En enero pasado, la CIDH presentó su informe preliminar, el que ha merecido la respuesta del Estado peruano. El partido que hoy se juega es a más de un nivel, pues la valoración que se le dé a esa explicación marcará la pauta para la defensa del gobierno frente a su obstáculo más complicado y, particularmente, planteará el derrotero legal de la presidenta Dina Boluarte.
Durante visita al almacén de Indeci en la Avenida Argentina, presidenta constató disponibilidad de recursos para combatir emergencia climática.
Como lo anunció el representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará su informe sobre la situación de las protestas en el Perú a fines de este mes de abril.
En enero pasado, la CIDH presentó su informe preliminar, el que ha merecido la respuesta del Estado peruano. El partido que hoy se juega es a más de un nivel, pues la valoración que se le dé a esa explicación marcará la pauta para la defensa del gobierno frente a su obstáculo más complicado y, particularmente, planteará el derrotero legal de la presidenta Dina Boluarte.
Un punto crucial es el concepto de “perfilamiento racional” asociado a la represión militar y policial enunciado en el informe preliminar. Es una acusación muy seria, ya que conecta con el presunto delito de genocidio por el cual la Fiscalía investiga a Boluarte y un grupo de ministros, además de homicidio calificado y lesiones graves.
El perfilamiento establece que las personas resultaron asesinadas por ser quienes eran: quechuas, aimaras, ayacuchanos, puneños. En su respuesta a la CIDH, el Estado repasa los 27 dispositivos normativos puestos en marcha para combatir la discriminación étnica y racial, a lo que se suma la actual formulación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2030. Se trata de una esfera que alcanza a la Policía y las instituciones armadas, así como sus protocolos para enfrentar situaciones de convulsión social.
Según el gobierno de Boluarte, este andamiaje descartaría cualquier política sistemática de discriminación.
Sobre el perfilamiento se contrapone que la mayoría de los efectivos policiales y militares que intervinieron eran quechuas y aimaras, incluyendo el policía José Luis Sancco, que fue calcinado, y los seis soldados del Ejército ahogados, presuntamente asesinados por una turba.
El Estado también reconoció que, a pesar de este andamiaje legal y constitucional, y de que las declaratorias de emergencia fueron acompañadas por exigencias expresas por parte del poder político de la limitación de la fuerza, el saldo de muertos ha motivó la decisión de restructurar tanto a las Fuerzas Armadas como la Policía.
La respuesta del Perú también incluye las reacciones de ambas instituciones, que incluye la reasignación de la mayoría de jefes de patrulla en los puntos críticos y las investigaciones emprendidas por la Policía.
La argumentación incide en la necesidad de individualizar los casos a partir de las pesquisas de la Fiscalía e intenta alejar a Boluarte de la candela de delitos que pudieran ser considerados de lesa humanidad, lo que equivale a una empapelada de por vida.
En esa línea está el abogado Joseph Campos, quien sostiene que Dina Boluarte no es responsable penal ni política de las muertes producidas en las protestas en su contra. Su estrategia legal, pasa por descartar la responsabilidad penal de la mandataria señalando que ella solo dio órdenes genéricas y que los responsables, en todo caso, fueron quienes planificaron y ejecutaron las operaciones que enlutaron a más de 60 familias en el sur andino.
El constitucionalista, quien está armando un equipo con penalistas, sostiene que las investigaciones fiscales deben continuar, pero que Boluarte debe ser excluida de las mismas, porque solo cumplió con su deber ante la ola de protestas, cuyas demandas, al ser políticas y no sociales, no daban lugar al diálogo, según consideró.
Incluso, resaltó que la hoy presidenta, intentó evitar la confrontación llamando a la población a mantener la calma y no sumarse a las manifestaciones, además de ordenar que los efectivos del orden apaciguaran las protestas sin hacer uso de sus armas, a pesar de que el uso de la fuerza está regulado por la ley.
“Según la Constitución, la presidenta es irresponsable (…) jurídicamente, es irresponsable”, aseveró.
El Doctor Castañeda
Fuentes de CARETAS, aseguran haber visto a la mandataria visitar al abogado Mateo Castañeda, famoso por defender al excongresista José Luna Morales en el caso “Los Gángsters de la Política”, que involucra también a su padre, el actual parlamentario José Luna Gálvez. También defendió al fallecido ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio en el caso “Comunicore”; y al exministro vizcarrista, José Manuel Hernández.
Castañeda fue noticia al visitar al entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, en su oficina en octubre del 2021 para proponerle una “solución amistosa” ante un supuesto fallo de la CIDH que podía hacer que lo nombren fiscal supremo.
Esta publicación llamó a Castañeda, quien no quiso escuchar ni una sola pregunta alegando que no era un buen momento para recibirlas; previo al cierre de esta nota, intentamos llamarlo hasta tres veces más, sin recibir respuesta.
