Waldemar Cerrón Rojas y Hernando Guerra García, ambos miembros de partidos políticos cuyos dirigentes, Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori, son investigados por crimen organizado, impulsaron la aprobación de un proyecto de ley que busca afectar las normas que regulan la colaboración eficaz, una de las principales herramientas de la lucha contra la corrupción.
El 19 de enero de este año, Cerrón y Guerra García, junto con otros nueve colegas de la Comisión de Justicia, aprobaron el dictamen que modifica la colaboración eficaz, imponiendo no solo cambios que harán daño a los actuales procesos en curso, sino también incorporando penas de cárcel para quienes filtren o difundan los testimonios.
Según consta en actas, en la sesión de la Comisión de Justicia del 22 de agosto de 2021, Waldemar Cerrón exigió darle prioridad al debate del dictamen al proyecto de la reforma de la Ley de Colaboración de Eficaz. Waldermar Cerrón es hermano del fundador y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien afronta una investigación fiscal por presunto caso de crimen organizado, como cabeza de ‘Los Dinámicos del Centro’.
El mismo día, el congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García también instó a la presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz Ramos (APP), a discutir el dictamen para cambiar la colaboración eficaz. El Equipo Especial del Caso Lava Jato, sustentándose en declaraciones de colaboraciones eficaces, ha solicitado 30 años y 10 meses de cárcel para Keiko Fujimori, como cabecilla de una organización criminal.
A pesar del evidente conflicto de intereses, los congresistas de Fuerza Popular (Hernando Guerra García, María Cordero Jon Tay y Cruz Zeta Chunga) y los de Perú Libre (Waldemar Cerrón Rojas, Guido Bellido Ugarte y Álex Paredes Gonzales) votaron a favor del dictamen que modifica gravemente las normas de colaboración. Otros cinco legisladores votaron en el mismo sentido (ver infografía), con lo que han dejado expedito el dictamen para que sea sometido a debate en el Pleno del Congreso.
Como lo ha señalado el fiscal José Domingo Pérez a La República, el propósito fundamental del proyecto de la Comisión de Justicia es desalentar a los integrantes de las organizaciones criminales a solicitar acogerse a la colaboración eficaz, lo que beneficia a los actuales investigados, como Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón.
“En 2020, este proyecto de ley se aprobó, pero fue observado por el presidente Francisco Sagasti y regresó al Congreso de la República. Una de las observaciones era la modificación de la colaboración eficaz para perjudicar el desarrollo de los procesos que se habían iniciado mediante este mecanismo. Por eso, es obvio que existe un conflicto de intereses entre quienes están sometidos a procesos penales a partir de la información que está entregándose por la colaboración eficaz, y entre quienes son los actores que representan a estos intereses en el Congreso. Se entiende que esto no es una posición personal, o del Equipo Especial. Es una posición de la Fiscalía y de la Procuraduría”, arguyó el fiscal Pérez.
Uno de los aspectos más controvertidos del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, es el artículo 2, sobre “revelación indebida de información reservada”. Ha sido elaborado específicamente para sancionar con prisión a los funcionarios públicos -procuradores, fiscales o jueces- que filtren el contenido de los colaboradores eficaces. Y también se contempla castigo para quienes lo publiquen, esto es, medios de comunicación y periodistas. Se prescribe de 4 a 6 años de prisión para los que identifiquen a los colaboradores eficaces o filtren sus manifestaciones, y de 5 a 7 años para los funcionarios que filtren una parte o la totalidad de las declaraciones de los colaboradores eficaces.
La congresista Ruth Luque Ibarra, de Juntos por el Perú, e integrante de la Comisión de Justicia, se negó a otorgar el voto al dictamen contra la Ley de Colaboración de Eficaz por considerarlo dañino para la lucha contra la corrupción.
“El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia recoge en buena cuenta una iniciativa legislativa que fue presentada por el partido político Podemos Perú, que debilita el trabajo de los fiscales que han venido utilizando la colaboración eficaz para la lucha contra la corrupción”, dijo Ruth Luque. Por cierto, el líder de Podemos, José Luna Gálvez, es investigado por dos casos de crimen organizado.
“Esto no es una casualidad. Desde hace varios años ha habido una intención política de debilitar el trabajo de los fiscales a cargo de los casos Lava Jato, Club de la Construcción, Los Cuellos Blancos y otros, porque la colaboración eficaz ha evidencia la participación de políticos”.
