Corte Suprema evaluará si Pedro Castillo puede o no ser investigado por el Ministerio Público durante su mandato.
La Corte Suprema evaluará este miércoles 16 de noviembre si el presidente Pedro Castillo puede o no ser investigado por el Ministerio Público durante el ejercicio de sus funciones.
La suerte del Presidente de la República, Pedro Castillo, quedó en poder de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que este miércoles 16 de noviembre evaluará si puede o no ser investigado por el Ministerio Público durante el ejercicio de sus funciones.
En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, el Tribunal Supremo analizará la apelación que presento el Jefe de Estado, a través de su defensa legal, para revocar la decisión del juez supremo Juan Carlos Chekley, quien declaró infundada la tutela de derechos que interpuso para anular la disposición de la Fiscalía de la Nación donde se determinó su incorporación en la investigación preliminar relacionada al caso ‘Provias Descentralizado – Puente Tarata’.
El Tribunal presidido por el juez supremo César San Martín dispuso notificar la citación para esta audiencia virtual a los representantes legales de las partes involucradas, vale decir, al presidente Pedro Castillo y a sus abogados, a la Fiscalía Suprema asignada al caso que ya pidió que se declare infundada la apelación de la defensa legal del mandatario y al Procurador General del Estado, Daniel Soria.
También se notificó a la Defensoría Pública en caso de inconcurrencia de los abogados del jefe de Estado a esta audiencia de apelación.
Al respecto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, culminó dicha investigación preliminar y presento, días atrás, una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República por el Caso Provias Descentralizado – Puente Tarata que fue acumulado con el caso PetroPerú.
En esta apelación se solicita que se revoque la resolución del juez supremo Juan Carlos Chekley y se declare fundado la tutela de derechos al considerar que el magistrado se equivocó cuando analizo la interpretación del artículo 117 de la Constitución referido a la inmunidad presidencial y que la Fiscalía de la Nación, al investigar al mandatario, viola el procedimiento establecido por la legislación constitucional y afecta la seguridad jurídica, haciendo impredecible la actuación de los poderes públicos.
El mandatario es investigado en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en perjuicio del Estado a raíz de este caso donde también están comprendidos el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva y un grupo de congresistas de la bancada de Acción Popular.
