—Es lamentable y penoso la pérdida de vidas y lesiones de personas en circunstancias que deben ser debidamente investigadas; pero es evidente que tras los dirigentes visibles existen intereses de grupos que quieren causar zozobra, generando destrucción, como la que nunca se ha visto en este tipo de compulsas sociales y estás personas no les importa la vida de las personas.
—Y del mismo modo, como exoficial de Policía, ¿qué sentimiento le embarga la cifra de 2 policías en la Unidad de Cuidados Intensivos y más de 200 heridos en las mismas protestas?
—Primero indicarle que solo cambio mi situación de actividad a retiro por mi propia solicitud. Yo fui, soy y seguiré siendo policía hasta que Dios lo decida. Con relación al sentimiento que me embarga es de dolor, impotencia, porque el personal policial es quien debe tratar de controlar o disipar lo que generan los políticos de turno con sus actos, o con el dejar de hacer. Hay tanta indiferencia y desigualdad lo que motiva odio y sí esto es azuzado por personas que no les interesa la vida, al final es la Policía la primera línea para evitar el daño a la vida y la propiedad, la tranquilidad y paz pública y los manifestantes lo ven cómo el enemigo a quien atacar y se generan los heridos y fallecidos. Es lamentable que esto suceda.
— Matar a personas que protestan y toman infraestructura pública está contemplado en las prácticas de disuasión de la Policía y de las Fuerzas Armadas?
—Matar a las personas no es una práctica de disuasión contemplada en las prácticas de la Policía ni de las FF.AA. Tanto la Policía como las FF.AA tienen una Ley del Uso de la Fuerza. En la Policía Nacional del Perú es el Decreto Legislativo 1186 y también el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la función policial. Existen seis niveles de uso de la fuerza de acuerdo al nivel de resistencia que va desde la presencia policial hasta el uso de la fuerza letal, éste último nivel es cuando su vida es amenazada de muerte o la de un tercero y es el único medio para evitar se concrete la amenaza. En las investigaciones el Ministerio Público y el Poder Judicial, a través de la judicatura que esté a cargo, determinara si fue el único medio, si fue como consecuencia del uso de la fuerza por parte de la Policía o del Ejército. No creo que estemos en posición de dar o atribuir autoría. Pero como digo es muy lamentable la pérdidas de vidas y heridos en estos disturbios.
—¿El estado de excepción y toque de queda es un recurso efectivo de disuasión dónde se respete los derechos humanos?
—El estado de emergencia es un régimen de los dos estados de excepción contemplados por la Constitución, y su aplicación es y debe ser por parte del Ejecutivo cuando hay una grave alteración del orden interno, catástrofe, medidas sanitarias, etc., ya sea en todo o parte del país. En el presente caso de grave alteración del orden interno, creo que fue una medida desesperada de la presidente, Dina Boluarte, para controlar lo que le era incontrolable. Y el toque de queda es una medida de aislamiento por horarios en diferentes puntos del país, para que la fuerza pública y el ejército hagan un efectivo control y así evitar se reúnan quienes pretenden seguir con actos de violencia, pero también es perjudicial para quienes se desplazan en esos horarios y restringen la vida normal de una ciudad y sus habitantes. Ser o no una medida necesaria, se verá conforme se vaya dando los acontecimientos.
Jhon Kaser Ocharán, exoficial GEIN Dircote. Foto: Archivo.
—La muerte de más de 25 civiles no deben quedar impune…
—Jamás debe haber impunidad sobre la muerte de ninguna persona, ni sobre cualquier acción que dañe lo que por justicia se debe saber. Es necesario que se sepa en qué condiciones fallecieron y por parte de quién e investigar eso corresponde a las instancias del Ministerio Público y el Poder Judicial. Necesitamos verdad y justicia para que no vuelvan a suceder hechos como estos, como también es necesario utilizar estas muertes para justificar actos que jamás se debieron dar.
—La presidenta Dina Boluarte y días antes, el ministro del Interior dijeron que no son responsables de la crisis política y de las muertes y heridos ocurridos durante las protestas. ¿Qué opinión te merece está afirmación?
—Me parece que para la señora Dina Boluarte sí hubo responsabilidad política tanto en Interior como en Defensa, porque solo duró 10 días y el 22 de diciembre del 2023 retiro al general PNP en retiro César Cervantes del cargo y lo relevo por el general PNP en retiro Víctor Rojas Herrera, y creo que fue para evitar los cuestionamientos y sea invitado al Congreso para aclarar esto. También hizo lo mismo con el sector Defensa ya que al señor Otárola lo nombró premier y en Defensa está ahora como ministro el general EP en retiro, Jorge Luis Chávez Cresta.
—¿Se puede disuadir la protesta con otros estándares de intervención?
—Definitivamente el gobierno de Dina Boluarte debió mantener firmeza en sus decisiones. Desde que asumió el cargo mostró timidez y también hay que reconocer que posteriormente se fue dando cuenta que ello no le favorecía. Lo primero que debió formar apenas nombró su gabinete es un comité de manejo de crisis y dar responsabilidades para interlocutores válidos utilizando los métodos alternativos de solución de conflictos. El mensaje en estos casos debe ser claro, conciso y preciso. Esto que sucedió debe ser materia de estudio y se debe crear un instituto de manejo de crisis urgente, a fin de capacitar a profesionales en el uso de métodos alternativos de solución de conflictos empoderadas en estas situaciones a fin de evitar que se salga de control. Al parecer, solo se dejó que sea la Policía quien trate de solucionar momentáneamente los disturbios sociales, que creo fueron los más difíciles con los que la Policía ha lidiado, por su alto grado de destrucción del patrimonio público y privado, por la efervescencia y odio que mostraron quienes causaron los destrozos, debido a que fueron azuzados por personas que aprovecharon las condiciones en que se dieron. Por ello, la policía y el ejército al verse rebasados usaron la fuerza para reprimirlas, pero como dije esto será materia de investigación y se sabrá si fue válido o no el uso de la fuerza en el máximo nivel, por ahora es conveniente no adelantar juicios.
—¿Crees que la Policía y los miembros del Ejército están debidamente preparados para disuadir en el Perú, en base al respeto de la vida y los derechos humanos?
—La Policía Nacional del Perú constantemente es preparada en el control del orden interno y el orden público. Hay unidades especializadas en ello como las USES y desde un tiempo la DIROES, dónde sus integrantes tienen experiencia en el manejo de situaciones de manifestaciones, movilizaciones, paros, huelgas, etc., Pero no creo equivocarme que el nivel de destrucción y la cantidad de escenarios dónde se dieron las últimas medidas de fuerza salieron de lo que se ve a diario, y por ello el gobierno determinó el apoyo de las FFAA. Sin embargo, el nivel de agresión, movilización, logística por parte de los manifestantes no tiene parangón con otras medidas de fuerza anteriores, por la cantidad de zonas donde se dio y aún se continúa dando, por eso digo que estás medidas han venido siendo manejadas por personajes no visibles utilizando a los líderes visibles. Esto fue debidamente planificado con anterioridad y solventado los recursos, esto no es espontáneo.
—¿Si estaría al mando del sistema de disuasión policial, cuáles son las cinco principales medidas que aplicaría?
—Cómo oficial en actividad tuve varias situaciones de manejo de crisis, cuando trabajaba en la DIROES PNP, en la época que era constante estás. Me refiero cuando era presidente el señor Alejandro Toledo. En cuando a su pregunta, primero, recopilar la mayor cantidad de información a fin de tener clara las medidas a tomar, para ello es vital la labor de inteligencia en el acopio de información. Segundo, dar las disposiciones claras y precisas a los mandos intermedios de evitar el conflicto. Tercero, a las fuerzas que participan darle las consignas precisas del uso de la fuerza de conformidad con el Decreto Legislativo 1186, Ley que regula el uso de la fuerza por parte del personal policial, teniendo en cuenta los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Cuarto, que el criterio de los jefes responsables es fundamental porque son quienes deben disponer el uso de la fuerza en forma gradual y conforme se incremente el nivel de resistencia; y por último, el respeto de los derechos humanos y la vida de todos sin discriminación, y la cadena de comunicación debe y tiene que ser fluida y clara.
—¿Cree que tanto la Policía como las FF.AA, se han politizado?
—Eso es innegable, desde hace mucho en especial la Policía está politizada y también las FF.AA, en especial en los grados de coronel y de general por qué la subordinación se convierte en estos niveles muchas veces en sumisión interesada, y si el comando es manejable las fuerzas que comandan son susceptibles a serlo. Esto debe y tiene que cambiar. El ascenso a generales no debe estar solo en manos del presidente de la República y los ministros de Defensa e Interior, más en Interior que en Defensa, ya que esta última cartera es menos sumisa, pero en la Policía sí se ve esto, por ello se tiene dudas sobre parte de quienes ascendieron a estos grados en la PNP. Hay investigaciones al respecto no solo en el gobierno del señor Castillo, sino en otros más que lo antecedieron.
Fuente: La República
