El pasado 5 de marzo, el dominical Cuarto Poder denunció que Grika Asayag O’Besso, quien se desempeñaba como asesora de la presidenta Dina Boluarte, habría presentado certificados de estudios falsos para llegar al puesto.

Tras hacerse público este presunto hecho irregular, desde Palacio de Gobierno se anunció la decisión de suspender anticipadamente su orden de servicios que estaba prevista hasta el último 11 de marzo.

Sin embargo, un reportaje del diario El Comercio, publicado hoy, domingo, da cuenta que dos empresas de la ex asesora de confianza de la presidenta obtuvieron contratos en los ministerios de Trabajo y Turismo entre noviembre del 2021 y agosto del 2022, luego de que Asayag se reuniera con altos funcionarios de dichos sectores.

Vínculos en la mira

Según diversas informaciones periodísticas, Asayag O’Besso inició su vínculo de confianza con la actual jefa de Estado en la campaña presidencial del 2021. Tras la victoria electoral de Perú Libre, la empresaria se reunió con la entonces vicepresidenta, en su despacho en Palacio de Gobierno, el 25 de setiembre de ese año.

Tras ese encuentro, siempre según El Comercio, la empresa Total Force S.A.C., constituida el 2015 por Asayag, obtuvo un contrato con la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. (Esvicsac) que pertenece a EsSalud, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo (MTPE), el 19 de noviembre del 2021, por un monto de S/27 500 por el concepto de “consultoría de seguridad electrónica”.

Sin embargo, lo más llamativo de este primer contrato es que días antes de formalizarse, el 20 de octubre del 2021, la empresaria acudió a la oficina del entonces viceministro de Trabajo, Sergio Jaime Ríos. En dicha oficina, Asayag coincidió con Mauro Vento Delgado, entonces miembro del directorio de Esvicsac; Miguel Márquez Vargas, exgerente general de la entidad; y Juan Gonzáles Pilares, quien se desempeñaba como jefe de asesoría legal.

La buena estrella de la empresaria inició unos días después de ese encuentro en la oficina de Jaime Ríos, cuando el 11 de noviembre, apenas 8 días antes del contrato con Esvicsac, la empresa Total Force S.A.C. fue autorizada por el MTPE, mediante una resolución ministerial, para operar “como centro de certificación de competencias laborales”, es decir como una empresa facultada para supervisar o evaluar al personal y los procesos de compañias de seguridad.

Pero aquí no terminó la suerte de la empresaria. Unos meses después, el 8 de febrero del 2022, Esvicsac también contrató a la empresa Asociación Educativa Florence Nigthingale, fundada el 2006 por Asayag, por un monto total de S/66 600. El concepto fue “servicio de capacitación en bioseguridad en tiempos de COVID-19 (…) para los gerentes y jefes de Esvicsac”.

También en el sector Turismo

El Comercio identificó que un patrón similar se dio dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El 26 de octubre del 2021, solo 6 días después de visitar al viceministro Jaime Ríos, Asayag acudió a la oficina del entonces titular de Turismo, Roberto Sánchez. El encuentro inició a las 4:55 pm. y se prolongó por más de 4 horas.

El 14 de enero del 2022, la empresaria volvió a acudir al Mincetur y se reunió con el secretario general Carlos Zafra. Poco más de tres meses después, el 26 de abril, dicho ministerio emitió una orden de servicios por S/8 000 a favor de Grika Burgos Asayag, nada menos que la hija de Grika Asayag O’Besso. Coincidentemente, ese mismo día, Burgos Asayag obtuvo la constancia que la habilitó para contratar con el Estado.

Pero no fue el único contrato que obtuvo la hija de la ex asesora presidencial en el sector Turismo. Unos meses después, el 11 de agosto de ese mismo año, Burgos Asayag obtuvo otra orden de servicios por S/10 mil soles. Es decir, en menos de un año, la hija de Grika Asayag, quien es bachiller en Turismo y Hotelería desde noviembre del 2021, contrató con el Estado por S/18 mil soles.

Consultada por El Comercio ante esta información, Grika Asayag señaló que los contratos fueron “trámites y procedimientos del 2021” realizados en “fechas ajenas a cualquier vinculación” con sus labores en el sector público.

Fuente: RPP