En los comunicados, los gremios pidieron al Gobierno redoblar la lucha contra la minería informal, puesto que las autoridades locales atribuyen el ataque a sicarios contratado por quienes se dedican a esta modalidad ilícita.
Un grupo de gremios, entre los que figura la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), condenó el ataque con explosivos en las instalaciones de la compañía minera Poderosa, ubicada en el distrito y provincia de Pataz (La Libertad), que dejó nueve agentes de seguridad fallecidos y otros 13 trabajadores heridos.
La incursión contra el campamento se registró la madrugada del sábado, 2 de diciembre; y las autoridades no descartan que detrás estén sicarios contratados por el sector de la minería informal.
En un comunicado, la SNMPE expresó sus condolencias con los familiares de los fallecidos y pidió a las autoridades que este “acto criminal” no quede impune
“Los mineros ilegales en alianza con peligrosas organizaciones criminales se han convertido en un factor de inseguridad ciudadana, al haberse posesionado como la primera actividad ilegal en el Perú, superando al narcotráfico”, se lee en la misiva.
Mientras que la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) exigió al Gobierno redoblar la lucha contra la minería informal, además de calificar el ataque como un atentado contra la inversión privada y el Estado de Derecho.
“Este acto deleznable demuestra que se necesita fortalecer la unidad de inteligencia; así como el trabajo articulado con instituciones como el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas”, apuntó
“Este ataque contra trabajadores de una empresa debe significar un punto de quiebre en la lucha contra la delincuencia. No se puede retroceder contra la delincuencia y las mafias organizadas en distintos sectores económicos”, agregó.
A su turno, la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) condenó el hecho y pidió a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) coordinar acciones para enfrentar el “clima de terror” desatado en el país, en referencia también a la inseguridad ciudadana.
“En un clima así no es posible trabajar ni crear trabajo, y mucho menos superar la recesión a la que nos ha llevado la inestabilidad política y jurídica en que se encuentra desde hace muchos años el Perú por culpa de su clase dirigencial”, señalaron.
También se pronunció el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería (Osinergmin), desde donde expresaron su rechazo y condena al asesinato de los trabajadores en la minera ‘La Poderosa’.
“Desde nuestro rol como fiscalizador de la seguridad de la infraestructura de la gran y mediana minería en el Perú, nos sumamos a las voces que condenan estos actos ilícitos y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando coordinadamente con otras instituciones a fin de contribuir con actividades minerías modernas, formales y sostenibles, que benefician al país”, indicaron.
Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Lima condenaron el atentado y expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con la compañía minera afectada. Además, hicieron un llamado a que las autoridades tomen cartas en el asunto.
“Finalmente, hace un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y efectivas destinadas a frenar el avance de la criminalidad y la informalidad que afectan de manera trágica a nuestro país. Es fundamental garantizar la seguridad de los trabajadores, así como promover un ambiente propicio para el desarrollo empresarial y económico”.
Policía capturó a siete presuntos implicados
Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a sietes presuntos delincuentes involucrados en el asesinato de nueve trabajadores de la compañía minera Poderosa.
Asimismo, la cartera liderada por el ministro Víctor Torres Falcón, señaló que a los detenidos se les incautó armamento.
Como respuesta al condenable hecho, el Mininter dispuso a través de la Policía Nacional el inmediato traslado de un contingente de efectivos de las fuerzas especiales a fin de “intensificar las operaciones en la zona” junto con el personal policial de la mencionada región.
De igual modo, se resolvió enviar al lugar a agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional con el propósito de que se realicen “las primeras indagaciones para la ubicación y captura de los responsables” de lo ocurrido.
