Este 8 de noviembre fue un día especial en Bolivia. El presidente, Luis Arce, cumplió un año de mandato, también se cumplió un año de recuperación de la democracia en el Estado Plurinacional. Para celebrarlo, la oposición convocó en la misma fecha a un “paro cívico indefinido” en todo el país, que pasó completamente desapercibido. Protestaron en rechazo a las últimas leyes aprobadas en el Parlamento, pero dejaron en evidencia que carecen de apoyo notable por parte de la población.

En los primeros minutos del 8 de noviembre, la Policía Nacional comenzó un enorme operativo en todo el país para evitar que se corten caminos en el marco del paro convocado por los nueve comités cívicos del país. Miles de uniformados ocuparon sitios estratégicos y desbloquearon rápidamente allí donde los pititas habían cortado carreteras, en los departamentos de Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).

Por la mañana, Arce realizaba su informe por su primer año de gestión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Afuera, por el céntrico Paseo del Prado, una movilización de tres cuadras obstaculizaba el tránsito de vehículos, normal como cualquier lunes. Integraban la marcha el presidente de la Confederación de Gremiales, Francisco Figueroa; el presidente del Comité Pro La Paz, Antonio Alarcón; y galenos del Colegio Médico local.

“Esto no es Cuba / tampoco Venezuela / Esto es Bolivia y Bolivia se respeta”, coreaban decenas de señoras y señores de clase media alta. Llevaban banderas bolivianas, pero ninguna wiphala. La ausencia de esta enseña oficial da a entender que son grupos opositores, que niegan el golpe de Estado de 2019 y no se identifican con el símbolo de los pueblos indígenas de la región.

“Somos un pueblo aguerrido. Lo hemos demostrado en 2019, cuando enfrentamos la injusticia del Gobierno dirigido por Evo Morales (2006-2019)”, declaró el cívico. Alrededor, algunos ciudadanos insultaban a los “golpistas”, quienes devolvían los improperios a los “masistas ladrones” que caminaban por allí.

Los comités cívicos se crearon a comienzos del siglo XX para brindar apoyo civil a las dictaduras militares que manejaron el país. Son instituciones conformadas por políticos y empresarios locales, quienes se arrogan la voz de aquella población a la cual dicen representar.

¿Cuál es el motivo de esta protesta? “Exigimos la derogación de la Ley 1386, porque es una ley maldita, que solamente perjudica a los pequeños comerciantes”, dijo a Sputnik una de las señoras, que hacía ondear su bandera boliviana. Consultada por la manera en que esta normativa perjudicaría al sector gremial, prefirió no responder.

La falta de información en torno a los alcances de la Ley 1386 —de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo— está a la orden del día entre los sectores que se oponen a su promulgación.

En reiteradas oportunidades el Gobierno nacional afirmó que esta normativa no busca perseguir a pequeños comerciantes, tal como habían asegurado varios políticos de la oposición.

La falta de fuerza del paro cívico “indefinido” puso en evidencia que en los últimos días el Gobierno logró acordar con diversos sectores para desactivar el conflicto. Las agrupaciones de estudiantes universitarios, que supuestamente iban a participar en las medidas de presión, se bajaron de la protesta luego de dialogar con funcionarios del presidente Arce.

En los últimos meses, la oposición afín al golpe de 2019 intentó rearticularse, bajo consignas que amenazaban a Arce con seguir el mismo destino del expresidente derrocado. Pero actualmente el presidente cuenta con el apoyo de los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, por lo cual es lejana la posibilidad de que se configure un escenario letal para la democracia boliviana, como el que se vivió dos años atrás.

Ante el paro, el presidente Arce dio una muestra de fuerza más consistente que la oposición. Miles de militantes de organizaciones indígenas, obreras y sociales, además de empleados estatales, llenaron la plaza Murillo y alrededores para expresar su apoyo al Gobierno.

En cambio, la oposición dio muestras de pasar por fracturas internas. Esto se demostró en la elección de las directivas para las cámaras de Diputados y Senadores durante 2022.

Legisladores opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos se enfrascaron en bochornosas peleas dentro del hemiciclo, porque no consensuaban los nombres de quienes debían integrar los espacios dirigenciales destinados a las bancadas de minoría.

Actitud similar tuvieron los legisladores de la oposición durante el informe del presidente Arce por su primer año de gestión: un concierto imparable de silbatinas y abucheos hacia la primera autoridad del país impidieron comprender con claridad su discurso.

“Para nosotros ha sido muy importante escuchar el informe de nuestro presidente Lucho y del vicepresidente David Choquehuanca. Nuestro presidente logró reactivar la economía en su primer año de gestión”, dijo a Sputnik Ninfa Cayo Mamani, secretaria de Relaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), presentes en la plaza Murillo.

La dirigenta minera destacó “la inversión realizada en temas de Salud. Las vacunas contra el COVID-19 ya llegaron para la mayoría de la población”. En su mensaje, Arce afirmó que el 54% de la población ya está vacunada con dos dosis contra el coronavirus, que aquí está iniciando su cuarta ola de contagios.

Durante esta jornada, el tránsito vehicular en la ciudad de La Paz fue normal, también la atención en comercios y oficinas estatales. Lo mismo sucedió en la mayoría de las ciudades del país.

Solamente en Santa Cruz y en Cochabamba la Policía detuvo a una decena de manifestantes, quienes no querían dejar de bloquear carreteras en algunos sectores de las ciudades.

Para la líder minera, el paro cívico “fue realizado por una minoría en Santa Cruz, que han convocado pero nadie ha acatado”.