Reforma de contrabando. Ley aprobada por el Congreso para blindar a policías contiene una disposición encubierta que acaba con la posibilidad de que un juez dicte detención en casos en los que no hay flagrancia, pero sí existen sospecha y riesgo de fuga u obstaculización.
El último miércoles 6 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley para “garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú”. En concreto, se pretende prohibir a los fiscales y jueces solicitar y dictar mandatos de detención preliminar judicial y prisión preventiva bajo amenaza de ser denunciados por supuesta falta.
No obstante, ha pasado desapercibida la disposición que deroga el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal, que faculta a los jueces, a pedido del fiscal, a dictar detención preliminar en casos en los que no hay flagrancia, pero sí sospecha de la comisión de un delito con pena mayor de 4 años y peligro de fuga u obstaculización.
Disposición derogatoria del texto aprobado por el Pleno del Congreso.
Inciso que el Congreso pretende derogar.
De esta manera, el fiscal no podría requerir que se imponga detención preliminar, figura utilizada en los últimos años en casos que involucran a políticos, altos funcionarios y organizaciones criminales. La última investigación en la que se aplicó la detención preliminar judicial es la de ‘Los Galácticos del Fútbol’, presunta organización criminal que lideraría Agustín Lozano.
Otros casos en los que se aplicó dicha medida han sido el caso Lava Jato en Perú, el caso Valkiria, el caso Andrés Hurtado, Los Waykis en la Sombra, Los Intocables de la Corrupción y recientemente el caso del presunto recorte de sueldo por parte de la congresista María Agüero.
Quién mueve los hilos
Uno de los proyectos de ley acumulados en el texto final es el de Waldemar Cerrón, que en su proyecto planteaba acabar con la detención preliminar en casos de no flagrancia.
“Conforme muchos juristas han referido que las detenciones preliminares son un medio de fábrica de colaboradores eficaces”, dice Cerrón, investigado por organización criminal y otros delitos.
Waldemar Cerrón propuso acabar con la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Su hermano, el prófugo Vladimir Cerrón, también puso en la mira a esta figura. El mismo día que se ejecutó el allanamiento de la casa de Agüero y la detención preliminar de un trabajador de su despacho, el líder de Perú Libre publicó un mensaje en el que, si bien criticaba ambas medidas, hizo énfasis en que “amerita la revisión legislativa” de la detención preliminar porque, supuestamente, se ha “convertido en un método de tortura psicológica”.
Tuit de Vladimir Cerrón sobre la detención preliminar.
Al día siguiente, en el pleno se sustentó y votó el dictamen para garantizar impunidad a los policías, texto que de contrabando deroga la detención preliminar judicial.
Otro antecedente que advertía que desde el Congreso se planeaba acabar con la detención preliminar es una mesa de trabajo organizada por Alejandro Muñante que fue denominada ‘¿Es constitucional la detención preliminar en el Perú? Una mirada reflexiva hacia una necesaria reforma legal’.
Entre los ponentes estuvieron Giulliana Loza Ávalos, Carlos Caro Coria, Benji Espinoza Ramos, Luis Pacheco Mandujano y Ernesto Blume Fortini. Todos los abogados, de cierta medida, estaban de acuerdo en que se tenía que regular la figura de la detención preliminar para evitar supuestos abusos.
Se perdería importante herramienta
- El abogado Carlos Rivera dijo a La República que la derogación implicaría una reforma más grave que garantizar impunidad a la Policía Nacional del Perú.
- Rivera también dijo que, de eliminarse la detención preliminar, se les estaría quitando a los fiscales una herramienta crucial contra el crimen organizado.
Trámite legislativo
La congresista Ruth Luque presentó una reconsideración, pero esta no prosperó. Sin ningún pedido de por medio, el Congreso enviará la autógrafa de la ley a Dina Boluarte, quien tendrá 15 días hábiles para promulgar u observar la norma.
En caso de que Boluarte no haga nada, como ha sucedido recientemente, el Parlamento procederá por su cuenta a promulgar la nueva norma que beneficiaría al crimen organizado.
Fuente: La Republica
