En conferencia de prensa, el Gobierno anunció que el Consejo de Ministros aprobó presentar al Congreso un proyecto de ley para sancionar a los jueces o fiscales que filtren información reservada de las investigaciones a su cargo. La idea había sido anunciada hace algunos días por el ministro de Justicia, Félix Chero. Ahora la iniciativa tiene el respaldo de los ministros y la oficialización que se presentará al Congreso.
“La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es pública y no hay reserva. Sucede en la actualidad que, en las investigaciones, la información reservada se da a conocer rápidamente al público. A veces seleccionando información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder”, dijo Aníbal Torres, de la PCM.
“Por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley para que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine, y sea sancionada hasta en algunos casos con cuatro años de pena privativa de la libertad”, agregó.
“La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es pública y no hay reserva. Sucede en la actualidad que, en las investigaciones, la información reservada se da a conocer rápidamente al público. A veces seleccionando información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder”, dijo Aníbal Torres, de la PCM.
“Por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley para que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine, y sea sancionada hasta en algunos casos con cuatro años de pena privativa de la libertad”, agregó.
El anunció se produce un día después de que el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Checkley, respaldara la investigación al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de corrupción y criminalidad organizada.
La decisión del magistrado, aunque no se dice en la resolución, se respalda en la filtración al público de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que señalan la existencia de una organización criminal que negocia con las licitaciones de obras públicas en el Ministerio de Transportes. Esto es lo que, a la luz de los hechos, se trataría de impedir: la difusión de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, antes de que la información pueda ser verificada.
Libertad de información
Este proyecto también podría colisionar con el derecho a la libertad de prensa e información. La única filtración que llega a conocerse es la que se realiza a los periodistas. El periodista la recibe y la pública en su medio de comunicación o página de internet.
Los periodistas gozan del derecho de reserva de sus fuentes, por lo que nunca revelarán quién les entregó una información confidencial. De allí que entre los jueces y fiscales también genere preocupación. Si una declaración reservada se difunde, ellos serían los responsables.
Fuente: La Republica.
