Gobierno de Dina Boluarte redujo protección policial a jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia

Durante la más reciente jornada judicial extraordinaria denominada “Descargatón”, el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN), Octavio César Sahuanay Calsín, alertó que en los últimos dos años, el Ejecutivo redujo la protección policial para jueces de dicha sala.

“Una de las causas del temor de un juez es cuando juzga organizaciones criminales, ya que es amenazada por ellas. ¿Qué debe hacer el Estado para contrarrestar eso? Darle protección. Normalmente, los jueces de esta corte tenían protección policial, pero se ha ido retirando sistemáticamente toda la protección de nuestros jueces”, mencionó

Incluso, sostuvo que solo existen dos o tres jueces que cuentan con resguardo policial y que ni siquiera él, como titular de la corte, cuenta con ello; por lo que elaboró un llamado al Ministerio del Interior para que recapaciten en estos temas: “Con el debido respeto, pero también con la debida firmeza exigimos que estas medidas se evalúen realmente en su real dimensión para dar protección a aquellos que realmente lo merecen por los casos complejos”.

Continúan las críticas a la gestión de la presidenta Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia

Explicó que anteriormente “todos tenían protección policial”, pero que la situación se revirtió desde el gobierno de Dina Boluarte. “¿Qué jueces en el país, que no sean los de la corte suprema, merecen protección? ¿No será aquellos que ven materia penal de trascendencia nacional e internacional, incluyendo organizaciones como tren de Aragua, que utilizan la violencia en otras magnitudes?”, cuestionó.

Advirtió que es tal la desprotección por parte del Estado, que “últimamente, ya ningún juez quiere presentarse a esta corte”. “Quiero hacer un llamado al Ministerio del Interior para que reevalúen estas medidas”, insistió previo a finalizar su intervención.

En la víspera, la gestión de Dina Boluarte juramentó al sexto ministro del Interior en lo que va de su gobierno. Walter Ortiz, el penúltimo titular del Mininter, hasta el momento, renunció en medio de acusaciones de encubrimiento por parte de la Fiscalía de la Nación y sin la mínima capacidad para intentar solucionar el problema de la inseguridad ciudadana en apenas un mes y medio de gestión.

En su lugar, asumió el abogado Juan José Santivañez, quien es un abogado ya conocido en el sector, pues ocupaba el puesto de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior.

– crédito composición Infobae Perú

Juan José Santivañez Antúnez es el abogado que asumió el viceministerio en reemplazo del general PNP (r) Miguel Núñez Polar. Previamente, fue jefe del gabinete de asesores en el mismo ministerio.

Es egresado de la Universidad de San Martín de Porres y posee maestrías de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, tiene un máster en Litigación Oral por la California Western School of Law (EE.UU.) y un máster en Acción Política y Participación Ciudadana por la Universidad Rey Juan Carlos (España), donde obtuvo la calificación “Summa Cum Laude”.

Cuenta también con una especialización en Derecho Penal de la Universidad de Göttingen (Alemania), estudios de posgrado en Derecho Penal con especialización en Evidence Rule en Temple University Beasley School of Law (EE.UU.), y una especialización en Estándar Probatorio y Derecho de Prueba en la Universidad de Girona (España). Ha completado un diplomado en Derecho Disciplinario en el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericano (Colombia) y estudios de alta especialización en Derecho Disciplinario en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.

Ha trabajado como asesor externo para la comisión especial que desarrolló el Plan Estratégico Mariano Santos 2.0 de la Policía Nacional del Perú y ha sido profesor en la Escuela de Posgrado de la PNP en programas para capitanes, mayores, comandantes y coroneles. Además, ha sido profesor invitado en la Escuela de Investigación Criminal y de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, en la División de Asuntos Disciplinarios de Honduras y en la Inspectoría General de la Policía Nacional de Colombia.