solo quedarían 82 congresistas por votar. Es decir, la moción no procedería.
Durante su mensaje, la presidenta también cuestionó los informes vinculados a los reportes de operaciones sospechosas que emitió la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre su presunto desbalance patrimonial.
“De manera sistemática se viene acosando con noticias tendenciosas y falsas a la presidenta de la República”, señaló Dina Boluarte, y deslizó razones “sexistas” o de “discriminación”.
