Iniciativa de reforma constitucional plantea añadir los delitos de desaparición forzada, tortura, organización criminal, entre otros, como impedimentos para ejercer una función pública.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/CETGNXC4ZBBFZFSVNM4TCS4QS4.jpg)
En medio de cuestionados nombramientos a funcionarios públicos, el Ejecutivo al Congreso el proyecto de reforma constitucional que plantea “la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos y del ejercicio de la función pública”
La iniciativa del Gobierno busca modificar los artículos 34-A y 39-A de la Constitución a fin de establecer “medidas de idoneidad para candidatos a cargos públicos representativos y al acceso a la función pública en cargos de confianza”.
En ese sentido, se pretende añadir al artículo 34 – A, relacionado a los impedimentos para postular a cargos de elección popular, que también están imposibilitados “las personas que tengan acusación penal de carácter sustancial en calidad de autor o cómplice, por la comisión de los delitos de feminicidio, homicidio calificado, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, secuestro, contra la libertad sexual, delitos contra la dignidad humana, genocidio, desaparición forzada, tortura, organización criminal, delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, colusión, peculado, corrupción de funcionarios y terrorismo”.
Lo mismos delitos se quiere agregar al artículo 39 – A, vinculado a los impedimentos para ejercer el cargo de ministros de Estado, miembros de Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, Contralor General de la República, Defensor de Pueblo, jueces y fiscales supremos, así como otro cargo público de confianza, a quienes tengan una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.
“Es necesario que a las personas que ejerzan estas labores se les exija un mayor grado de competencias, trayectoria profesional, idoneidad en sus conductas y tener sólidos pilares morales y democráticos”, argumenta el proyecto de ley.
Este miércoles, el mandatario Pedro Castillo, durante su discurso por los 100 días de gobierno, anunció la presentación de un paquete de reformas legales y constitucionales para combatir la corrupción.
“Estamos presentando al Congreso un paquete de reformas legales y constitucionales, y exhorto a que se apruebe en el más breve plazo para combatir la corrupción (…) Nunca más acusados por actos de corrupción o jefes de bandas criminales participarán en política”, manifestó desde la ciudad de Huamanga, en Ayacucho.
