Cuando investigaciones estaban avanzadas y se iban a visualizar los videos. Familiares de víctimas y testigos tendrán que viajar para seguir casos
Mientras el abogado de Dina Boluarte dice que víctimas en protestas habrían sido “provocadoras” de sus propias muertes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides recompone por tercera vez los despachos que investigan los asesinatos en las protestas sociales, crea un equipo de fiscales ad hoc en Lima, hasta donde los familiares de las víctimas y heridos tendrán que viajar.
El equipo de fiscales ad hoc, con sede en Lima estará dirigido por una fiscal de Trujillo, que hasta febrero veía casos civiles, Marena Mendoza Sánchez. Ahora investigará los crímenes y las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en Ilave, Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa, durante las protestas sociales contra el Gobierno y el Congreso.
Primero estuvieron a cargo fiscales provinciales penales de casos comunes, fiscalías especializadas de crimen organizado. O también, Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo, según la zona del país donde ocurrieron los hechos. En enero, la fiscal de la Nación anunció la subdivisión del Subsistema de Fiscalías de DD. HH., Interculturalidad y Terrorismo, altamente especializado y con años de experiencia.
Quedó así de un lado, Derechos Humanos e Interculturalidad, y del otro terrorismo. Y además suprimió despachos, se crearon otros y se rotó o dejó de lado a los fiscales más experimentados. Ahora, por otros elegidos directamente por la fiscal de la Nación.
Fiscales ad hoc como en el fujimorismo
A inicios de marzo, Patricia Benavides volvió a reorganizar el Subsistema de DDHH e Interculturalidad. Así, dejó de lado al experimentando fiscal superior provisional, Luis Valdivia Calderón para poner en su lugar a la fiscal, Marena Mendoza Sánchez.
Estos equipos especiales de fiscales en Lima, para los casos de homicidios de las protestas –todos murieron por herida de bala- resultan en la práctica los fiscales ad hoc que creó la dictadura de Alberto Fujimori, en los años 90.
Así se está dejando de lado a los fiscales especializados, que son titulares, para preferir a provisionales de confianza de la fiscal de la Nación. El problema es que podría removerlos fácilmente del cargo.
Son fiscales provisionales elegidos a dedo por la Fiscalía de la Nación para investigar a dedicación exclusiva un caso, por un plazo determinado. Lo que los hace altamente dependientes de quien dirige la institución, y a través de este del poder político de turno.
Para evitar la inestabilidad en el cargo, la dependencia del poder y mantener la especialización, a partir del año 2001, el Ministerio Público creó las fiscalías especializadas por tipo de delitos: crimen organizado, corrupción, derechos humanos y terrorismo, lavado de activos, trata de personas, etc.
Familiares y testigos tendrán que venir a Lima
Tanto los familiares de los ciudadanos fallecidos en las protestas o de los heridos como víctimas no mortales tendrán que viajar a Lima para hacer seguimiento de las investigaciones. Esto se convertirá en un obstáculo para la búsqueda de la verdad. Lo mismo sucederá con los policías y soldados sospechosos de ser los victimarios.
La Asociación de Pro Derechos Humanos (Aprodeh) se ha pronunciado al respecto advirtiendo que trasladar los expedientes a Lima pone un freno a las investigaciones y “sería un gran retroceso en la búsqueda de justicia para centenares de víctimas”.
Justo ahora cuando las investigaciones en Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas, Cusco o Arequipa ya tenían avances y se estaban visualizando videos.
Fuente: La República
