Luego de una violenta jornada de protestas que ha dejado el lamentable saldo de al menos 18 personas muertas en la región Puno, el gobierno de Dina Boluarte se pronunció a través del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

En un pronunciamiento público, Otárola señaló que “más de 9,000 personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y 2,000 de estas iniciaron un ataque sin cuartel a la Policía y a las instalaciones” usando armas artesanales.

Sobre las 18 muertes en Juliaca, el jefe del Gabinete Ministerial no reconoció ninguna responsabilidad de la Policía ni de las Fuerzas Armadas ni mencionó el número de fallecidos y señaló a los manifestantes, a quienes acusó de querer dar un “golpe de Estado”.

“Los datos de las instituciones a la hora que estamos haciendo este informe nos indican que se han producido muertes de ciudadanos, que lamentamos y expresan una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país”, dijo Otárola.
“Está sucediendo una resaca del golpe de Estado en el país, aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron quebrar la democracia y quisieron derribar todas las instalaciones públicas en la asonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado. En esta segunda convocatoria, han dado un paso más y han tratado, lo repito, de subvertir el orden constitucional“, agregó.
“En las próximas horas, vamos a anunciar medidas importantes respecto a la seguridad en Puno. Lo que quiero decir es que hasta el momento se ha identificado el ingreso de más de 200 cústers y combis financiadas por dineros ilegales que han transportado desde diversas ciudades a personas violentas que han estado buscando este desenlace fatal que lamentamos todos los peruanos”, dijo Otárola.

Hasta el cierre de esta nota, la Defensoría del Pueblo ha reportado 17 personas fallecidas en Juliaca y 1 más en Chucuito (Puno).

Según los reportes de la DIRESA Puno (Ministerio de Salud), la mayoría de fallecidos y heridos han sido víctimas de proyectiles de armas de fuego, presuntamente disparados por agentes estatales.