Un documento secreto al que tuvo acceso el portal La Encerrona, revela que la Policía temía que las Fuerzas Armadas pudieran cometer excesos en las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
El documento al que accedió este medio fue elaborado por Inteligencia de la región policial Lima, el 17 de enero de este año, y era de carácter secreto como lo refrenda un sello.
La fecha resulta importante porque ya habían ocurrido los asesinatos en Ayacucho. El documento también lo es porque, en él, los policías evalúan los potenciales peligros de las protestas en caso de que llegaran a Lima. Uno de esos escenarios adversos, peligrosos, era si se agredía a los soldados.
“Ante posibles acciones de fuerza y agresión a personal de las Fuerzas Armadas, se generen excesos en el uso de la fuerza. Y ante el desconocimiento de los protocolos de intervención y del manual de derechos humanos”, dice en el acápite T.
Resulta este un documento clave en el proceso judicial como lo es la fecha misma. Esto, porque ya se había producido las matanzas de Ayacucho y Junín.
Poder Judicial ordenó al Ejército entregar informe sobre uso de armas durante protestas en Ayacucho
Como se sabe, la jueza Margarita Salcedo Guevara ordenó a las Fuerzas Armadas que entregue al Ministerio Público la documentación relacionada al plan operativo ejecutado en la región Ayacucho. Sin embargo, el Ejército ha apelado la decisión.
La jueza dispuso que el Ejército del Perú entregue a la Fiscalía un informe sobre el uso de armas de fuego. Así también, otro informe pormenorizado sobre la cantidad de municiones entregadas a cada personal militar que participó en estas acciones ejecutadas en el marco de las manifestaciones.
Cabe recordar que, antes de que la jueza Salcedo Guevara declarase “fundado el requerimiento para la entrega de esta información”, la Segunda Brigada de Infantería Wari, con sede en Ayacucho, denegó este pedido. Según esta dependencia militar, se trataba de una “documentación reservada”. Cn ese mismo argumento han planteado una apelación judicial.
Fuente: El Búho
